Opinión y análisis

Luego del 10D, ¿Comuna o Municipio?

A soldier stands guard as people wait to vote during the Constituent Assembly election in Caracas

Foto: Reuters

Carlos Romero Mendoza

15 de diciembre de 2017

El 11 de diciembre amanece Venezuela luego de una jornada electoral que demostró, nuevamente, el abuso del Estado y puso en evidencia aún más que sin Carnet de la Patria no hay forma de movilizar a los electores del PSUV. Pero además, el mapa político amaneció diseñado de una forma tal que, quizás, el régimen no necesitará de comunas para imponer un modelo político, económico y social desde lo local, pues ahora detenta el poder de la mayoría de las alcaldías.

Para el politólogo John Magdaleno[1], las elecciones de alcaldes fueron un gran desastre pronosticado. Tal conclusión permite afirmar que no debe haber lugar a sorpresas con esos resultados del 10D y, menos aún, con los esfuerzos del régimen por hacer creer que hubo una alta participación electoral. Es imposible ocultar y borrar de la memoria la ausencia de electores en los centros de votación y el silencio en las calles durante una jornada que se aleja de manera muy contundente de la fiesta electoral que se experimentó el pasado 16 de julio, con la consulta popular organizada sin el CNE.

Para Luis Vicente León (Datanálisis[2]), el resultado de las elecciones de alcaldes no refleja el mapa de preferencias políticas de la sociedad venezolana, pues ese mapa –destaca el analista– es mayoritariamente opositor, pero aun así, advierte que esos resultados empeoran dramáticamente la capacidad de lucha y motivación de la oposición.

León afirmó que el fracaso de las elecciones de alcaldes no se mide por el número de alcaldías que se perdieron, por el contrario, se debe medir por la incapacidad de lograr unidad y de convertir en un símbolo claro la decisión de no participar en la contienda.

En tal sentido, oportuno es recordar  que cuando el ciudadano ha salido a votar ha tomado la calle y ha asumido la participación como herramienta de expresión del 333 y 350 de la Constitución, ha sido porque hubo en ese momento un espíritu de unidad que motivó y justificó, en valores y principios políticos, la participación: para recabar el 1% de firmas y la legitimación de los partidos.

Por su parte, la Unidad, como respuesta a las elecciones del 10 de diciembre, publicó un comunicado en el cual destacó que mientras no haya inclusión, transparencia e igualdad de condiciones en el proceso electoral, no será posible hablar de elecciones creíbles en Venezuela. Además, denunció que esas elecciones se realizaron fuera del marco constitucional y, en consecuencia, lo que se vivió el 10 de diciembre no puede calificarse como verdaderas elecciones.[3]

Como era de esperarse, el régimen intenta hacer ver que la jornada del 10D fue exitosa. En tal sentido, Jorge Rodríguez afirmó que nunca antes una fuerza política había obtenido una victoria de esa naturaleza: 71% de los votos totales y 308 alcaldías[4]. Por su parte, Nicolás Maduro  destacó en unas declaraciones que esas elecciones demostraron que el chavismo es una fuerza, una realidad, que no puede seguir siendo subestimada en el mundo y por la derecha.  Así mismo, advirtió a la oposición que el peor error que comete es subestimar la fuerza y el poder del chavismo[5].

Frente a un intento de generar una percepción de su fortalecimiento en un proceso electoral tan poco confiable, el régimen lanzó los siguientes anuncios, que deben ser cuidadosamente analizados porque representan un intento más por imponer el inviable y fracasado modelo comunal en el país. Esos anuncios fueron:

1.- La amenaza de Nicolás Maduro de hacer desaparecer del mapa político venezolano a los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia. Este anuncio lo hizo escudándose en apoyar la posición de la Asamblea Nacional Constituyente en relación con los partidos que no participaron en estas elecciones de alcaldes.

2.- Fijó públicamente el sábado 16 de diciembre una reunión de trabajo con los alcaldes y gobernadores, para construir un plan de trabajo, en cuyo contenido se atenderán las dificultades en los servicios de transporte, suministro de agua, abastecimiento de alimentos, etc….[6]

¿Cuál será la posición y el rol de los alcaldes de oposición frente a ese plan de trabajo? No debe sorprender que el resultado de ese taller sea una nueva versión del Plan de la Patria. No hay que olvidar que en noviembre Nicolás Maduro anunció la necesidad de construir un Plan de la Patria II.[7]

Las distintas declaraciones del Presidente permiten entender que en ese plan de trabajo se abordarán temas que tienen directa relación con el modelo comunal, a saber:

a- La conformación de una ciudad comunal del Siglo XXI, anunciada desde el mes de noviembre 2017[8].

b- La implantación de un modelo económico comunal –rescatando nuevamente la figura de los bancos comunales– pero uniéndolo a eso que ha llamado la criptomoneda venezolana[9].

Es oportuno recordar que ante la crisis financiera en Argentina, dicen los estudios, el trueque funcionó y alivió a los sectores populares para poder subsistir ante el problema de la circulación del dinero y la necesidad de intercambiar bienes y servicios. El trueque y la moneda comunal fueron incorporados como instrumentos de la economía comunal en el año 2008 mediante un Decreto Presidencial. ¿Impondrán esos instrumentos ante la escasez del dinero y la hiperinflación?

Foto: Reuters

3-  Por último, se anunció la juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente de los alcaldes electos. En principio, se advirtió que tal acto se realizaría en los propios concejos municipales con la presencia de los llamados constituyentes, y luego se anunció un cambio en la estrategia llevando el acto a un nivel estadal, pero garantizando que se haga frente a una representación de la ANC.[10] Un acto político donde, nuevamente, se evidencia la inobservancia de las formalidades básicas de nuestra tradición democrática.

El modelo de Estado federal descentralizado y la autonomía municipal perdieron dos rounds importantes el 15 de octubre y el 10 de diciembre, pero ello no significa que la batalla cívica por recuperar el orden constitucional y democrático se ha perdido totalmente.

Frente a esta realidad y la amenaza contra los partidos, la sociedad civil tiene la urgente tarea de asumir la organización cívica, local o comunitaria,  como herramienta efectiva para responder a los enormes desafíos que supone un Estado que intenta controlar a sus ciudadanos con hambre, escasez y miseria, y que pretende arrasar con toda forma de organización política existente. La última palabra está en manos de quienes decimos ser ciudadanos.

 

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