Mesa de Análisis

Cinco dilemas y una certeza (I)

Foto: La Razón

Miguel Ángel Martínez Meucci

18 de mayo de 2018

Hay ciertas ideas en torno a las cuales los venezolanos estamos fundamental y mayoritariamente de acuerdo con respecto a la actual situación política. La que cabría considerar como primera y fundamental es más que obvia: el país no puede seguir como está. La segunda es (o debería ser) casi tan obvia como la anterior: el país está como está porque despóticamente lo domina una camarilla criminal que cercena las libertades de los demás. La tercera quizás aglutine un menor consenso que las anteriores, pero sigue siendo compartida por la mayoría: el cambio deseado pasa por recuperar el ejercicio institucional de la democracia perdida.

A partir de ahí, numerosas diferencias comienzan a dividir a la opinión pública y al liderazgo político. Algunos consideran que las respuestas a las demandas de cambio implícitas en los tres puntos señalados son esencialmente factibles dentro del actual sistema político y económico, de modo que la tarea sería “optimizarlo” o “hacerlo más eficiente”, mientras otros sostienen que el sistema en sí mismo es la raíz de los problemas y debe ser modificado por completo. Unos aseguran que la vía de salida de la autocracia puede ser al mismo tiempo “pacífica, constitucional, democrática y electoral”; otros consideran que es virtualmente imposible cambiar las cosas cumpliendo, de modo simultáneo, con esos cuatro requisitos. También hay diferencias entre quienes sostienen que es posible avanzar con el actual entramado constitucional y legal, mientras otros apuestan por profundas modificaciones en tal sentido. Por otro lado, en tanto algunos afirman que hay que votar siempre, otros distinguen en función del contexto y las condiciones…

Y así, en la medida en que vamos pasando del “qué” al “cómo”, las cosas se van complicando y el nivel de acuerdo entre los venezolanos tiende a reducirse. Es, después de todo, algo muy natural, dado que este tipo de tránsito implica pasar de la esfera relativamente etérea de los deseos y anhelos al terreno mucho más duro, pragmático y realista de las acciones. Y, más concretamente, de las acciones “con arreglo a fines”, si queremos emplear la terminología de Weber; esto es, de las acciones racional y deliberadamente orientadas a la consecución de objetivos concretos. La acción, y sobre todo la acción colectiva, demanda de nosotros un mínimo de coherencia, la cual usualmente se expresa en la correspondencia que seamos capaces de establecer entre nuestra interpretación de la realidad actual, nuestra definición de los fines a alcanzar y nuestra evaluación/adecuación de los medios disponibles y/o necesarios para ello.

Y aunque la realidad humana y social no siempre se rija, ella misma, por una estructura que pudiéramos considerar como plena o intrínsecamente lógica (dado que es intersubjetiva: surge como consecuencia de la interacción impredecible entre innumerables sujetos, de seres dotados de necesidades, razón, emociones y libre albedrío), sí es cierto que la acción orientada a articular la voluntad de muchos en pos de un mismo objetivo (o lo que es lo mismo, la acción orientada a generar poder) ha de responder a una estructura lógica que se articula siempre como discurso (λóγος). Sin propuesta lógicamente articulada en discurso no hay acción política racional capaz de generar poder. Y de la consistencia lógica de dicho discurso dependerán en buena medida su inteligibilidad, comunicabilidad, credibilidad y factibilidad: en la práctica, su capacidad para concertar voluntades y materializarse en los hechos.

Podrá sostenerse, con razón, que no todo en política obedece a la razón y a la lógica. No obstante, aunque las acciones relativa o aparentemente ilógicas (o alógicas) puedan tener, sin lugar a dudas, un poderoso impacto en el curso de los hechos, por lo general no desarrollan la capacidad para fundar un sólido y perdurable poder/orden político. De allí que la capacidad de convencer de un político suela estar muy relacionada con su habilidad para generar narrativas y dotar de sentido el curso aparentemente caótico de los hechos: quien explica de modo convincente el pasado cercano y lejano cuenta también con una notable ventaja para concertar voluntades en el presente y convertirse en protagonista de la construcción del futuro.

Lo anterior permite comprender la diferencia que existe entre los estadistas y los demás miembros de la clase política. El estadista cuenta con habilidades superlativas para el ejercicio de la política porque es más capaz que otros, por una parte, de comprender o explicar (Verstand), pero sobre todo de encontrar sentido (Vernunft) en una realidad móvil, cambiante y confusa, marcada por el hecho intrínseco de la política que es la pluralidad de opiniones, intereses y valores. Se trata de una distinción comentada por Hannah Arendt y que aquí vinculamos con el oficio del estadista. Cuando decimos “comprender” nos referimos a la capacidad de explicar(se) satisfactoriamente la razón de ser de las cosas, mientras que “dar sentido”, en este caso, quiere decir tanto (de)mostrar los hechos de forma comprensible a los demás como idear una dirección sensata, factible, pertinente, conveniente y esperanzadora a partir de los mismos. El estadista persuade porque, en una medida mucho mayor que los demás políticos, es capaz de observar, pensar, interpretar, comunicar, persuadir, prefigurar y organizar, ofreciendo respuestas que convencen, entusiasman y congregan voluntades en el marco de historias que dan sentido a las dificultades de la realidad (narrativas), satisfaciendo así tanto los anhelos de la razón como los del corazón (y del estómago, por supuesto).

Éstas son, precisamente, las habilidades que fallan y se echan en falta cuando lo que predomina en la esfera pública es el desconcierto, la incapacidad para ponerse de acuerdo incluso cuando existen grandes sentimientos e ideas generales compartidos por la mayor parte de la población, pero que no encuentran interpretaciones ni relatos capaces de aglutinar voluntades y abrir senderos para la acción concertada. En el caso de la Venezuela de hoy, está claro que el régimen que oprime al país ha procurado llevarnos a semejante desconcierto, pero ante ello es necesario reaccionar. A los venezolanos literalmente se nos va la vida en ello. Es momento como nunca para lo que los anglosajones denominan statesmanship, el oficio del estadista, de esas personas que establecen puentes entre el sentimiento, la comprensión, el sentido y la acción.

La labor de quienes sobre todo observamos e intentamos comprender es mucho más modesta. En el mejor de los casos, propiciamos reflexiones colectivas de las que, con algo de suerte, quizás surjan ideas que ayuden a nuestras sociedades a encontrar mejores caminos. En este sentido, lo que hemos expresado en las líneas anteriores se puede resumir del siguiente modo: a pesar de que existen grandes anhelos compartidos por la enorme mayoría de los venezolanos, persisten grandes diferencias de interpretación que dificultan su acción concertada; por lo tanto se requiere un relato/interpretación que permita al mismo tiempo comprender, orientar y congregar voluntades para la acción, lo cual constituye una labor propia de estadistas. En las líneas que siguen intentaremos abordar lo que consideramos como una dificultad en la interpretación/discurso político que predomina en estos momentos y plantearemos la idea de que quizás sea posible y útil el ejercicio de reenfocar los dilemas que actualmente dividen a la opinión pública, entorpeciendo la concertación de voluntades que genera poder.

Tal como se viene presentando a los ciudadanos la interpretación de la terrible situación actual, las interrogantes del presente parecen reducirse a dilemas tales como ser chavista o antichavista, votar o no votar (o su variante “o votamos o nos matamos”), o aprovechar o no los espacios y recursos (desde la candidatura presidencial hasta una caja del CLAP) que ofrece o deja abiertos el régimen actual. Se observa entonces que la realidad política, en tanto circunstancia que exige de nosotros el juicio y la acción, y tal como se nos es presentada por el grueso de la clase política (en su necesario papel de intérpretes de realidades y abridores de caminos), aparece de momento como un conjunto de dilemas entre opciones sumamente concretas, imperiosas, urgentes y en general desprovistas de perspectiva, energía, capacidad narrativa y profundidad espiritual, sin que a menudo se ofrezca mayor examen de las implicaciones de cada una de ellas.

Se sostiene en ocasiones que el discurso político debe mantenerse en ese nivel de concreción porque la gente común no entiende de abstracciones. Cabe, no obstante, preguntarse si no será más bien al revés; si no será que buena parte de nuestros políticos carece de lo necesario para tocar las fibras más sensibles de las personas en situaciones tan aciagas como las actuales. Quizás sea una ingenuidad de mi parte, o un error de apreciación, pero personalmente considero que los seres humanos responden de modos sorprendentes y son capaces de lo que en apariencia es imposible cuando emerge un liderazgo capaz de realizar las funciones anteriormente señaladas y convertirse en un vector de las secretas corrientes que mueven a los pueblos.

Suponiendo que lo hasta aquí expuesto pueda considerarse como cierto o relativamente válido, quizás revestiría alguna utilidad el ejercicio de proponer debates que vayan más allá de lo inmediato, y no porque no exista una urgencia absoluta de encontrar una vía de salida, sino precisamente porque la hay. Me refiero a la necesidad de pensar, no tanto en la sucesión mecánica de pasos a dar para cambiar las cosas, sino en plantear los cuadrantes generales necesarios para albergar una discusión que facilite el surgimiento de una visión de futuro más o menos definida y palpable, a partir de la cual sea posible imaginar posibles cursos de acción para materializarla. En tal sentido se perfilan aquí cinco dilemas y una certeza.

Con respecto a los dilemas planteados a continuación cabe señalar que no son los únicos desde los cuales es posible pensar el cambio político, pero sí resultan en todo caso ineludibles a la hora de afrontar semejante reto. Como dilemas que son, expresan la necesidad de decidir ante situaciones que ofrecen una alta variabilidad y múltiples opciones para la acción, con sus consiguientes costos materiales, morales, políticos y humanos.

Foto El Venezolano

El primero de los dilemas aquí planteados es: ¿en qué medida deberían modificarse las instituciones del Estado venezolano para propiciar y sostener un cambio democratizador? Los más conservadores opinan que con las actuales Constitución, leyes e instancias oficiales creadas por el chavismo es posible gobernar una transición a la democracia, mientras los más radicales han llegado a proponer la realización de una nueva asamblea constituyente para cambiar toda la estructura del Estado.

El segundo dilema tiene que ver con cuánto Estado hace falta para redemocratizar a Venezuela y recuperar su prosperidad perdida. Si bien algunos consideran que el problema con el Estado actual es que se hizo corrupto e ineficiente pero que en esencia refleja una perspectiva adecuada, otros piensan que es imprescindible reducir ostensiblemente el tamaño del Estado, aunque fortaleciendo sus capacidades para atender las áreas de su competencia.

El tercer dilema que consideramos ineludible tiene que ver con cuánto consenso hace falta para propiciar un cambio democratizador y enriquecedor de la sociedad venezolana. Si bien para algunos resulta obvio que lo ideal es contar con el consenso más amplio posible, la realidad de las cosas demuestra que, a veces, consensos demasiado amplios impiden cualquier operatividad y eficacia a la hora de pasar a la acción, o que a veces se gestan consensos extraordinariamente fuertes que favorecen mucho más el inmovilismo que el cambio como tal. Particular atención en este sentido merece la posibilidad de establecer consensos entre fuerzas pertenecientes a bandos opuestos y las opciones reales de cambio que ello significa en un caso como el de la Venezuela actual.

Un cuarto dilema tiene ver con cuántos actos delictivos cometidos por los personeros del régimen saliente cabe pasar por alto, olvidar o perdonar. Existe, por ejemplo, una gran polémica en torno al tema de la justicia transicional, esa justicia específicamente diseñada para juzgar los complejos hechos que se relacionan con un cambio de régimen político, situación en la que necesariamente los principios prácticos a partir de los cuales operan los órganos jurídicos cambian de modo importante. Es difícil sostener hasta qué punto el olvido y/o la impunidad favorecen la estabilidad del nuevo régimen, o en qué medida puede esperarse el perdón por parte de los agraviados cuando quienes salen del Estado no han mostrado arrepentimiento alguno. También cabe preguntarse si una sociedad que no examina sus episodios más críticos ni juzga a los responsables de los principales delitos puede aprender de sus errores colectivos.

Por último, un quinto dilema gira en torno a cuánta fuerza es lícito desplegar para propiciar un cambio hacia la democracia. Nótese que hablamos aquí de fuerza y no de violencia: mientras que la fuerza implica la capacidad de resistir y derrotar a quien emplea la violencia, ésta última se caracteriza por el daño efectivo que es capaz de infligir a personas y bienes materiales. En tanto algunos consideran que sólo es factible o conveniente actuar a través de los cauces legales que plantea el régimen actual y que toda fuerza debe ser canalizada mediante tales vías, hay por otro lado quien llega a plantear la necesidad de echar mano no sólo de la fuerza extrainstitucional, sino incluso de la violencia si hace falta para abrir una ventana hacia la democratización.

Ahora bien, las eventuales respuestas a tales dilemas, o mejor dicho, las opciones que cada quien decida apoyar ante cada uno de ellos, no sólo ameritan una profunda reflexión previa, sino que además deberán estar necesariamente entrelazadas. Consideramos que sólo en la medida en que se pueda tener una respuesta clara y concatenada ante tales dilemas, y no sólo una prédica de acciones inmediatas ante dificultades inminentes, podrá construirse una visión capaz de dar sentido a la difícil realidad que vivimos, congregar las voluntades necesarias para articular un gran poder y trazar una estrategia adecuada para propiciar el cambio político.

Foto AFP

Nuestras respuestas y consideraciones ante cada uno de estos dilemas quedan pendientes para la siguiente entrega, pero nos permitimos adelantar la única certeza que, en nuestra opinión, debería albergar cualquier persona que medianamente entienda las razones de la actual catástrofe de nuestro país: los chavistas y exchavistas son tan imprescindibles para la nueva Venezuela democrática como nocivo para la misma resulta el chavismo, entendido como ideología y modelo de gobierno. Hace falta, pues, distinguir entre las personas y la ideología. En este último sentido, el chavismo ha demostrado ser absolutamente incapaz de sentar las bases para la prosperidad de la población, radicando su única eficacia en la habilidad para concentrar el poder de modo absoluto y ejercerlo con el mayor despotismo. Por lo tanto, la reconstrucción democrática de Venezuela pasa por la definitiva superación del modelo chavista y el desmentido de sus postulados, así como por la capacidad de concebir una república fundada sobre principios capaces de dar cabal respuesta a los mismos. Si tal lección no se aprende en estos tiempos, Venezuela estará fatalmente condenada a tropezar varias veces con la misma piedra. Si, por el contrario, se genera un aprendizaje profundo y duradero, el país podría estar a punto de iniciar un ciclo virtuoso de largo aliento.

@martinezmeucci

El autor es profesor de Estudios Políticos en la Universidad Austral de Chile. Doctor en Conflicto Político y Procesos de Pacificación. Autor del libro “Apaciguamiento. El Referéndum Revocatorio y la consolidación de la Revolución Bolivariana”. 2012

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