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Carlos Romero Mendoza

22 de enero de 2019

¿La llamada Ley marco de estatuto de transición política y restitución de la vigencia de la constitución es asumida por los dirigentes políticos como una herramienta para lograr cohesionar a la sociedad venezolana en función de una hoja de ruta hacia un cambio político?

¿De qué manera el ciudadano logra entender la relación entre esa Ley marco y las tres etapas a las que el diputado Juan Guaidó se ha referido en cada cabildo abierto?, a saber: el cese de la usurpación, instalar un gobierno de transición y convocar a elecciones libres.

En ese mismo sentido, el denominado Plan País ¿tendrá alguna relación con esas tres etapas que se han divulgado a lo largo y ancho del país, logrando con ese ejercicio de encuentro entre el presidente de la Asamblea Nacional y los electores restaurar los niveles de conexión entre estos dos actores claves en cualquier proceso político que se asuma como transición o cambio político?

Hay tres piezas importantes de un rompecabezas llamado “transición”. Una de ellas es la hoja de ruta política que está expresada en esa Ley marco. La otra es la hoja programática, que puede identificarse en el contenido del Plan País. Por último, el liderazgo político que hoy encuentra en Juan Guaidó un rostro joven, sin desgaste y con mucha energía.

Juan Guaidó pareciera está llamado a asumir un papel de líder cohesionador, que como bien lo describen distintos autores, es aquel que se destaca por ser cooperador, mediador en cualquier conflicto o enfrentamiento, sensible, amigable, empático y asertivo, capaz de liderar un proceso político complejo y procurar la integración, la unión de todos los actores sociales y fomentar la creencia en el principio que dice que “todos somos uno”.

Como presidente de la AN, a Guaidó le corresponde reconectar al Parlamento con sus electores. En tal sentido, su tarea inmediata es procurar restaurar niveles de confianza en la Asamblea Nacional y su capacidad de actuar con la mayoría democrática en un clima de armonía, que solo puede ser producto de un pacto o acuerdo entre los parlamentarios democráticos.

Restaurando la confianza del elector con la Asamblea Nacional, podrá lograr que haya una efectiva defensa de la institucionalidad del Poder Legislativo y una mayor disposición a respaldar sus acuerdos y posiciones políticas en defensa de la restitución del orden constitucional y democrático en Venezuela.

Así mismo, Guaidó tiene la oportunidad de unir las piezas de un rompecabezas llamado unidad superior, a través de la cual se podrán concretar con mayor efectividad las acciones que concretarán en la práctica la aplicación efectiva del artículo 333 de la Constitución, el cual es genérico y muy amplio, dando lugar a muchas interpretaciones. Eso solo un líder cohesionador podría superarlo, a través de la construcción de consensos entre todos los sectores de la sociedad civil.

En este sentido, Juan Guaidó se convierte en un líder cohesionador promotor esencial de la Unidad Superior y de la construcción de una hoja de ruta compartida hacia el cambio político del país. Así como hace 20 años la interpretación judicial permitió buscar en la soberanía popular la ruta hacia el cambio político, hoy, nuevamente, tenemos que buscar en la soberanía popular y en los instrumentos propios de la Asamblea Nacional, la interpretación jurídica para lograr una solución política.

Pero aquel momento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el 19 de enero 1999, fue asumido en términos generales como un “momento constituyente”, tal y  como lo calificó el doctor Allan Brewer Carías. Hoy el momento es otro y a diferencia de hace 20 años, no hay un Tribunal Supremo de Justicia que esté al servicio de la democracia y de la sociedad en la búsqueda de una solución.

Cuando Guaidó plantea como primera parte hacer que cese la usurpación, a mi entender, se refiere a restituir el orden constitucional y, entonces, abordar el orden democrático a través de una transición que le lleve a juramentarse formalmente como Presidente provisional.

Pero hay que tener claro que el derecho no es suficiente para poder impulsar ese proceso político de cambio que todos aspiramos. Lograr ese cambio sin la institucionalidad debida es una odisea y un gran reto que solo la Asamblea Nacional, con su legitimidad y legalidad, puede responder en el marco de los artículos 5 y 333 de la Constitución.

Los cabildos abiertos y sus decisiones vinculantes han despertado la esperanza, son parte de la institucionalidad que necesita el país y son espacios en los cuales se reivindica la participación ciudadana, confiscada en estos tiempos por el poder popular.

Pero los cabildos abiertos son una pieza más, también necesitan de una institucionalidad efectiva para hacer que sus decisiones sean de manera efectiva vinculantes. Por su parte, la Asamblea Nacional debe mirar ese ejercicio de participación e inclusión a través de los cabildos abiertos, como una herramienta que les ha permitido relegitimarse como único poder político válido del Estado venezolano.

En lo personal, creo que los cabildos deben seguir realizándose, pero los mismos deben concluir con manifiestos, con declaraciones que reafirmen el Acuerdo de Usurpación de la AN, que respalden la Ley marco de transición. Por su parte, la Asamblea Nacional debe asumir el debate del Plan País y transformarlo en un acuerdo político que vuelva a los cabildos abiertos para ser validado y debatido. Pero también, para que con los diputados electos en los circuitos respectivos, electores y elegidos, construyan la visión del país federal y descentralizado en el marco de esa hoja de ruta y adecuando ese contenido a la realidad propia de cada estado.

No cabe duda que el liderazgo que impulse el cambio debe venir de la sociedad democrática, pero la ruta debe ser dibujada bajo la conducción de la Asamblea Nacional. Para que esa conducción logre la suficiente confianza en sus electores, Juan Guaidó debe asumir un liderazgo cohesionador como reto inmediato. Las piezas parecieran estar allí, ¿será este el momento del cambio?

@carome31

El autor es abogado (Universidad Católica del Táchira) con especialización en Derecho Administrativo. Excoordinador en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado del área Políticas Institucionales. Presidente de la Fundación Estudios Municipales.