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Miguel Ángel Martínez Meucci

14 de diciembre de 2017

Mientras mayor sea la vigencia de las normas, menor tenderá a ser el número de conflictos que deban resolverse por la vía de la negociación. La resolución o manejo de conflictos mediante negociaciones se produce cuando un tema no está regulado por una ley vigente, o cuando esa norma no es respetada o reconocida como tal, sin que el uso de la fuerza pueda obligar a su cumplimiento. El conflicto político, cuando alcanza estas dimensiones, se produce entre fuerzas que no están dispuestas a acatar la misma norma y la negociación sólo tenderá a solventar dicho conflicto en la medida en que las partes sean capaces de comprometerse con el acatamiento de una norma común, sea ésta antigua o fruto de las negociaciones. En caso contrario, el conflicto tenderá a perpetuarse en el tiempo.

A veces, las partes negociadoras no cederán al punto de comprometerse con una misma norma para dirimir sus diferencias, pero podrán, no obstante, acordar un modus vivendi, unos términos mínimos de coexistencia que permitan regularizar el conflicto en vez de resolverlo. En líneas generales, un acuerdo de este tipo tenderá a mantener el statu quo.

Los criterios para juzgar si un acuerdo negociado es positivo son múltiples y dependen, en buena medida, del punto de vista de quien los juzgue. Lo que para algunos puede resultar bueno, para otros puede parecer un absoluto desastre. Desde un punto de vista puramente técnico un buen acuerdo sería aquel que termina comprometiendo efectivamente a las partes con el cumplimiento de ciertos puntos que resultan de algún modo beneficiosos para todos los actores involucrados. En el caso de conflictos violentos, un buen acuerdo debería reducir la violencia y el sufrimiento de las personas que forman parte del mismo.

Pero, por otro lado, también es posible señalar que un acuerdo, para ser considerado como “bueno”, debería satisfacer en alguna medida los requerimientos de un criterio más o menos universal de justicia en una coyuntura dada. En caso contrario, crecerá la posibilidad de que el acuerdo no logre comprometer a la mayor parte de los involucrados, resultando frágil e inútil al cabo de un cierto tiempo o que, sencillamente, represente la imposición del más violento.

En virtud de lo anterior, y dado que la negociación es un medio y no un fin en sí misma, lo que la hace exitosa no es la intención que la anima (supongamos que ésta es siempre la mejor, o que por lo menos manifiesta la voluntad de dirimir pacíficamente el conflicto) sino, sobre todo, la capacidad de las partes para alcanzar resultados concretos que mejoren en alguna medida su posición actual, o que al menos impidan que la misma se deteriore mucho más. Ahora bien, para obtener tales ganancias (o cese de pérdidas) se requiere alguna fuerza o poder de negociación, y esto no es más que una expresión del poder con el que cuenta la parte negociadora fuera de la mesa de negociaciones: la cantidad y fortaleza de las voluntades y recursos que es capaz de concertar tras de sí.

De lo anterior se desprende que las negociaciones que se desarrollan actualmente en República Dominicana, entre la oposición democrática y el régimen chavista, no serán buenas para la oposición y la ciudadanía por el sólo hecho de asistir a ellas sino en función de los resultados que se puedan alcanzar. En tal sentido, y considerando que en estos momentos la oposición no tiene prácticamente ningún poder de negociación, es difícil pensar que ésta pueda obtener por sí misma algún resultado provechoso en términos estratégicos. Es decir, que sea capaz de mejorar su posición en la lucha por alcanzar sus objetivos. Sí podría alcanzar, no obstante, el tipo de resultados que están a la mano de una fuerza previamente derrotada en el conflicto: liberación de prisioneros, reconocimiento formal (disminuido) que permita su existencia posconflicto y términos aceptables que establezcan un nuevo modus vivendi dentro de las condiciones que impone el vencedor. Vae victis…

Foto: El Nuevo Diario

La única posibilidad de que esto no sea así pasa por la eventualidad de que lo que habitualmente damos en llamar “comunidad internacional” juegue en República Dominicana un papel que vaya mucho más allá de la facilitación/mediación en el conflicto. Dicho de otra manera, el único modo de que las negociaciones en curso no sean una pura rendición es que la comunidad internacional decida jugar para alcanzar objetivos propios, compatibles con los de la oposición venezolana. En ese caso, el poder de negociación de varios países sí podría forzar al régimen chavista a realizar concesiones de algún tipo.

Ahora bien, ¿qué interesa a las partes en conflicto, suponiendo que la comunidad internacional es ahora parte negociadora y no simple mediador? El régimen de Maduro quiere que se levanten las sanciones internacionales (lo cual le permitiría acceder, nuevamente, a los mercados financieros mundiales) y busca el reconocimiento de su Asamblea Constituyente, designada a través de un proceso totalmente irregular y fraudulento. A su vez, a la comunidad internacional le interesa la estabilidad democrática en Venezuela (o la sola estabilidad, en el peor de los casos), el cese o disminución de la descontrolada migración de venezolanos a países de Occidente, el pago de las deudas contraídas por el Estado venezolano y la contención de las actividades delictivas transnacionales que la administración chavista ha tolerado o propiciado sin sonrojo. Por su parte, la oposición venezolana quiere elecciones (concretamente unas presidenciales en 2018) con garantías, liberación de presos políticos y apertura del canal humanitario.

De momento, para la comunidad internacional resulta inaceptable tanto el reconocimiento de la Asamblea Constituyente como el retiro de las sanciones impuestas al régimen de Maduro. Por el contrario, se considera necesario que Venezuela no se consolide como Estado “paria”, “forajido” y/o “fallido”, ajeno a las normas y consensos básicos de la comunidad hemisférica, ya que semejante condición representa un riesgo difícil de determinar con precisión, pero en todo caso, creciente para los países vecinos y algunos no tan vecinos. De ahí que la pugna sea por restablecer condiciones mínimamente democráticas en el funcionamiento del Estado venezolano. Si, hasta ahora, el entorno internacional democrático había pretendido convivir con un autoritarismo competitivo relativamente rico en recursos, hoy parece considerar que la única solución viable pasa por la recuperación de las instituciones democráticas en Venezuela antes de que su deterioro se vuelva virtualmente irreversible. No obstante, ¿se cuenta con un plan para ello? ¿Están dispuestos nuestros vecinos a invertir seria y conjuntamente en un plan semejante?

Frente a lo anterior, para el régimen de Maduro resulta vital fortalecer cuanto antes un sistema de relaciones exteriores lo más alejado que sea posible del circuito de las democracias occidentales. Su aspiración es quedar completamente englobado dentro de la esfera de los regímenes no democráticos del mundo, o al menos vincularse con aquellos actores internacionales para los cuales la democracia no es un imperativo funcional. El problema, hasta ahora, es que ese apoyo garantizado por La Habana, Teherán, Minsk o Ankara, es buscado con ahínco en Moscú y Pekín, pero en el caso de las grandes potencias rusa y china parece ser insuficiente o estar condicionado por diversos factores. El régimen chavista ha demostrado ser absolutamente irresponsable en sus manejos financieros, lo cual lo hace un pésimo socio en múltiples aspectos. Para rusos y chinos invertir económica y políticamente en Venezuela es una apuesta que entraña, no sólo riesgos financieros, sino también diplomáticos frente a Occidente. Está en manos de sus estrategas decidir si el premio vale o no la pena.

En cuanto a la oposición venezolana, visiblemente disminuida –sin capacidad inmediata para movilizar a la ciudadanía (ni a la calle ni a las urnas) y, por ende, sin poder de negociación–, sus mejores oportunidades para un acuerdo negociado, en las condiciones actuales, pasan por aprovechar el viento de popa y la estela que proporciona la comunidad internacional democrática para demandar elecciones presidenciales con mínimas garantías. Le quedaría luego lograr la postulación de un candidato unitario. No obstante, está claro que para el chavismo esto sería un suicidio y todo parece indicar que ninguna medida de presión eminentemente pacífica sería suficiente para que sus dirigentes acepten tales términos en un acuerdo negociado. Igualmente suicida resultaría para la oposición el reconocimiento de la Asamblea Constituyente de Maduro, pues ello implicaría perder la Constitución como el referente ineludible e incuestionable de toda su lucha democrática, sometiéndose, de modo explícito y definitivo, a partir de ahora al carrusel de las arbitrariedades del régimen.

En principio, no se percibe una zona de acuerdo posible para los objetivos estratégicos de las partes involucradas en la negociación, sobre todo en lo que se refiere a la oposición venezolana y a la comunidad internacional. Sólo parecen factibles acuerdos en temas no estratégicos, esto es, no conducentes a un cambio en las raíces del conflicto y orientados más bien al establecimiento de un modus vivendi con pocas probabilidades de modificar el actual statu quo. Precisamente por eso, el mayor riesgo para los venezolanos es que estas negociaciones conduzcan a un acuerdo que, en caso de producirse, sería de corto alcance, relativamente forzado y muy pragmático: un acuerdo que contemple algunas mejoras menores en las condiciones electorales (sin plenas garantías), en la entrada de alimentos y el manejo de algunos temas migratorios, el pago de algunas deudas pendientes a los acreedores extranjeros y la liberación de una parte de los presos políticos.

A pesar de todo, ¿podría ser suficiente esa pequeña ventana para que la oposición propicie o se acerque de algún modo a un cambio de régimen? ¿Constituye un paso adelante en la estrategia del régimen en su intento por “normalizar” la situación y obtener algún tipo de reconocimiento interno y externo? ¿Es mejor obtener esto que no obtener nada, o más bien se le da oxígeno y tiempo al régimen para seguir consolidando su autocracia? El sentido de nuestras acciones sólo se hace plenamente visible con el paso del tiempo, de modo que en estos momentos resulta aventurado hacer afirmaciones tajantes. No obstante, el hecho de que la oposición se encuentre en una posición débil a la hora de negociar, aunada a los resultados de las negociaciones precedentes con el chavismo, hace que en un contexto de aguda depauperación los venezolanos debamos esperar demasiado de la benevolencia internacional, y eso, de entrada, no es bueno.

@martinezmeucci