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Y pasó el 23 de enero, sin pena y sin gloria

Foto: Reuters

Carlos Romero Mendoza

25 de enero de 2018

Pasó el 23 de enero y claramente el olvido se impuso. El significado del 23 de enero de 1958 no logró encontrar espacio y, menos aún, sirvió de motivación para que a nivel nacional se recordara aquella fecha que marcó la historia venezolana y que abrió una proceso político que permitió a los venezolanos experimentar la vida en democracia.

Como nos dijo el profesor Luis Castro Leiva, como orador de orden el 23 de enero de 1998 en el Congreso, el 23 de enero de 1958 significó mucho más que la caída de un dictador. Fue el inicio de un período que procuró construir una democracia en una república, sustentada en la idea y la práctica de “vivir en común”.

A partir de 1958 –nos recordó Castro Leiva– la sociedad venezolana empezó a escribir unas páginas democráticas en las cuales se pueden valorar y evaluar las diferencias morales y políticas, de naturaleza sustantiva, que hay entre aquella  paz que ofrecieron Monagas, Guzmán Blanco, Crespo, Castro, Gómez y Pérez Jiménez; la paz que empezó a labrarse aquel 23 de enero de 1958 y la paz a la que Nicolás Maduro se refiere al advertir que garantizará la paz en Venezuela.

Para vivir en común, de manera armónica, claramente el país necesita recuperar la paz en la convivencia, y sólo así podrá restaurar niveles adecuados de cohesión social para empezar a construir la ruta hacia el desarrollo compartido.

La posibilidad de un desarrollo compartido empezó a resquebrajarse desde que en el 2004 aparecieron los Consejos Comunales como forma de organización comunitaria, antes incluso de que hubiera ley alguna que los regulara. A través de ese modelo de organización se fue debilitando el voto como herramienta de participación política.

El modelo asambleario fue imponiéndose sin contención suficiente y sin reacción de la dirigencia política. Luego, la eliminación del voto directo, secreto y universal para la elección de Juntas Parroquiales, advertía de un grave avance en esa estrategia de debilitar el voto, hasta que hoy el voto terminó siendo la única herramienta que nos queda para participar en condiciones de igualdad, cuando la Asamblea Nacional Constituyente así lo impone de manera ilegítima e inconstitucional.

Ese voto directo, secreto y universal que ha quedado subordinado a la voluntad de la Constituyente, en 1958 fue la fuente de legitimidad de un Congreso que, en 1959, en sus palabras de apertura de la gestión legislativa, se comprometió con sus electores a asumir como urgencia la elaboración de una nueva Constitución para organizar el Estado democrático, atendiendo así al interés supremo del país.

Sin constituyente alguna y con la legitimidad del voto, la Constitución de 1961 –a la que calificaron como “moribunda”– ha sido hasta la fecha la más longeva de todas las Constituciones que ha tenido Venezuela.

Irónicamente, aquella democracia representativa, sostenida en el marco de la Constitución de 1961, logró excelentes ejemplos de inclusión ciudadana en los asuntos públicos a través de las asociaciones de vecinos. Fue ejemplo en la organización y celebración de procesos electorales, facilitó el camino hacia la descentralización política con la elección de alcaldes y gobernadores a través del voto directo, secreto y universal; impulsó la justicia de paz en las comunidades y fue, además, el marco constitucional que permitió el enjuiciamiento de un Presidente en funciones y una transición política en la que se respetaron, de manera cuidadosa y rigurosa, las normas constitucionales que regulaban las ausencias temporales y absolutas del Presidente de la República.

Todos esos logros se han perdido en una democracia llamada “participativa”, con una Constitución producto de una Constituyente, ratificada en 2007 cuando se dijo No a su reforma.

La Constitución de 1961 es reivindicada cada día que pasa con las acciones del Gobierno y con la libertad y la paz que experimentó la sociedad venezolana a partir de 1958. Eso marca claramente la diferencia con la supuesta democracia participativa.

Aquellos diputados y senadores electos en 1958 cumplieron con Venezuela cuando un 23 de enero de 1961 se promulgó la nueva Constitución. Sus herederos, aquellos parlamentarios de 1992 no lograron concretar la voluntad política para impulsar los cambios políticos e institucionales a través de una reforma general de la Constitución. Esa tarea pendiente la capitalizó estratégicamente Hugo Chávez y se apropió de esa necesidad, para llevarnos a un proceso constituyente.

Foto: Archivo

Hoy, aquel Congreso bicameral no existe, pero la Asamblea Nacional, legítimamente electa, está integrada por otros herederos de aquellos diputados y senadores de 1959 y tienen en sus manos el deber ético y político de restituir la unidad para lograr el cambio político que demanda la nación, tal y  como lo señaló el diputado Omar Barboza, presidente de la Asamblea Nacional en enero de 2018.

La voluntad política de los parlamentarios de 1959 fue clave y fundamental en aquel proceso. Hoy, los herederos de aquellos parlamentarios vuelven a ostentar la legitimidad suficiente para asumir un rol de facilitadores políticos en un proceso de restitución de la unidad y de defensa de la esperanza de los venezolanos, como les señaló Ramón Guillermo Aveledo, en sus palabras como orador de orden el pasado 23 de enero.

El 23 de enero 2018 pasó de largo para la mayoría de la sociedad democrática venezolana, mientras que el régimen lo aprovechó para reinterpretar la historia a su manera e impulsar una estrategia electoral que tuvo su máxima expresión con el anuncio de las elecciones presidenciales antes de mayo 2018. Por su parte, nuestra Asamblea Nacional, lejos de reivindicar pedagógicamente esa fecha, respondió de manera tradicional, con un acto solemne que realmente no trascendió las paredes del Palacio Federal.

No son tiempos de democracia, son tiempos de acompañar a la gente, de rescatar la política del debate, de la discusión, negociación y construcción de consensos, de buscar en cada fecha histórica aquel legado que nos inspire y motive a exigir, reclamar y no permitir que nos roben nuestra condición de ciudadanos libres.

Este 23 de enero se sintió la ausencia del discurso pedagógico, inspirador, de tantos hombres y mujeres que a lo largo y ancho del país, tan sólo semanas atrás, habían puesto su nombre para postularse a gobernadores y alcaldes, en defensa de la democracia. Así mismo, tantas organizaciones con fines políticos que siempre participan en los tarjetones electorales, perdieron la oportunidad de retomar los espacios públicos y reivindicar la política. Como dijo Castro Leiva, este 23 de enero “celebramos el olvido”.

Por último, es oportuno destacar que es un buen síntoma que la gran mayoría de partidos políticos haya asumido el compromiso de validar la tarjeta de la MUD como símbolo electoral en esta lucha pacífica y cívica. Ahora, sólo queda participar para lograr esa finalidad y que ese acto sea el inicio de un proceso político de consolidación de una unidad real, así sea imperfecta. Es urgente.

@carome31

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