Carta del Director

Fuerza Armada contra Pueblo

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Caracas,  28 de julio de 2017

Este conflicto, que hemos visto escalar durante ya más de cien días, no finalizará este 30 de Julio sino que, por el contrario, continuará mientras no se instale un nuevo gobierno legítimamente electo…

Después de haber sido parte de la XXIV cohorte de egresados del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, y haber hecho amistad con un grupo de Coroneles y Capitanes de Navío que posteriormente fueron Generales y Almirantes durante la presidencia de Caldera y al principio de la de Chávez, es lamentable llegar a la conclusión de que el actual conflicto colocó a la Fuerza Armada y al Pueblo como enemigos, en aceras enfrentadas, Fuerza Armada contra Pueblo. El destino del país se definirá por un desenlace en el que la Fuerza Armada tendrá que decidir entre gobierno y pueblo, en un conflicto que tomará mayor impulso si se elige e instala una Asamblea Nacional Constituyente.

La elección e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente tiene como objetivo el control del poder a través de reglas distintas a las aceptadas por todos, que son las democráticas y establecidas por la Constitución vigente. La Asamblea Nacional Constituyente, al ser concebida como un ente supra-constitucional, no está sujeta a los balances, contrapesos, reglas y limites constitucionales, por lo que a través de ella el régimen puede atribuirse la capacidad para cambiar todas las reglas y establecer un autoritarismo hegemónico que le permita controlar el poder, aún sin contar con el apoyo político en el que se fundamenta la legitimidad para gobernar.

La realidad es que aunque los regímenes autoritarios no dependen de su legitimidad para gobernar y mantener el poder, sí les preocupa el tener un piso, lo más amplio posible, sobre el cual sostenerse, ya que de lo contrario los riesgos contra su estabilidad, tanto por presiones internas como externas, se incrementa de manera significativa, haciéndolos cada vez más dependientes de la lealtad incondicional de quienes tienen el control de las armas.

En el caso de Venezuela, es evidente que el piso político de Maduro y su gobierno es prácticamente inexistente, según las últimas mediciones alrededor de un 15%. Esta situación hace que el sistema se sostenga tan solo sobre la variable militar, acompañada decorativamente por otras instituciones para mantener las apariencias. Como consecuencia de ello, la Fuerza Armada ha visto, y continuará viendo, su aceptación y legitimidad desplomarse por su acción (represión y participación en el gobierno) u omisión (dejar que otros repriman y que se viole la Constitución y el Estado de Derecho), mientras ven sus costos para negociar una salida política elevarse, junto a los de los actores mas cuestionados del gobierno mismo, al ser cada día más difícil diferenciar entre gobernantes y militares. De hecho, al día de hoy, un militar activo ya tiene serios problemas para caminar uniformado fuera de una instalación militar o en un ambiente que no esté custodiado por sus compañeros de armas.

Si sabemos que hoy más de un 80% del país no se conformará con algo menos que un cambio de gobierno que permita iniciar un camino de normalización económica, social y política del país, tenemos una tendencia irreversible hacia una escalda de conflicto que solo puede resolverse por uno de dos caminos, la cooperación o la confrontación.

El camino de la cooperación implica, necesariamente, la negociación de las condiciones y garantías para la elección de un nuevo gobierno. El gobierno, por estar en una posición de ventaja en un conflicto que es asimétrico, hasta la presente fecha no ha dado ninguna señal de estar dispuesto a tal negociación, lo cual implica en consecuencia, y ante la inexistencia de un árbitro institucional con el poder para imponer una decisión favorable, la continuación de una escalada del conflicto que se extenderá mientras no haya cambio de gobierno, tanto por razones políticas, como económicas y sociales.

La confrontación en una escalada de conflicto solo puede resolverse por la imposición de la fuerza de una parte sobre la otra, lo cual generalmente tampoco garantiza la estabilidad en el mediano y largo plazo, sino una tregua que dura lo que tarde el derrotado en recuperarse, manteniéndose sin resolver las causas últimas del conflicto lo que mantiene las dinámicas entre momentos de estancamiento y nuevas escaladas.

La gobernabilidad, bajo el actual régimen, no es posible porque ella depende de una legitimidad que ya no existe y no es recuperable. La gobernabilidad depende de la subordinación voluntaria de los gobernados al gobernante cuya autoridad reconocen como legítima, y tal legitimidad se deriva tanto del origen de su mandato como del día a día de su ejercicio. Al no existir tal legitimidad de origen, o perderse por decisiones equivocadas en el ejercicio del poder, la autoridad del gobernante ya no es reconocida voluntariamente por lo cual la única manera de gobernar es mediante la fuerza, lo que genera una espiral represiva ascendente que hace al gobernante cada vez más dependiente del uso de la represión tanto para gobernar como para mantenerse en el poder.

Es a partir de tal momento que el régimen se hace cada vez más dependiente del aparato de seguridad del Estado, por lo general dominado principalmente por la Fuerza Armada en razón del número de hombres y equipamiento que controla. Para ello es necesario que la Fuerza Armada abandone las posición de neutralidad política institucional, que le corresponde de acuerdo a la Constitución y a sus propias tradiciones republicanas, colocándose al la orden de una parcialidad política que ocupa el poder, para lo cual se recurre a mecanismos que van desde la ideologización política expresada en frases como “patria, socialismo o muerte”, “Chávez vive, la patria sigue, lucharemos y venceremos”, hasta su participación en el gobierno para colocar en sus manos poder y recursos a los que les será difícil renunciar.

El problema es que la gobernabilidad de la Fuerza Armada, al igual que en el gobierno, también depende de la subordinación, quizás menos dependiente de la voluntad y más de la disciplina, lo que no implica una garantía de incondicionalidad en su ejecución como la misma historia de revolución liderada por Chávez demuestra. En la medida que la espiral de conflicto entre gobierno y gobernados asciende y la legitimidad se continua erosionando, el uso de la fuerza contra los gobernados se convierte en el único mecanismo mediante el cual los gobernantes pueden mantenerse en el poder. Pero en la medida que se usa la fuerza contra los gobernados se produce un circulo vicioso en el cual a mayor represión mayor deterioro de la legitimidad, y a mayor deterioro de la legitimidad mayor necesidad de represión, lo que implica que la obediencia incondicional de la Fuerza Armada al gobierno se convierte en el factor decisivo para su supervivencia.

En tal sentido, el destino del país se termina definiendo por la actuación de una primera fila de oficiales y soldados que, por la posición y participación de sus superiores en el gobierno, termina confundiéndose con el  régimen mismo y arrastrada por su ilegitimidad creciente a una confrontación contra su propio pueblo, que se vuelve cada vez más difícil de revertir al entramparse en costos cada vez más altos derivados del ejercicio de su propia represión que mancha sus manos de sangre, convirtiéndoles en rehenes del sistema que les impuso ordenes ilegitimas de las cuales son responsables personalmente.

El problema con estas dinámicas es que son por lo general irreversibles e insostenibles en el largo plazo.  Es así como la elección e instalación de una asamblea nacional constituyente, bajo las condiciones actuales, solo podrá hacerse por la fuerza; y de ser electa, su instalación y la implementación de sus decisiones tendrán que hacerse también por la fuerza; mientras la crisis económica y social se agravará aún más por la corrupción y el quiebre de las finanzas públicas, y la negativa de inversionistas y financistas a colocar recursos en Venezuela ante la inseguridad jurídica generada por la asamblea nacional constituyente y la precariedad de su gobernabilidad, lo que generará nuevas protestas que se enfrentarán con más represión; a lo que se sumará la ejercida contra aquellas protestas políticas, como resultado de la negativa del régimen a permitir cualquier elección bajo condiciones en las que pueda perder cualquier espacio de poder

Este conflicto, que hemos visto escalar durante ya más de cien días, no finalizará este 30 de julio sino que, por el contrario, continuará mientras no se instale un nuevo gobierno legítimamente electo mediante un proceso de sufragio universal, libre y competitivo. Mientras tanto, la Fuerza Armada tendrá que decidir entre regresar a la neutralidad institucional que le corresponde, lo cual obligaría al régimen a sentarse a una mesa de negociación en la que al fin se discutiría la normalización del país y su retorno a la senda democrática, o seguir reprimiendo y manchándose las manos con la sangre de sus propio pueblo para defender los intereses de quienes desde las cúpulas del poder manejan, como en un video juego a control remoto y sin poner en riesgo sus propias vidas, esta confrontación.

 

Benigno Alarcón Deza

Director

Centro de Estudios Políticos

Universidad Católica Andrés Bello

 

 

 

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