Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

 Marcos Tarre Briceño

No hay nada más fiable que un poli corrupto…  Tiene la ventaja de escuchar, intentar averiguar y estar obligado a cerrar el pico. De alguna manera, es perfecto.

Fred Vargas[1]

La idiosincrasia del latinoamericano posiblemente se fue configurando con cierta tolerancia hacia el corrupto, visualizando más sus logros, celebrando su astucia y sentido de la oportunidad, así como  el estándar de vida y lujos proporcionados por el dinero mal habido, pero ignorando los vicios, males y delitos generados directa o indirectamente por él.

En Venezuela esa mentalidad del siglo pasado permeó hasta nuestros días y de alguna manera quedó opacada, colocada en un segundo plano por un nuevo y más apremiante problema: la creciente ola de violencia y criminalidad que se desató a partir de 1999 y generó una pérdida directa en la calidad de vida de todos los venezolanos y un nuevo imaginario colectivo. Impactados por los efectos de la violencia, sometidos a una escalada criminal sin precedentes en la historia, los venezolanos dejaron de preocuparse por otros problemas, sufriendo los efectos de la violencia sin apreciar sus causas, y una de ellas es precisamente la corrupción.

Desde los más altos niveles, la corrupción llegó a los estratos intermedios y continuó hasta los más bajos, favoreciendo a los que están al margen de la Ley. Para ellos fue el motor para potenciar todo tipo de delitos ofreciendo lo que cualquier delincuente anhela: impunidad. Y esa corrupción llegó y se instaló también en los cuerpos policiales y otras autoridades responsables de la seguridad ciudadana.

Los agentes policiales, más que cualquier otro estamento de la sociedad, están, por sus funciones, en contacto y proximidad con el medio criminal y con delincuentes, bien sea directa o indirectamente; y por otra parte, de su gestión y su “poder” puede depender la elaboración de expedientes o manejo de información que determine que una persona sea detenida, sea sometida a juicio y eventualmente, ir a la cárcel. Los funcionarios policiales son el primer anillo de seguridad de la sociedad y por ello están permanentemente expuestos a la tentación –o son blanco– de la corrupción en las múltiples facetas relacionadas con su ejercicio profesional. La “Delincuencia Organizada” conoce bien éstas premisas y para las diferentes bandas constituye una prioridad contar con aliados o cómplices en los cuerpos de seguridad.

Para este fin, la sociedad les ha delegado a los cuerpos policiales y fuerzas militares el monopolio legítimo en el uso de la fuerza, pero a la vez les ha impuesto reglas para su funcionamiento, para que no se desvíen de su misión fundamental.

Los controles, tanto institucionales como informales, hacia los cuerpos policiales son indispensables en toda democracia. El policía, por sus funciones, puede tender a cometer excesos en el curso de su trabajo o a actuar bajo fuertes tensiones, y si no tiene el entrenamiento, la formación suficiente y la supervisión adecuada, puede cometer acciones indebidas. En Venezuela esos controles no han sido efectivos o han sido desestructurados uno a uno. Estos controles, tanto formales como informales, son:

1. La Asamblea Nacional es uno de los principales controles institucionales cuando surgen hechos o casos que ameriten la atención del ciudadano, de la sociedad o de los diferentes niveles de la administración pública. Además de la tarea legislativa, la investigación, la interpelación y designar comisiones especiales o permanentes para el estudio de casos específicos es otra de sus importantes funciones. Sin embargo, la mayoría oficialista que dirigió la Asamblea Nacional desde el año 2005 hasta diciembre de 2015, a pesar de los miles de asesinatos ocurridos, del incremento constante de la criminalidad y violencia, de graves hechos en las cárceles y de evidente complicidad de funcionarios al introducir armas en ellas, de violaciones a los Derechos Humanos y de constantes informaciones de los medios de comunicación reseñando a funcionarios policiales incursos en hechos delictivos, en ningún momento decidió la interpelación de altos funcionarios o la creación de comisiones especiales de investigación.
2. A la Fiscalía General de la República le corresponde defender los intereses del Estado y de la Sociedad pero en esa institución no existen dependencias dedicadas a la Corrupción Policial o a delitos cometidos por funcionarios. Los procedimientos contra agentes u oficiales policiales son adscritos, por sus características, a las diferentes dependencias del Ministerio Público y por lo tanto no se le da la importancia que una materia tan importante debería tener.
3. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. Desde su fundación, han ejercido el cargo Dilia Parra Guillén (1999–2000), Germán Mundaraín (2000–2007), Gabriela Ramírez (2007–2014), Tarek William Saab (2014–2017) y Alfredo Ruiz Angulo (agosto de 2017 hasta la fecha). La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, desde el 2005 hasta diciembre del 2015, lejos de entender que la figura del Defensor del Pueblo u Ombudsman existe para ponerle límite a los abusos de las autoridades del Estado, parece haber creído y decidido que debería ser designado en ese cargo una figura condescendiente y dispuesta a avalar al Estado en cualquiera de sus actuaciones. Con la excepción de Dilia Parra Guillén, que duró poco tiempo en el cargo, todos han obedecido lealmente las líneas emanadas del Ejecutivo Nacional.
4. Supervisión Interna. En todo cuerpo policial o militar, la jerarquía existente establece relaciones y responsabilidades entre supervisores y supervisados, entre soldados, agentes y oficiales. En países con una “cultura policial” no demasiado sólida, además, sujeta a cambios continuos que responden a criterios más políticos circunstanciales que institucionales, las jerarquías de los jefes y mandos policiales juega un papel determinante en la conducta de los agentes supervisados. En los últimos años los cuerpos policiales venezolanos han sufrido procesos de desestructuración; y en lugar de profundizar en la formación y la experiencia, se ha priorizado como valor la lealtad y simpatía política. El nuevo modelo policial ofrecido en distintas oportunidades al país está lejos de haberse logrado. Los actos de corrupción en los cuerpos policiales aparecen a diario en los medios de comunicación. Sobre las actuaciones de los agentes policiales existe una clara y evidente responsabilidad de quienes los supervisan, y sobre las jerarquías medias y altas una responsabilidad de los jefes policiales.
5. Asuntos Internos o Inspectoría General de Servicios. Los cuerpos policiales también poseen departamentos dedicados a la investigación de conductas irregulares de sus funcionarios, conocidos internacional y popularmente como “Oficina de Asuntos Internos” que en Venezuela se denomina “Inspectoría General de Servicios”. El Consejo Nacional de Policía estableció que todos los cuerpos policiales debían tener una Oficina de Control de Actuación Policial y una Oficina de Respuestas a las Desviaciones Policiales. Sin embargo, al igual que ha sucedido ya en tantas ocasiones, no todo lo que se pone sobre el papel se instrumenta en la práctica. A pesar de la teoría, las buenas intenciones, las ofertas, promesas, libros y manuales, la corrupción de los funcionarios y la cantidad de ellos involucrados en hechos delictivos no disminuye y el control interno no actúa.
6. El Ejemplo. Un elemento de autorregulación y control que funciona en toda organización humana –y los cuerpos policiales no son la excepción– es el ejemplo que con su conducta, actuaciones, palabras y actos, dan los oficiales de policía a sus compañeros, los jefes policiales a sus supervisados y dan los ministros a los jefes policiales, así hasta llegar a la mayor autoridad del Ejecutivo Nacional, el Presidente de la República. ¿Hasta qué punto nuestros jefes policiales son un ejemplo de rectitud, profesionalismo, ética, experiencia, vida profesional y vida privada, honestidad y probidad hacia las jerarquías altas y medias de sus subordinados? ¿Hasta qué punto los jefes policiales, con su ejemplo, se han ganado el respeto de sus hombres? ¿Hasta qué punto los jefes policiales son líderes en sus organizaciones y poseen la auctoritas para ejercer el cargo? Al pasar a retiro o ser removidos por diferencias políticas a funcionarios policiales con experiencia, se pierde un importante bagaje de referencia y ejemplo dentro de los cuerpos policiales.
7. Organizaciones No Gubernamentales y Defensores de Derechos Humanos. Además de los controles institucionales, internos y externos, que orientan, canalizan y delimitan las acciones de los funcionarios policiales, la sociedad organizada tiene el derecho y la obligación de participar en ese control, muchas veces logrando una mirada más objetiva, reflexiva y cercana a víctimas y comunidades. Sin embargo, la relación entre organizaciones nacionales o internacionales dedicadas a estas actividades de control no han recibido el apoyo ni la simpatía del Ejecutivo Nacional. En un contexto ideal, las organizaciones no gubernamentales deberían recibir apoyo de sus respectivos gobiernos para realizar eficientemente sus actividades. En un contexto “normal” a las ONG se les debería dejar realizar sus actividades en libertad y con respeto. En Venezuela, el contexto ha sido hostil, frenando la capacidad de acción de las ONG, rechazando sus informes, recomendaciones o denuncias, lo que ha impedido que éstas cumplan plenamente su función, entre ellas la denuncia y control de la corrupción policial. La actitud negativa del Gobierno se manifiesta en:

–Amenazas de legislación para impedir el acceso a recursos internacionales.

–Impedir el acceso a fuentes de información.

–Impedir el acceso y comunicación con organismos oficiales.

–Descalificación pública de las ONG o de sus representantes.

–Incumplimiento de medidas de protección, aunque éstas hayan sido aprobadas por  instituciones internacionales.

1. Medios de Comunicación. El rol de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción policial es de vital importancia. Lamentablemente, la actitud del Gobierno de Venezuela en relación a medios que realicen denuncias, bien sean estos de prensa, radio o televisión, ha sido similar a la señalada con en el punto anterior. De este modo, otro elemento de control de la corrupción policial es restringido en perjuicio de los ciudadanos.
2. Control Ciudadano. El último, pero no menos importante factor de supervisión que debe obligatoriamente ejercerse sobre los cuerpos policiales es la supervisión o control por parte del ciudadano. Muchos países, entendiendo que la función fundamental de los cuerpos policiales es la prestación de servicios al ciudadano, han integrado representaciones en las juntas directivas de las policías o estructurado canales formales para lograr esa representación. En Venezuela, legalmente también se han previsto este control, como parte del llamado “Nuevo Modelo Policial”. En teoría, los cuerpos de policía contarán con una instancia externa de control: los Comités Ciudadanos de Control Policial, así como la eventual supervisión de los Consejos Comunales sobre los cuerpos policiales locales.
   

   Foto: Primicias24.

Pero todos estos principios chocan nuevamente con la realidad, por tres razones. En primer lugar, por la misma estructura del máximo organismo rector en materia policial: el Consejo Nacional de Policía, institución poco conocida, que no se reúne mucho y que casi nadie conoce. Es preciso entender cómo se eligen o son designados sus integrantes. Esto ocurre mediante una Resolución del Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Es decir, son designados a dedo por el ministro. ¿Quiénes integran el Consejo? Lo preside el Ministro del Interior, participan dos gobernadores de estado, dos alcaldes, un representante de la Defensoría del Pueblo, un representante del Ministerio Público, un representante de una Organización No Gubernamental, jefes o exjefes policiales y el Secretario Ejecutivo. Como puede observarse, en la estructura del Consejo no se previó participación ciudadana directa, ni de gremios, comunidades, académicos, medios de comunicación, iglesias, etc, sólo funcionarios públicos designados de forma unilateral. En segundo lugar, la composición real del Consejo impide cualquier posición objetiva, imparcial, independiente y despolitizada. El sesgo subjetivo del máximo organismo rector de los cuerpos policiales se transmite en todo el sistema policial. Así muchos cuerpos policiales pertenecientes a gobernaciones o alcaldías de oposición no son tomados en cuenta y muchos de alcaldías y gobernaciones oficialistas consideran totalmente innecesario cumplir con los órganos de control ciudadano, porque saben que cualquier decisión no se tomará por esos canales.

Deslastrados de los controles formales e informales, los cuerpos policiales venezolanos  actúan “a lo libre”, haciendo y deshaciendo, reprimiendo o violando la ley, simplemente porque un superior lo ordena. No existe un espíritu de cuerpo que aliente y premie la buena conducta o al funcionario honesto. Entonces, no resulta extraño ver a diario casos de funcionarios policiales involucrados en conductas irregulares o actos netamente criminales.

El investigador español Mauricio García Mejía[2] menciona en sus trabajos un impacto adicional e insospechado de la corrupción policial sobre el ciudadano y la sociedad que puede servirnos de final y conclusión de la presente reflexión:

“En el caso particular de la seguridad ciudadana, la confianza en las instituciones es fundamental dentro de los enfoques modernos de policía comunitaria, que exigen algún nivel de involucramiento de la comunidad, y esto no es posible si no hay confianza en la institución policial. Es decir, si bien no es una amenaza directa para la democracia en el corto plazo, sí lo sería en el largo plazo, siendo además una clara y directa amenaza para la efectividad de las estrategias de seguridad ciudadana modernas…

La democracia efectiva implica el que los funcionarios públicos usan el poder de maneras en que no privan a los ciudadanos comunes de sus derechos como ciudadanos. En este sentido, la corrupción es particularmente grave, pues significa que los funcionarios públicos no están prestando los servicios en la manera en que la ley los obliga a hacerlo. Por el contrario, proveen los servicios solo a un grupo privilegiado de personas que pueden darse el lujo de comprar estos servicios a cambio de favores o pagos extras. Como la corrupción distribuye los privilegios de una manera altamente discriminatoria y selectiva, afecta al ciudadano quitándole el poder y por tanto también afecta la efectividad de la democracia. Es decir, atenta contra la igualdad política y contra la soberanía del pueblo”.

01 de septiembre de 2017

[1] Fred Vargas es el seudónimo de Frédérique Audoin-Rouzeau, es una escritora francesa autora de novelas policiales

[2]  GARCÍA MEJÍA, M. Evidencia y marcos conceptuales de la lucha contra la corrupción en la policía de Latinoamérica. Universidad Complutense de Madrid. 2016