Mesa de Análisis

Renovación de nóminas y partidos chavistas

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Margarita López Maya  –  24 de marzo de 2017

El proceso de renovación de nómina de militantes de partidos políticos, anunciado el 7 de febrero de este año por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por el tiempo y la forma con que lo han promovido, es una pieza más en el juego político que ha ido avanzando el gobierno nacional, desde la victoria de los partidos opositores de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en las elecciones parlamentarias de 2015. Su objetivo es crear condiciones que propicien la división de sus opositores políticos y, a la vez, debiliten instituciones de la democracia liberal contempladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y reduzcan los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. De esta manera el gobierno crea condiciones para consolidar un régimen autoritario, patrimonialista y de vocación totalitaria, que llama socialismo del siglo XXI.

Dos días después, el 9 de febrero, el CNE convocó a las organizaciones políticas para informarles del cronograma y las condiciones para llevar a cabo esta renovación. Este proceso surgió como un requisito nuevo emanado de una sentencia del Poder Judicial de enero de 2016 (Martínez, 8-2-2017). Tanto el Poder Judicial como el Electoral son hoy poderes públicos no independientes, que actúan de acuerdo con los intereses gubernamentales. Tal característica se ha venido consolidando dentro de la concepción autoritaria del régimen chavista, habiéndose acelerado este rasgo a partir de diciembre de 2015, cuando la Asamblea Nacional (AN), entonces controlada por el PSUV, nombró a 13 magistrados y veinte suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin seguir procedimientos regulados por la CRBV y sus leyes. Este Tribunal designó a su vez, en diciembre de 2016, dos rectores del CNE también de manera irregular.

En la práctica, el TSJ notificó que cincuenta y nueve partidos debían someterse a esta renovación si deseaban actuar en próximos comicios. El CNE presentó un reglamento de dieciséis artículos que orientaría el proceso, y más tarde fijó los lugares donde los partidos deberían realizar la recolección de lo que llamó manifestaciones de voluntad. Según la Ley de Partidos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, deberían acreditarse como militantes de cada fuerza política un mínimo de 0,5% de los electores inscritos en al menos 12 estados (0,5% por estado). Para ello se dispondrán de 390 puntos para 335 municipios, que trabajarían siete horas diarias durante diez fines de semana, incorporándose una plataforma de autenticación biométrica para la validación dactilar de los militantes. Los cincuenta y nueve partidos fueron agrupados en diez bloques, designándole a cada uno de ellos un fin de semana.

El 19 de febrero, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) emitió un comunicado, donde consideró que los requisitos establecidos por el CNE para la renovación obstaculizaban derechos ciudadanos, especialmente el consagrado por el artículo 67 de la CRBV, que establece: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos…”. Señaló que las condiciones, sobre todo para los partidos más pequeños, eran de cumplimiento casi imposible y asentó: “Nuevamente, repitiendo conductas ya observadas el pasado año, el Poder Electoral, en lugar de promover y facilitar la participación de la ciudadanía, la obstaculiza y le pone trabas” (OEV, 2017).

Por el lado oficialista, sólo el PSUV, de todas las organizaciones que componen el Gran Polo Patriótico (GPP), quedó fuera de la lista de renovación. Por haber participado en las parlamentarias de 2015, y haber obtenido entonces más del 1% de votos del registro electoral, se le consideró eximido. Junto a él quedaron también eximidos cuatro partidos más: la MUD, por las mismas razones del PSUV, y Puente, IPP y UPP89, éstos por haberse registrado en el CNE con posteridad a las parlamentarias últimas (Lander, 2017). Casi inmediatamente, se hicieron visibles en el GPP inconformidades y rechazos, que resulta valioso identificar, analizar y sopesar.

En búsqueda del “partido único de la revolución”

Lo que pareciera una estrategia gubernamental para extinguir los partidos minoritarios en general, incluidos los del GPP, no es nueva, pues tiene antecedentes. Pocos días después de la contundente victoria presidencial de Chávez en diciembre de 2006, el líder reelecto anunció la radicalización del proceso de cambios en Venezuela, con el propósito de dejar atrás el capitalismo y conducirnos a un socialismo del siglo XXI. Como parte del cambio, pidió la disolución de los partidos de su alianza, para crear un sólo instrumento político, llamándolo Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para dirigir la nueva etapa. Enfático, advirtió que partidos que no se disolvieran, debían abandonar su gobierno (López Maya, 2016).

Pese a su insistencia y amenazas, hubo partidos que rehusaron disolverse. Entre ellos, destacaron el PCV, el MEP y el PPT. Meses después, ante la resistencia que hicieron, y necesitado Chávez de sus apoyos políticos para llevar a referendo popular una enmienda constitucional, que le permitiría remover los obstáculos constitucionales para su reelección indefinida, se avino a reconocer la permanencia de estas organizaciones (id.).

Los años siguientes probaron la conveniencia de mantener varios partidos chavistas. Una porción relativamente importante de seguidores de Chávez no es entusiasta del PSUV y la existencia de estos partidos en la plataforma del GPP les permite votar por su líder, sin plegarse a directrices del partido hegemónico. En la última elección de Chávez, los votos canalizados a través de estos partidos fueron indispensables para completar su victoria sobre Henrique Capriles Radonski. Lo mismo sucedió en la elección presidencial de Maduro, quien ganó con 7.587.579 votos, de los cuales el PSUV aportó 6.193.662. Su contrincante, Henrique Capriles de la MUD, obtuvo 7.363.980. De no ser por los votos de los otros partidos, en total más de un millón de votos, Maduro no sería hoy Presidente.

Pero siempre fue una aspiración de Chávez construir un solo partido político que lo representara. Las iniciativas del TSJ y del CNE, parecieran contribuir, ahora en la Presidencia de Maduro, a alcanzar este propósito. Salvo el PSUV, los partidos del GPP, unos diecisiete actualmente, son de escaso caudal electoral y débil capacidad organizativa, lo que junto a las difíciles condiciones y obstáculos impuestos por el CNE para la renovación, hace prácticamente imposible que puedan cumplir con los requisitos para convertirse en organizaciones a nivel nacional. De ahí que algunos han salido al ruedo, rechazando, con distintos grados de vehemencia, este proceso.

Declaraciones y acciones

El PCV rechazó desde un principio este proceso renovador. El dirigente Carlos Aquino aseguró que se estaban dando interpretaciones equivocadas al artículo 25 de la Ley de Partidos (relativo a las obligaciones de los partidos), y ellos, por tanto, no las van a acatar. Dijo que: “el CNE deberá asumir las consecuencias políticas e históricas de ilegalizar el Partido Comunista de Venezuela que está próximo a cumplir sus 86 años de vida” (en Tal Cual, 20-2-2017). Informó que el partido introdujo en el TSJ un recurso para solicitar la nulidad de dicho artículo. Poco después, otro dirigente, Yul Jabour, rechazó la autenticación biométrica: “por seguridad de la militancia, [El partido] no expondrá, ni entregará la data de los miembros del PCV, que se hará pública y caerá en manos de patronos públicos y privados” (Jabour, 2017).

El PPT, por su parte, en voz del secretario Rafael Uzcátegui, también rechazó el proceso, alegando que es estrategia del PSUV reunir a los partidos de izquierda en un sólo partido. Según Uzcátegui, el PPT cree en la diversidad y el pluralismo, sosteniendo que este proceso además atenta contra la igualdad política. Fueron al TSJ para impugnarlo, considerando que las condiciones impuestas por el CNE son de imposible cumplimiento (en Tal Cual, 10-3-2017). Otra dirigente del mismo partido, Ilenia Medina, declaró que introdujeron en el TSJ un recurso para que se les garantice a los partidos, que sí han participado en las dos últimas elecciones, que queden legalizados sin tener que re-censar a la militancia y aseguró, contradiciendo el respaldo al pluralismo que aseguró compartir Uzcátegui: “Los que deben ser cancelados son los grupos de la Mesa de la Unidad Democrática” (en El Nacional, 7-3-2017).

La iniciativa de impugnar el proceso de renovación fue compartida por el partido REDES, del dirigente Juan Barreto, quien sostuvo que el proceso es ilegal y que, “Eliminar los partidos de un plumazo burocrático es negar la pluralidad” (El Pitazo, 9-3-2017). Vanguardia Republicana Bicentenaria (VRB), un desprendimiento del MEP, también coincidió con sus aliados del GPP. Consideró que el reglamento normativo está plagado de vicios inconstitucionales, que ataca a las minorías y que el gran perjudicado, de continuarse este proceso, serían los partidos de izquierda. Aseguró que en la cúpula del gobierno se practica el capitalismo (en El Nacional, 7-3-2017).

Otros partidos como Tupamaros y ORA aceptaron el proceso de renovación y aseguraron que participarían. En el caso de ORA, su presidente Luis Reyes Castillo aseguró que, de no llenar las manifestaciones de voluntad requeridas, se “irían a cualquier otra instancia oficialista” (http://noticiaaldia.com/2017/03/el-partido-ora-ira-al-proceso-de-renovacion-luis-reyes/).

Las declaraciones del PCV, PPT y REDES, pese a la retórica ideológica, revelan en sus argumentos coincidencias con partidos de la MUD, como La Causa R y Alianza Bravo Pueblo, así como con partidos opositores no MUD, como el MAS, Bandera Roja y Vanguardia Popular, quienes también decidieron no concurrir. Habría que preguntarse entonces, ¿qué impacto político pudieran tener estas coincidencias? ¿pudieran contribuir a debilitar la hasta ahora unidad del bloque de dominación, fortaleciendo condiciones para una unidad opositora que trascienda la actual composición de la MUD?

Primeras reflexiones conclusivas

El proceso de renovación de nóminas de militantes de los partidos políticos convocado por el CNE, ha abierto una coyuntura política que hace visibles coincidencias entre actores políticos opositores y chavistas. Si, como sostienen teorías transicionales, un factor clave para crear condiciones favorables a una solución democrática, es la división del bloque autoritario en el poder, esta constatación pudiera, de saberse aprovechar, abonar en la dirección de socavar lo que hasta la fecha aparece como una fuerte cohesión del GPP alrededor del gobierno de Maduro.

Sin embargo, no es la primera vez que afloran importantes tensiones internas en la alianza política chavista, a propósito de asimilarse a un partido único del chavismo, así como en otras materias. Hasta ahora, y pese a las mismas, estas organizaciones siempre han terminado aceptando la conducta hegemónica y hasta arbitraria de Chávez y el PSUV.

El PPT, por ejemplo, cada vez que disiente, aclara su lealtad incondicional al proceso revolucionario. Algo parecido hace el PCV. Para estos partidos una alianza con la MUD es inconcebible. Hay otras variables, acaso con más peso, que también dificultan un distanciamiento político definitivo con el PSUV. Estos partidos poseen pobre respaldo electoral, son más bien organizaciones que canalizan un voto chavista que no desea identificarse con el PSUV. Si se van de la alianza, no es seguro que conserven esos votos, porque corresponden a ciudadanos, organizaciones y movimientos, que ven en PSUV una estructura burocrática y corrupta, pero siguen apegados al proyecto del líder carismático difunto.

Estos partidos, además, por su respaldo al gobierno, participan de las prebendas del poder, acceden a cargos públicos, y se incorporan a las redes clientelares. Perderían estos bienes, aunque con la crisis estas canonjías son cada vez más débiles. Otro aspecto, es que mantienen liderazgos de izquierda previos al chavismo, y por tanto recelan de los partidos de la MUD, donde encuentran aún a muchos de sus más odiados adversarios políticos del pasado

El PCV, por su parte, nunca ha exteriorizado una vocación democrática, entendida como respeto a instituciones liberales, tampoco ha manifestado arrepentirse de su apoyo y dependencia a las directrices de la URSS, e incluso de su admiración por Stalin. Las tendencias democratizadoras de ese partido desde los años sesenta, se fueron de la organización para fundar partidos de izquierda que están hoy en la MUD, como LCR, y en la oposición no chavista, como es el caso del MAS. En el PPT, cuadros relevantes migraron en 2007 al PSUV, mientras otros rompieron con el oficialismo y se marcharon a la oposición, creando, entre otros, el MPV. El liderazgo que aún ahí permanece es poco formado y asaz oportunista. Nada hace pensar que romperá con el gobierno.

Adicionalmente, ¿qué tanto daño pudiesen hacer estas organizaciones al chavismo si llegaran a romper con él? Consideremos que el régimen de Maduro hoy se sostiene principalmente por la acción unida de una FFAA, que apoya a una camarilla de familias, amigos y colegas militares de Chávez, que controlan al Estado, recibiendo a cambio un conjunto de privilegios y prebendas (López Maya, 2016). Durante estos últimos años este régimen ha venido erosionando la institución electoral, colocando militantes del partido, que para cumplir con la “independencia política” que exige la CRBV, renuncian a la militancia poco antes de nominarse a los cargos. Su parcialidad hacia los intereses del gobierno se ha expresado de múltiples maneras, siendo que en Venezuela las elecciones han dejado de ser equitativas o justas, y las autoridades electorales dejan hacer (López Maya y Lander, 2015). Las encuestas también señalan que el chavismo se ha convertido en minoría, y no podría legitimarse por esta vía. Así, el gobierno de Maduro profundiza en las condiciones de inequidad e injusticia en la competencia electoral, y no es descartable que la situación empeore, pudiéndose incluso darse un fraude electoral, o la suspensión indefinida de procesos electorales en el país.

De hecho, el CNE está en mora constitucional con las elecciones regionales, que debieron realizarse el año pasado, y nada ha dicho ni de éstas, ni de las locales, que están pautadas para este año por ley. El proceso de renovación de las nóminas de militantes, es parte de la estrategia en desarrollo. Estos partidos pudieran ser relevantes a los intereses del chavismo, si en sus cálculos estuviera levantar la suspensión del derecho al voto y concurrir a una contienda electoral. Pero nada asegura hoy un escenario electoral equitativo y transparente.

La atroz crisis socioeconómica que vive la población, el desastre administrativo que caracteriza al gobierno, la violencia cotidiana, la crisis humanitaria, estas piezas de una tragedia que se incrementa día a día, empero, dejan en el aire una gran incertidumbre alrededor de las posibilidades de continuidad de un gobierno, a todas luces inepto, corrupto e insensible al sufrimiento de la sociedad. En este contexto, bien pudieran estas organizaciones chavistas contribuir, no sólo con la exposición de la descomposición política que vive el chavismo, sino también, con la apertura de espacios para expresar políticamente el malestar actual, que partidos de la MUD, e incluso de la disidencia chavista, que no participa en la MUD, no han logrado canalizar enteramente. En este sentido, aportarían en el complejo y dificultoso camino hacia una salida democrática para Venezuela.

Referencias

Jabour, Yul (2017): “PCV no participará en el proceso de renovación de partidos” tomado de https://elsiglo.com.ve/2017/03/03/pcv-renovacion-partidos/

Lander, Luis E. (2017): “¿Juega limpio el CNE con la renovación de los partidos?” SIC, N° 782, marzo.

López Maya, Margarita (2016): El ocaso del chavismo. Venezuela 2005-2015. Caracas, Editorial Alfa, Colección Historia Política.

López Maya, Margarita y Luis E. Lander (2015): “Las elecciones del 7 de octubre de 2012 en Venezuela y el debate sobre la democracia en América Latina” en Silvia Gómez Tagle, editora, Alternativas para la democracia en América Latina. México, El Colegio de México-INE, pp. 29-69.

OEV (2017): http://www.oevenezolano.org/category/comunicados/comunicados-2017/

Martínez, Eugenio (2017); “¿Están ilegalizados los partidos políticos en Venezuela?” en Prodavinci, febrero: http://prodavinci.com/blogs/estan-ilegalizados-los-partidos-politicos-en-venezuela-por-eugenio-martinez/

 

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