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Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre Venezuela

73 Asamblea General

Salt Lake City, Utah

27 al 30 de octubre 2017

El régimen de Nicolás Maduro a continuación del de Hugo Chávez, avala el principio de que en una dictadura, la libertad de expresión es siempre la primera víctima. La prensa, como uno de los vehículos que hace posible su ejercicio, es el blanco prioritario. El régimen ha ido evolucionando desde mecanismos de censura muy sutiles, que incluían la distribución de la propaganda oficial como un premio a los medios de comunicación más complacientes o serviles, pasando por las demandas judiciales por difamación, las amenazas a periodistas, el cierre de estaciones de radio y televisión, el bloqueo de sitios web y plataformas digitales, las detenciones arbitrarias y los juicios militares a periodistas, hasta las formas más sangrientas de censura.

Actualmente, el mero hecho de cubrir una manifestación pública en contra del gobierno puede ser calificado como un acto “terrorista”, de competencia de los tribunales militares. Enviar un tweet, pintar una caricatura o hacer un chiste puede tener consecuencias penales severas.

El régimen no acepta el pluralismo político. Rememorando las prácticas del estalinismo, se ha llegado a declarar interdicto por demencia a un ex candidato presidencial, con lo que se intentó silenciar a una de las voces más lúcidas de la oposición y del periodismo. No hay ningún medio de comunicación, opinión o información que haya escapado a la censura. El que una película -como “El Inca”- haya sido premiada y aplaudida por la crítica tampoco ha impedido que su exhibición fuera censurada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Cualquier forma de expresión, incluyendo la simple protesta del ciudadano en la calle o el comentario del ama de casa en un auto mercado, es objeto de la represión más severa.

El régimen controla tanto lo que se dice como lo que no se puede decir. Por iniciativa de Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, en cada oficina pública, incluido el aeropuerto internacional de Maiquetía, hay un inmenso letrero que dice: “Aquí no se habla mal de Chávez”.

El cierre de plantas televisoras y radiodifusoras ha seguido sin pausa. También las “inspecciones técnicas” de CONATEL a radioemisoras y teledifusoras. La plataforma digital del Diario Tal Cual ha sido bloqueada durante horas.

El 11 de agosto pasado, CONATEL abrió un proceso disciplinario en contra de Venevisión y Televen, por “no dar cobertura a la elección de los constituyentistas que conformarán la Asamblea Nacional Constituyente”. Algunos medios impresos, como consecuencia de la negativa del régimen a venderles papel, han debido reducir su número de páginas, continuar operando sólo en forma digital o paralizar sus operaciones, lo que deriva no solo en un problema de libertad de expresión sino también de pérdida de fuentes de empleo.

CONATEL ordenó sacar de la programación por cable las señales de canales internacionales (como CNN en español, El Tiempo TV, Caracol TV, o Todo Noticias), porque su línea editorial no se ajustaba a los requerimientos del “socialismo del siglo XXI”. Siguen las presiones para que los medios prescindan de periodistas demasiado críticos, como es el caso de la reciente salida de Nelson Bocaranda de Unión Radio. Continúa castigándose a periodistas como César Miguel Rondón, a quien, al llegar al aeropuerto, se le negó la salida del país, pues, supuestamente, su pasaporte “había sido denunciado como robado”. Dos días antes Maduro dijo que Rondón debía ir preso.

Las demandas en contra de periodistas y medios no han amainado. Maduro amenazó con demandar al Bloque de Armas, editor del diario 2001, por su portada del 8 de junio. En una amenaza velada, el 17 de julio Maduro acusó de “conspiradores” y “golpistas” a los canales de televisión Venevisión y Televen por transmitir la declaración de un grupo de ex presidentes latinoamericanos sobre la situación política.

Informes de organizaciones como Espacio Público, Provea e IPYS, entre otras estiman que se cometieron numerosos casos de agresiones físicas de funcionarios policiales o militares a periodistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos en este período. Sufrieron golpizas y con frecuencia sus equipos (cámaras, micrófonos, teléfonos celulares, tabletas, chalecos antibalas, máscaras antigases o vehículos de transporte) fueron destruidos o decomisados. En un caso se ha identificado con sus apellidos a los militares autores de esas agresiones, no se tiene conocimiento de ninguna investigación judicial que se haya iniciado en contra de ellos.

Esos informes remarcan que las manifestaciones públicas por descontento ante la inflación, el desabastecimiento y la persecución, fueron reprimidas de manera brutal y sangrienta, dejando más de un centenar de muertos y miles de heridos. En muchos casos hubo aversión especial de los policías y militares contra periodistas que sufrieron el impacto de bombas lacrimógenas, perdigones disparados a quemarropa, el chorro de agua lanzado por “la ballena”, los golpes de porra y las patadas. Una periodista fue rociada con gas en la cara por un funcionario de la PNB y un oficial al mando de la Guardia Nacional ordenó “ir en contra de los periodistas”.

El 24 de mayo, un testigo relató cómo la GN disparó en contra de la prensa que se encontraba cubriendo una manifestación en Bello Monte.

En muchos casos la policía y la Guardia Nacional impidieron que los periodistas puedan realizar su trabajo. No se permite tomar fotografías en determinadas zonas como en destacamentos policiales o formaciones policiales en la morgue de Bello Monte o en la Defensoría del Pueblo. Tampoco se pueden acercar a los edificios del TSJ o al CNE y a veces no se les permite cubrir actos en la Asamblea Nacional. Varios periodistas, fotógrafos y camarógrafos fueron expulsados de ruedas de prensa o no han sido admitidos. Bandas armadas atacaron las instalaciones de periódicos, plantas teledifusoras y radiodifusoras.

Muchas agresiones contra la prensa cometidas por civiles que fueron armados por el gobierno, ocurrieron en presencia de la Guardia Nacional y ante su mirada complaciente.

Numerosos periodistas han sido detenidos y sometidos a la justicia militar. Periodistas extranjeros han sido detenidos arbitrariamente. Dos periodistas franceses, de la agencia CAPA, cuando ya se disponían a regresar a su país, fueron detenidos durante 10 días. No se permitió la entrada al país del periodista argentino Jorge Lanata, cuando intentaba cubrir la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Semanas después, a la periodista chilena Gabriela Donoso, de la agencia Reuters, también le fue negado el ingreso al país y fue puesta en un avión con destino a Panamá. El periodista Anatoly Kumanaev, del The Wall Street Journal, fue expulsado del Poliedro de Caracas y obligado a borrar material grabado. Un equipo de la agencia Reuters fue expulsado de la rueda de prensa ofrecida por Maduro el 19 de agosto, “por transmitir en vivo”.

Como parte de una demanda en contra de los directores de Tal CualLa PatillaEl Nacional, un tribunal condenó a La Patilla a pagar a Diosdado Cabello una indemnización de mil millones de bolívares por haber reproducido una información de otro medio (el diario ABC, de España), en el que Leamsy Salazar, un ex colaborador de Cabello, señalaba que éste estaría involucrado en delitos de narcotráfico.

Paradójicamente, a todo este ambiente de censura el presidente Maduro ha propuesto a la Asamblea Nacional Constituyente la aprobación de una ley contra el odio y la intolerancia. El proyecto sanciona el odio en términos genéricos, sin definirlo, y excede con creces lo previsto en el artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”. El régimen pretende prohibir el odio como tal, reservándose el derecho de determinar qué constituye odio y qué es lo que debe ser sancionado. Sin dudas se trata de otro mecanismo para censurar y crear autocensura.

Además, las retenciones indebidas de pasaportes y otros documentos de identificación personal a sectores de la oposición, de tal manera que mediante tal mecanismo se impide la movilización y adicionalmente se violenta el derecho a la identificación y a detentar una nacionalidad, en violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

Este enlace contiene un informe pormenorizado de los casos de violaciones a la libertad prensa y expresión ocurridos en el semestre en Venezuela.

Extraído de: Sociedad Interamericana de Prensa.

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