Mesa de Análisis

¿Quiénes nos reprimen? (II)

Foto: AFP PHOTO

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Marcos Tarre Briceño  –  12 de mayo de 2017

La semana pasada mencionamos un diagnóstico de la “represión de abril” hasta el día 27 del mes pasado. Ahora hablaremos de responsabilidades, partiendo de la visión de que un agente que comete un exceso forma parte de un sistema, tiene un superior directo, una cadena de mando, compañeros, adiestramiento, órdenes, permisividad, tolerancia… El exceso o atropello cometido por un funcionario del Estado no se trata de un hecho fortuito u ocasional; más aún cuando las violaciones a los Derechos Humanos se repiten una y otra vez.

En esquemas e infografías de la “Cadena de Mando” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aparece en lo más alto Hugo Rafael Chávez Frías, como Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Apartando el absurdo culto a la personalidad que para algunos signifique que el “Jefe” de las fuerzas armadas de un país sea un muerto; no deja de ser un recordatorio que el gran responsable de la tragedia que hoy vive el país se debe a la interpretación primitiva, personalista y autocrática que Chávez hizo del “socialismo”.

Foto: Notimundo.

Por debajo del “Comandante Supremo y Eterno”, en la cadena de mando figura Nicolás Maduro Moros, como “Comandante en Jefe” de la Fuerzas Armada, y entre sus componentes, el de la Guardia Nacional Bolivariana, lo que, sumado a dirigir el Ejecutivo Nacional, del cual dependen las policías nacionales, lo convierte en el primer y mayor responsable de la represión efectuada tanta por la GNB como por la PNB.

Retomando la “cadena de mando” de las fuerzas armadas, por debajo del Presidente de la Republica figura el General en Jefe Vladimir Padrino López, en su doble condición de Ministro del Poder Popular para la Defensa y Jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEOFANB. Aunque el General Padrino haya tenido una posición discreta en las últimas semanas, y en plena crisis haya viajado a Moscú a atender compromisos académicos, como queriendo poner mucha distancia con lo que aquí ocurre, nada ni nadie le quitará que de él depende y es responsable del “cuarto brazo” de las fuerzas armadas, el Comando General de la Guardia Nacional; así como del Plan Zamora, que articula la Represión y la cuestionada resolución del Ministerio de la Defensa, publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero de 2015, en la que se autoriza el uso de armas letales a la FANB para  el control de orden público.

Desde hace tiempo circulan versiones que señalan que entre los tres componentes tradicionales de las fuerzas armadas, Ejército, Aviación y Armada, y el cuarto componente, la Guardia Nacional, desde su creación en 1937 y posterior paso a depender del Ministerio de la Defensa, existe una marcada distancia y frialdad. Ejército, Aviación y Armada consideran a la Guardia Nacional como un componente menor, subvalorado, dedicados a tareas policiales distanciadas del deber supremo de la Defensa de la Patria; mientras que la Guardia Nacional mira a sus compañeros de las otras armas con recelo, envidia y cierto resentimiento. El Quinto Componente de la FANB, creado por el fallecido presidente Chávez en 2007, el Comando General de la Milicia Bolivariana, a pesar de que está dirigida por un mayor general del Ejército, es despreciado y descalificado por igual por los otros cuatro componentes.

A pesar de los recelos iniciales de Hugo Chávez hacia la Guardia Nacional, al paso del tiempo y la llegada de Nicolás Maduro a la Presidencia, se ha convertido en el componente numéricamente más importante de la FANB y en el que se ha invertido más en los últimos dos años, especialmente en equipos antimotines o para control de disturbios. A China se la han comprado más de 400 tanquetas VN-4 Norinco. Estos son los vehículos blindados de cuatro ruedas, con una pequeña torreta, pintados de blanco, que vemos como punta de lanza de la represión. Algunas, pintadas de negro, fueron asignadas al CONAS, el Comando anti secuestro y extorsión de la GNB y también han intervenido en la represión de abril. A la empresa China Norinco igualmente se le compraron los camiones porta barreras ABV1, los camiones con cañón de agua WTC1 y otros camiones de apoyo utilizados en la represión; así como 18.000 trajes protectores[1] individuales “Robocop” y escudos. El gas utilizado en abundancia y sin mesura contra las manifestaciones tiene diferente origen y diversos mecanismos de lanzamiento. Unas granadas son fabricadas por CAVIM, otras en Brasil. La GNB y la PNB comenzaron utilizando el gas que estaba vencido. Al cesar el suministro por parte de España y de Brasil, también se las han comprado a China en cantidades no determinadas, como parte de esas compras militares en absoluto transparentes que han caracterizado al régimen.

Si bien la inversión en armas y equipos han sido cuantiosas, el adiestramiento y la formación del personal de la GNB en técnicas adecuadas para control de orden público, uso progresivo de la fuerza y disciplina presenta múltiples fallas. Videos y fotografías recogen el uso indiscriminado de gas contra instituciones de salud, educativas o residenciales, el ataque a personas desarmadas, a socorristas y ambulancias, el acoso a periodistas impidiéndoles hacer su trabajo, el disparo en forma potencialmente letal de las granadas lacrimógenas o arrojadas desde un helicóptero en vuelo. La falta de adiestramiento se manifiesta en la incapacidad para someter adecuadamente a un joven totalmente desnudo, Biblia en mano, que se sube a una tanqueta; en las imágenes de los guardias tirando piedras, gritando que no reconocen a la Constitución o con pistolas de reglamento en la mano. Estos hechos, resumidos en cuatro víctimas mortales atribuidas a la GNB, además de los heridos, golpeados, maltratados, pateados, torturados, detenidos ruleteados, desaparecidos durante horas o días, vejados, humillados; son responsabilidad directa de quiénes manejan la institución y de sus superiores en la cadena de mando.

La Guardia Nacional Bolivariana está comandada actualmente por el Mayor General Antonio Benavides Torres, quién figura en la Lista OFAC del Departamento de Estado de los Estados Unidos, desde el 2014, por violaciones a los Derechos Humanos, cuando se desempeñaba como director de Operaciones de la GNB.  El Segundo Comandante y jefe de Estado Mayor es el General de División Guiseppe Cacioppo Oliveri

La Policía Nacional Bolivariana es el otro cuerpo policial involucrado masivamente en la represión a las manifestaciones. Durante mucho tiempo el Régimen de Hugo Chávez se ufanó de ser pionero en América Latina en el “Uso progresivo y diferenciado de la Fuerza Policial” presentado en escritos, conferencias y seminarios sobre “buenas prácticas policiales”, enmarcada en un supuesto “Nuevo Modelo Policial”. Los manuales de la Policía Nacional[2] señalan claramente que en “Niveles Ordinarios” los funcionarios deben ejercer Presencia, Despliegue Táctico y Diálogo. En Niveles de Transición, los agentes deben utilizar Técnicas Suaves de Control Físico o Técnicas Duras de Control Físico; y que sólo en Niveles Extraordinarios, el Bloque de Control de los agentes pueden usar Armas Intermedias y en caso extremo, Fuerza Potencialmente Mortal.

En las manifestaciones de abril de 2017 se ha podido evidenciar como los oficiales y funcionarios de la PNB se saltan con demasiada frecuencia y total tranquilidad todos los pasos establecidos en el publicitado “Uso Progresivo de la Fuerza” y comienzan a disparar balas de goma, perdigones y lacrimógenas sin aplicar o agotar previamente los pasos anteriores. No todos los agentes destacados para control de orden público tienen los trajes protectores “Robocop”, algunos sólo usan rodilleras. A diferencia de la GNB, los de la Policía Nacional son negros, pero la mayoría lo que utilizan es sólo el escudo, un casco protector y un chaleco de llamativo color amarillo; y por supuesto, mucho gas lacrimógeno.

La policía Nacional Bolivariana está adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Su actual titular es el Mayor General de la GNB Néstor Luis Reverol Torres, quién tiene abierto un juicio ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, por haber recibido, cuando desempeñaba el cargo de director de la Oficina Nacional Antidrogas, supuestos pagos provenientes del narcotráfico y por colaborar con la importación de cocaína hacia Estados Unidos.

El Viceministro del Sistema Integrado de Policía es el General Edylberto José Molina Molina, sobre quién recae la misma acusación que sobre Reverol. Molina se desempeñó como subdirector de la ONA cuando Reverol fue el director.

Nombrado a finales de marzo del 2017, el general de brigada GNB Alfredo Pérez Ampueda se desempeña como director de la Policía Nacional Bolivariana y el Subdirector es el Comisionado Jefe Roger Abreu Chuello. De esto se evidencia que la Policía Nacional Bolivariana no está ahora dirigida por un funcionario policial, sino por un militar. Desde su creación en el 2009 la PNB era comandada por policías, por civiles. Entregar la PNB a mando militar fue decisión del Presidente Nicolás Maduro.

En la represión de abril también han participado funcionarios del SEBIN, la Policía  Política y de la DGCIM, Dirección de inteligencia Militar. El mayor general Gustavo González López es el director nacional del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Ya se desempeñaba en ese cargo cuando fue designado Ministro de Relaciones Interiores por el presidente Nicolás Maduro en el 2015 y mantuvo la dirección de la policía política siendo ministro. Al dejar el despacho, siguió como director del SEBIN. Figura en las lista OFAC del Departamento de Estado por violaciones a los Derechos Humanos por acciones cometidas en el 2014. El General de Brigada Iván Rafael Hernández Dala es el director de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar. Hizo carrera en el Ejército. Se desempeñó como Jefe de la Casa Militar. Hernández Dala es uno de los militares que forman parte de la lista de sancionados promovida por el senador norteamericano Marco Rubio. En algunas regiones también han participado en la represión cuerpos policiales estadales, como en el caso de Carabobo, a cuya policía se le atribuyen dos de las muertes.

Foto: Miguel Gutiérrez

Pero la herramienta más letal, ilegal e indigna utilizada por el Ejecutivo Nacional han sido las Bandas Armadas Motorizadas, erróneamente calificados como “colectivos”. Se trata de grupos de fuerzas de choque motorizadas, equipadas con armas, motociclistas y sistemas de comunicación, mantenidas y administradas por diferentes instancias del Gobierno, actualmente la Alcaldía del Municipio Libertador, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, las gobernaciones y las alcaldías oficialistas. No poseen sede física, cuartel o comandancia, ni territorio determinado. Cuando son activadas y convocadas se reúnen en un sitio de la ciudad para trasladarse y realizar la acción encomendada, que puede ser de hostigamiento, recorridos para atemorizar o ataques directos, bien sea agresiones físicas o, dependiendo del caso, con armas cortas de fuego. Están integradas por miembros o militantes de distinta y variada procedencia, muchos empleados en entes oficiales, colectivos, militantes de partidos del Gran Polo Patriótico o funcionarios policiales, a los cuáles, una vez terminada la acción violenta solicitada, se les ordena regresar a sus actividades cotidianas. Como muchos de sus integrantes son empleados de instituciones oficiales no requieren pago por sus acciones, ya que éstas formarían parte de sus “funciones” u obligaciones laborales, aunque no se descarta que por esas vías administrativas puedan recibir retribuciones especiales.

Tienen actuación a nivel nacional y requieren de una estructura de mando, jefes, cuadros intermedios, logística de las operaciones, financiamiento, emergencia en caso de heridos o lesionados, apoyo legal, etc. Esta organización se ha mantenido hasta ahora de forma clandestina y totalmente encubierta. Algunos de sus integrantes, bien sea en el marco de una operación o fuera de ella, puede cometer delitos por iniciativa propia: robo, atraco, extorsión. A ellos se atribuyen 5 homicidios en las manifestaciones de abril. En la medida en que la FANB muestre cierta resistencia a reprimir o los cuadros medios y bajos evidencien malestar por cumplir las órdenes, las bandas armadas motorizadas harán el trabajo sucio y letal.

Otro componente de la actual represión es la intensa campaña de desinformación y contra-información desplegada masivamente en las redes sociales, originada en laboratorios secretos, según dicen algunos, dirigidos por asesores cubanos.

Tal como aquí se expone, la responsabilidad de altos oficiales de la FANB en los crímenes cometidos en la represión de abril queda expresamente manifiesta. Sin embargo, hay que recordar y señalar, que ese pequeño grupo de oficiales fueron atraídos, seducidos y fácilmente corrompidos, convirtiéndose en rehenes de sus propios crímenes. Con ellos, altos cargos civiles del Ejecutivo se han cubierto con una especie de escudo, manto invisible o “paraguas” para que la culpa de todo, represión, narcotráfico, corrupción y delincuencia organizada, recaiga en los militares y ellos puedan seguir en el Poder sin que sean señalados o acusados. La inclusión reciente del Vicepresidente Tareck el Aissami en la lista OFAC parece evidenciar que ese “paraguas” ya no es tan eficiente.

[1] Venezuela. VENEZUELA. INFORME SOBRE ADQUISICIONES DE SISTEMAS DE ARMAS Y MATERIAL MILITAR. Período 2013 – 2016. Asociación Civil Control Ciudadano. 2017.

[2] “Uso progresivo y diferenciado de la Fuerza Policial”. Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. 2012.

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