Juan Manuel Trak – 17 de junio de 2016

Cuando se analizan los resultados de las encuestas de opinión resulta evidente que, para los venezolanos, el futuro mediato e inmediato es muy negativo. Existen muy pocas señales del entorno político, económico y social que nos den algún tipo de esperanza si la coyuntura política sigue su curso actual.

Muy probablemente el gobierno logre evita cualquier mecanismo de cambio político en 2016. Es lógico, pues ningún gobierno quiere ser revocado. El problema no es que el gobierno rechace un proceso que lo saque del poder, sino que las instituciones llamadas a ser garantes de lo escrito en la Constitución se cuadren con el gobierno. Tanto el CNE como el TSJ son apéndices del partido de gobierno y, en consecuencia, sus acciones están orientadas a que el PSUV y Maduro se mantengan en el poder.

Hasta aquí nada nuevo. El punto es que, asumiendo que el gobierno se mantiene hasta las próximas elecciones presidenciales de 2018, Venezuela no tiene otro destino que su desintegración. Las razones por las cuales los venezolanos obedecemos la autoridad son cada vez más precarias. Las manifestaciones en diversas partes del territorio nacional muestran que quienes ostentan el poder son percibidos como ilegítimos por más ciudadanos. En este sentido, cerrar los canales de expresión institucionalizados solo conduce a que el descontento se exprese por canales extra-institucionales, en donde las normas no son claras y los resultados son impredecibles.

Siguiendo a Max Weber, si entendemos la autoridad como un poder con legitimidad, donde la obediencia se fundamenta en la creencia de que los gobernantes tienen derecho a mandar, entonces cabría esperar que el gobierno actual y las instituciones que controla pierdan la autoridad que los sostiene. Como resultado, la violencia, la represión y el miedo son el único mecanismo medianamente eficaz para mantener el poder e imponerse sobre el resto de la sociedad, tal como ha ocurrido en estos días.

El riesgo de esta estrategia es alto, pues supone lograr una cohesión lo suficientemente fuerte en las fuerzas represivas para que estén dispuestos a sumarse a un proyecto autoritario, en donde la persecución, muerte y desaparición de venezolanos sea el mecanismo para lograr la sumisión. Al día de hoy, el gobierno ha pagado ese costo otorgándole a las élites militares el control de empresas petroleras, un banco, varios ministerios y gobernaciones, su propio canal de televisión, acceso a bienes muebles e inmuebles a precios muy bajos e impunidad en sus negocios ilegales como narcotráfico, contrabando, secuestro e ilícitos cambiarios. En resumen, luego de la muerte de Chávez el gobierno supo que era incapaz de mantener la lealtad de la gente, por lo que prefirió invertir en la lealtad de los militares.

En este orden de ideas, el gobierno ha creado, fomentado, armado y entrenado a grupos paramilitares para que ejerzan funciones represivas. Con ello puede evitar las acusaciones de violación a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad. Estos cuerpos paramilitares son la primera línea de choque ante la sociedad civil, llamándose a sí mismos “pueblo”.

Así, el gobierno deja de ser responsable ante la población y su único apoyo real está en las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares, además de las instituciones cooptadas por el propio partido de gobierno. De allí su negativa de ir a las urnas, las trabas no serán únicamente institucionales sino también de facto.

En este escenario el futuro es sombrío. No hay política económica acertada que pueda prosperar en un ambiente de miedo, inseguridad y desconfianza. La gente, en su desesperación, utilizará recursos cada vez más contenciosos para tratar de satisfacer sus demandas y en consecuencia, habrá mayor inestabilidad política y social en el país. Así las cosas, si el país sigue en este curso de acción dejaremos de ser una nación para convertirnos en un territorio sin ley, una tierra de nadie, donde la ley del más fuerte será lo que dicte nuestra supervivencia y Venezuela existirá únicamente de manera nominal.