Juan Manuel Trak – 31 de julio de 2015

El país vive una profunda crisis institucional que se traduce en crisis política, económica y social.  Esta crisis tiene sus raíces en la década de los noventa cuando el sistema de partidos colapsó y dio paso a un liderazgo anti-sistema cuya misión principal era la destrucción de la institucionalidad democrática existente y sustituirla por un proyecto revolucionario.  Las consecuencias de 15 años de destrucción de los principios y prácticas de la democracia nos han traído a un sistema político cada vez autoritario.  Cuando Chávez vivía, el peso  de su liderazgo y los precios elevados del petróleo le dieron capacidad de maniobra suficiente como para que las decisiones antidemocráticas que tomaba fuesen pasadas por alto por una mayoría importante de los venezolanos; para muchos no importó que los mecanismos constitucionalmente establecidos se violaran sistemáticamente siempre y cuando se garantizara una supuesta respuesta social del gobierno.  Pero lo cierto es que, precisamente el carácter autoritario del chavismo les ha significado su fracaso en lo económico y social.

Ahora, cuando el gobierno carece de liderazgo y de dinero, se hace muchos más visible su naturaleza autoritaria.  Nicolás Maduro ha declarado que si pierde las elecciones habrá una “revolución”, que habrá violencia en las calles y que se repetirán episodios como los vividos el 27 y 28 de febrero de 1989.  Una declaración de este tipo muestra su incapacidad de aceptar las reglas del juego democrático, para el PSUV la política es un juego suma cero y no son capaces de comprender que en democracia es el único sistema en el que es posible que todo el mundo gane, aunque sea poco. Pero no es únicamente el no aceptar el juego democrático lo que define el carácter autoritario del sistema político construido en revolución, Maduro ha señalado en la ONU que no permitirá la observación internacional.  En primer lugar, no corresponde a él aceptar o no dicha figura, sino al Consejo Nacionales Electoral, más grave aún es que el CNE no proteste porque el Poder Ejecutivo se toma atribuciones del Poder Electoral; aunque a estas alturas ya nos hemos acostumbrado a la sumisión de presidenta del organismo electoral.  Por otro lado, la negativa a la observación electoral supone el reconocimiento de que existen un conjunto de malas prácticas electorales que no quieren que sean expuestas al mundo.  Su negativa en este sentido coloca en riesgo que las diferencias cada vez más grandes entre los venezolanos y el gobierno se resuelven por vías diferentes a las electorales.

Estas acciones, entre otras muchas, muestran a un gobierno paralizado por el miedo. Su miedo no es el de nosotros los ciudadanos de a pie, es decir, miedo que lo maten en la calle, a no conseguir las comidas, a no poder pagar los cuentas a que uno mismo o algún familiar enferme y no se consiga la medicina para salvarle la vida.  El miedo del gobierno es a perder los privilegios que han adquirido, los negocios lícitos y/o ilícitos que han sembrado a costilla de la renta petrolera o desde su posición de poder. El gobierno teme a que se descubra que de revolucionarios tenían solo el eslogan y que sus vidas están llenas de lujos inexplicables.  Mientras tanto, el país está desesperado por conseguir lo mínimo necesario para vivir.  Colas en los supermercados, en las farmacias, en las bodegas.  Gente que prefiere renunciar a su trabajo estable porque el bachaqueo parece ser la única ocupación que puede garantizar ingresos por encima de la inflación.

El país no está al borde del abismo, sino que ya estamos cayendo en él.  En este momento, el único paracaídas capaz de amortiguar el golpe es la construcción de nuevas instituciones democráticas.  Fiscalía, Tribunal, CNE, Defensor del Pueblo que trabajen en función de los intereses de los venezolanos y no sean meros defensores del gobierno.  Las elecciones del 6 de diciembre pueden ser el primer paso para la construcción de ese paracaídas, una Asamblea Nacional plural, con capacidad de legislar y hacer rendir cuentas al gobierno sería el inicio de la reconstrucción democrática.  Sin embargo, hace falta mucho más poder alcanzar un desarrollo democrático aceptable; si bien es necesaria una regeneración de las instituciones también es cierto que los liderazgos políticos tanto progubernamentales como opositores se deben reinventar.  Esta reinvención supone plantear una nueva relación con la sociedad, dejar de suponer que el liderazgo está por encima de la gentae cuando en realidad debe estar a su lado.  Esta reinvención es particularmente necesaria en la oposición, en donde es urgente cambiar sus procedimientos en la selección de autoridades y candidatos en los partidos, en donde es necesario comunicar más ideas y propuestas,  y menos slogans.

Así las cosas, el país cae indeteniblemente hacia un destino fatídico y la única forma de frenar la caída es la reconstrucción de la institucionalidad democrática.  De lo contrario, se corre el riesgo de desaparecer como república y ser simplemente un territorio habitados por gente que intenta sobrevivir en un caos sin razón.