Opinión y análisis

Asambleas de ciudadanos, estrategias y el derecho a la democracia

Foto: EFE

Carlos Romero Mendoza

30 de abril de 2018
 
En estos tiempos tan difíciles no nos pueden confiscar la capacidad de gritar con fuerza y decir con mucha contundencia que los venezolanos tenemos el derecho a la democracia, tal y como expresamente nos recuerda el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana.
 
Ese instrumento jurídico internacional reconoce que la democracia es esencial para lograr que las sociedades alcancen su desarrollo político, social y económico. Advierte que su pleno ejercicio será posible cuando la participación se asuma como un derecho que se ejerce de manera permanente, responsable y éticamente orientado al desarrollo de los propios ciudadanos.
 
Para la Carta Democrática Interamericana la participación ciudadana, ejercida en el marco del orden constitucional respectivo, representa una herramienta efectiva para reforzar la democracia representativa.
 
En tal sentido, las asambleas de ciudadanos, reconocidas en el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, representan esa herramienta útil de participación ciudadana que podría ser asumida estratégicamente como fuente de la soberanía popular para construir las bases legítimas de un acuerdo nacional sobre el cual edificar un compromiso unitario, urgente y necesario, a los fines de restaurar niveles básicos de confianza y sentar la bases para lograr un mínimo de cohesión social.
 
Ya no hay tiempo para ir a asambleas a escuchar a expertos y evaluar diagnósticos sobre la naturaleza del régimen. Es el momento de hacer de las asambleas de ciudadanos el espacio para que la participación trascienda al reclamo cívico sin abandonarlo; para que la participación supere la organización meramente electoral, para ampliar su dimensión hacia la búsqueda de conformar una fuerza que, articuladamente con la Asamblea Nacional, logre impulsar un proceso de construcción de consensos sobre los asuntos públicos que deben ser abordados responsablemente para enfrentar los desafíos que hoy tenemos.
 
Es necesario reivindicar, en la práctica, los artículos 52 y 62 de la Constitución Nacional. Ellos permiten comprender mejor el mandato del artículo 333 de la Constitución y sirven de base para fundamentar, de manera política y jurídica, las asambleas de ciudadanos como espacios efectivos para el reencuentro y la organización política de la sociedad.
 
En este sentido, en cada municipio del país una asamblea de ciudadanos –con la presencia de su diputado electo y a través de un manifiesto público debidamente aprobado por los ciudadanos–podría impulsar la relegitimación y el respaldo popular a las acciones que la Asamblea Nacional ha impulsado para la reivindicación de nuestro derecho a la democracia.   
 
Qué oportuno resultaría que con espíritu unitario, a lo largo y ancho del país, se impulsaran asambleas de ciudadanos orientadas, de manera coherente, a respaldar y relegitimar, en principio, tres acuerdos fundamentales aprobados por la Asamblea Nacional: el que declaró la ruptura del orden constitucional y democrático; el que declaró la responsabilidad política del Presidente y el abandono de sus funciones constitucionales y el que autorizó el enjuiciamiento del Presidente por los hechos de corrupción que se denunciaron.
 
Varios actos políticos de esa naturaleza –descentralizados, estratégicamente estructurados y respaldados por el marco constitucional– contribuirían a reivindicar los valores y principios sobre los cuales se debe activar la soberanía popular. Además, permitirían reiterar en momentos electorales ante los ojos del mundo y del propio Gobierno, el respaldo popular al único Poder Público que ostenta la legitimidad suficiente para restaurar la democracia y la plena vigencia de la Constitución. También sería un ejercicio de renovación del compromiso político de la Asamblea Nacional con el país en general.
 

Ese ejercicio cívico que se plantea en las líneas previas podría complementarse con un proceso estratégico de debate y  construcción de consensos, buscando sembrar las bases de un acuerdo nacional que podría tener una incuestionable legitimidad, si en cada municipio los actores de la sociedad civil lo suscriben formalmente como demostración de acuerdo y es sometido públicamente a la aprobación de los electores, como expresión clara de la soberanía popular. La Asamblea Nacional debería ser la destinataria de esos manifiestos y de esos consensos. Además, deberían sistematizarse mediante el debate parlamentario que necesariamente concluiría en la aprobación de un acuerdo nacional para la reconstrucción del país.

Foto: La Patilla

 

 
Ese acuerdo podría suplir el vacío que percibe y reclama constantemente la sociedad civil por la ausencia de un proyecto de país compartido. Además, podría servir de referencia política para confrontar con ideas y propuestas la renovación del Plan de la Patria y una eventual reforma constitucional. Ambas propuestas no pueden ser subestimadas pues están previstas en la hoja de ruta del Gobierno nacional.
 
En cada asamblea de ciudadanos, en cada manifiesto cívico, así como en el acuerdo que debería aprobar la Asamblea Nacional para concretar esta estrategia participativa, debería quedar expresamente señalado el compromiso irrestricto con el artículo 333 de la Constitución y con la participación ciudadana a los fines de restaurar los cinco elementos esenciales de la democracia representativa reconocidos por la Carta Democrática Interamericana, a saber:
 
1. Respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.
2. Acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho.
3. Celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de soberanía del pueblo.
4.  Régimen plural de partidos y organizaciones políticas.
5.  Separación e independencia de los poderes públicos.
 
Sin esos elementos no hay democracia representativa y eso lo estamos experimentando con mucha crudeza en la actualidad. La participación a través de las asambleas de ciudadanos debería sensibilizar a la sociedad sobre el valor de esos cinco elementos para la tarea de afrontar con responsabilidad los desafíos que supone la urgencia que demanda aquellos asuntos públicos que hoy agobian y deterioran la calidad de vida de cada uno de los venezolanos.
 
Los problemas de la escasez del agua, de la inexistencia de instituciones públicas con capacidad de atender las necesidades básicas, el deterioro de nuestras ciudades por falta de recursos financieros para responder al mantenimiento y cuidado adecuado, la pobreza que va minando nuestra sociedad, son algunos de esos asuntos públicos que nos agobian. Esos temas están directamente relacionados con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible y podrían ser asumidos como una referencia oportuna para facilitar el debate político sobre los asuntos públicos, priorizarlos y enmarcarlos en las metas globales que la ONU ha aceptado formalmente.
 
Impulsar, en medio de un proceso electoral, asambleas de ciudadanos para que la participación sirva de herramienta para la construcción de un acuerdo sobre la reconstrucción, inspirado en los cinco elementos de la democracia representativa ya mencionados y adecuado a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, nos permitiría asumir el día después del 20 de mayo de una forma proactiva. A pulso y con constancia, con participación y estrategia, podremos ir recuperando nuestro derecho a la democracia, pero es esencial un acuerdo formal de unidad.
 
 
El autor es abogado (Universidad Católica del Táchira) con especialización en Derecho Administrativo. Excoordinador en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado del área Políticas Institucionales.

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