Opinión y análisis

¿Tiene espacio la descentralización en la agenda política de los venezolanos?

Foto: Reuters.

Carlos Romero Mendoza

29 de septiembre de 2017

El 7 de julio de 2016 la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo para el rescate y la profundización de la descentralización en Venezuela a través del cual los parlamentarios exigieron al Ejecutivo Nacional cumplir de manera efectiva con el mandato que hace la Constitución y las leyes venezolanas en materia de descentralización.

La Asamblea Nacional en ese Acuerdo cuestionó el centralismo que se ha venido implantando en el país y que ha llevado a concentrar el poder, las decisiones, las competencias y los recursos en el nivel nacional de Gobierno; además, reclamó el irrespeto del Ejecutivo Nacional a las normas constitucionales y legales que atribuyen competencias a estados, municipios y comunidades organizadas.

Así mismo, el Poder Legislativo venezolano denunció que a lo largo de los últimos años han entrado en vigencia leyes cuyo contenido atentan contra la descentralización y tergiversan conceptos universales como federalismo, sociedad organizada, descentralización, transferencia de competencias, entre otras.

El contenido del Plan de la Patria 2013-2019 evidencia el desconocimiento del artículo 158 de la Constitución vigente mediante el cual se reconoce a la descentralización como política nacional del Estado.

Es importante destacar que el Plan de la Patria 2013-2019 omite en su contenido el uso de los siguientes términos: descentralización, sociedad organizada, estados, municipios, alcaldes, gobernadores, legisladores estadales y concejales. Por lo tanto, como hoja de ruta política del régimen, advierte una orientación que está al margen del orden democrático y constitucional previsto en la Constitución de 1999.

Cuando en el año 2012 Francisco Ameliach[1], siendo candidato a gobernador de Carabobo afirmó que su rol sería facilitar la consolidación del Poder Popular para la búsqueda de las soluciones a los problemas estadales y luego en diciembre 2013, Jorge Rodríguez[2], una vez juramentado alcalde del Municipio Libertador, decidió aprobar el Plan de la Patria 2013-2019 como su programa municipal, se expresó un claro desconocimiento al modelo federal descentralizado de Estado que exige la Constitución vigente.

La actuación de los gobernadores oficialistas, a lo largo de estos años de gestión, han logrado volver al pasado, reivindicado aquella figura de los gobernadores como agentes del Ejecutivo Nacional y aniquilando la poca autonomía que la Constitución dice garantizar a los gobiernos estadales.

Las elecciones de gobernadores, previstas para el 15 de octubre 2017, representan una oportunidad política muy importante a los fines de valorar el rol que la Constitución vigente otorga a la descentralización.

Desde el punto de vista constitucional el artículo 158 presenta la descentralización como una herramienta para profundizar la democracia, acercar el poder a la población y crear las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la propia democracia, como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales. Ese mismo artículo reconoce que la descentralización en Venezuela debe ser asumida como una política nacional.

Los gobernadores que se elegirán el 15 de octubre de 2017 están en la obligación legal de promover e impulsar la discusión sobre el Plan de Desarrollo Estadal, en consecuencia, tienen la oportunidad de introducir el debate sobre el desarrollo estadal en el marco de un modelo de Estado Federal descentralizado, en coherencia con las normas constitucionales vigentes.

Foto: Reuters.

En los 100 primeros días los gobernadores, asumiendo la responsabilidad de abordar el desarrollo estadal, podrían diseñar una metodología participativa a los fines de incluir en ese debate a la sociedad civil, de manera que se pueda valorar el impacto de la centralización que se ha experimentado, enfocando el análisis en todas y cada una de las competencias que la Constitución reconoce como exclusiva de los estados que integran nuestro modelo de Estado Federal descentralizado.

Ese diseño de una estrategia de inclusión social en la valoración de la centralización y descentralización para abordar el desarrollo, haría que en esos primeros días de gestión, la legalidad existente les permita asumir un rol de facilitadores políticos de un proceso de reivindicación de la descentralización como herramienta útil para la restauración del orden democrático y constitucional de Venezuela, que hoy pretende ser sustituido a través de una fraudulenta Constituyente.

En consecuencia, mientras mayor sea la movilización electoral de los sectores democráticos, mayor será la legitimidad y la capacidad política de los gobernadores electos para reclamar, debatir e impulsar la descentralización como alternativa política real, viable y concreta para sustituir el Plan de la Patria 2013-2019 y restaurar el hilo constitucional.

En los 100 primeros días el debate que podrían abrir los gobernadores en cada entidad federal a la que representan, permitiría que de manera conjunta, incluyendo a alcaldes de la Unidad Democrática de cada entidad federal, puedan presentar al país, a sus electores y al mundo entero, una propuesta unitaria de Agenda Nacional para la Descentralización y el Desarrollo Sostenible, enmarcado en los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

En esa Agenda Nacional elaborada por los gobernadores y alcaldes de la Unidad Democrática, claramente se debería plantear una serie de reformas legislativas y la necesaria aprobación de nuevas leyes, algunas de ellas que ya la Asamblea Nacional adelantó en su Acuerdo de julio 2016.

La realidad financiera que ha generado los aumentos unilaterales del Ejecutivo Nacional, impactando negativamente las finanzas estadales y municipales, abre el espacio para el debate responsable sobre los recursos económicos en el diseño de un Estado Federal Descentralizado que pueda responder efectivamente a los desafíos del presente.

Claramente, en esa agenda y sin necesidad de hacer grandes inventos institucionales, menos aún de impulsar reformas constitucionales o enmiendas, se puede evaluar la posibilidad de reformar el Consejo Federal de Gobierno y el Sistema Nacional de Planificación, a los fines de poner esa institucionalidad al servicio de la descentralización, del desarrollo y de incorporar a Venezuela en el debate efectivo, serio y sostenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En esta corta campaña electoral qué oportuno hubiera sido la presentación al país de un Acuerdo Político para la Descentralización y la Desconcentración, presentándolo como alternativa viable, posible y concreto para enfrentar los desafíos que hoy tenemos para superar la profunda crisis que agobia a los venezolanos

La descentralización y las elecciones del 15 de octubre se encuentran políticamente a los fines de articular, a través del voto y la movilización, una forma concreta de reclamar y protestar contra el excesivo centralismo que nos ha arrebatado la democracia como modelo político.

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