Nota de coyuntura, por Eugenio Martínez – 6 de noviembre de 2015

Las normas Especiales de la Campaña Electoral para las elecciones a la Asamblea Nacional, aprobadas el pasado 5 de noviembre no controlarán el principal problema de las campañas en el país: el desequilibrio y el uso de recursos públicos; además volverán a condicionar la participación en el debate electoral de las organizaciones no postulantes y de las ONG. Aunque la norma no restringió el tiempo de propaganda en radio y televisión a las alianzas (lo que hubiese provocado que un candidato del Gran Polo Patriótico tuviese 51 minutos diarios de propaganda en televisión y radio contra tres minutos diarios de un candidato de la Mesa de la Unidad Democrática) no presenta avances importantes en cuatro aspectos claves denunciados en el pasado como claves para que las elecciones en Venezuela no sean competitivas:

1.- Precisar la forma en que se regulará la participación de funcionarios públicos en la campaña.
2.- Asegurar una mayor equidad en la campaña, en relación con el acceso a los medios.
3.- Hacer cumplir con mayor eficacia la normativa sobre el uso de los recursos del Estado para fines políticos.
4- Otorgar mayor prioridad a los mecanismos sancionadores de delitos y faltas electorales, de forma tal que sean penalizados y se evite su comisión antes del fin de la campaña electoral.

Solo los postulantes

Aunque el artículo 71 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) indica que se considera «campaña» a las actividades que tengan como propósito «captar, estimular o persuadir al electorado para que vote a favor de un candidato”, mientras el artículo 73 establece que la propaganda es exclusivamente el  “conjunto de elementos y piezas publicitarias (…) que expresan los mensajes electorales de las organizaciones y sus candidatos», el CNE reiteró su decisión de anteriores procesos de prohibir la participación en el debate electoral de cualquier organización que no sea postulante de candidaturas, prohibición que alcanza a  las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Además de esta prohibición, los aspectos más relevantes de la norma se centran en que los candidatos  solo podrán contratar propaganda a través de operadores de telecomunicaciones que ofrezcan la facilidad de mensajería de texto, hasta 3 mensajes de textos semanales, no acumulables, quedando prohibida cualquier otro forma o estrategia de difusión a través de la telefonía móvil y fija. Por otra parte, las organizaciones con fines políticos, organizaciones indígenas y los candidatos podrán contratar la difusión de propaganda a través de los prestadores de la televisión nacional y regional por un tiempo máximo de 3 minutos diarios, por prestador de servicio no acumulables. Una limitante similar se tendrá en el caso de la televisión por suscripción.

En el caso de la radio, se podrá contratar propaganda en emisoras de alcance regional y nacional durante un tiempo máximo de 4 minutos diarios por prestador de servicios, no acumulables.

En el caso de los periódicos de circulación nacional, regional o local en el  tamaña estándar se podrá contratar hasta media página diaria, en tabloide hasta una página diaria, no acumulable.

Uso libre a los recursos públicos

La aprobación de las normas Especiales de la Campaña Electoral para las elecciones a la Asamblea Nacional se realizó en medio del debate generado por las declaraciones de la presidenta del CNE sobre el uso de recursos públicos para favorecer a parcialidades políticas antes del inicio formal de la campaña. Aunque el artículo 145 de la Constitución Nacional establece que los funcionarios públicos están al servicio de la Nación y no de parcialidad política alguna; la Ley contra la Corrupción, en su artículo 13, indica que los funcionarios no podrán destinar el uso de bienes públicos al servicio de parcialidad política alguna; y la Ley de Procesos Electorales, concretamente el artículo 6, señala que los funcionarios «no pueden actuar en ejercicio de la función pública orientados por sus preferencias políticas o en detrimento de organizaciones políticas”, la mayoría de los rectores del CNE sostienen que el no existir una norma específica que regula la campaña anticipada, entonces no existen normas que puedan aplicarse para regular, por ejemplo, que el presidente Nicolás Maduro utilice actos oficiales de gobierno para promover a los candidatos del Gran Polo Patriótico.