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Carlos Romero Mendoza

23 de abril de 2019

En el 2014 la Conferencia Episcopal de Venezuela, a través de un comunicado público, describió al Plan de la Patria como el intento del partido oficial y autoridades de la república de implantar un “sistema de gobierno de corte totalitario, que pone en duda su perfil democrático; las restricciones a las libertades ciudadanas, en particular, la de información y opinión; la falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar la inseguridad jurídica y ciudadana; los ataques a la producción nacional, que ha conducido a que en nuestro país hoy se haga necesaria la importación de toda clase de productos; la brutal represión de la disidencia política; el intento de “pacificación” o apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión física”[1].

Cinco años después, la realidad habla por sí sola. El masivo desplazamiento humano ha movido a la comunidad internacional a buscar soluciones a la crisis venezolana, como indicador concreto de un régimen que usurpando funciones se resiste a reconocer el fracaso de ese orden político, económico y social que intentó imponer con el sello Socialismo del Siglo XXI.

Ese Plan de la Patria 2013-2019, cumplió su ciclo de 6 años y el régimen usurpador, no tuvo otra que aprobar a través de la llamada Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 2 de febrero 2019[2], una segunda edición del Plan de la Patria para el período 2019-2025, con los mismos 5 objetivos históricos del plan anterior.

El valor político del Plan de la Patria 2013-2019, era concretamente que en su contenido estaba la descripción de una hoja de ruta para imponer un nuevo orden social, económico y político, ignorando de manera evidente el orden constitucional y democrático de Venezuela, lo que suponía la sustitución del orden existente.

El Plan de la Patria 2019-2025 mantiene la misma orientación, por lo tanto, insiste en dibujar una hoja de ruta que resulta contraria a los valores, principios y garantías constitucionales, pero además, insiste en romper nuestra tradición histórica como sociedad política.

El hecho que esta nueva versión de Plan de la Patria haya sido aprobada por una supuesta Asamblea Nacional Constituyente, desconocida de forma expresa y clara por la enorme mayoría de la sociedad democrática venezolana y por una enorme cantidad de gobiernos democráticos, hace que la versión más reciente deba ser valorada simplemente como un documento político del régimen, sin valor jurídico y, por demás, contrario a los principios, valores y garantías constitucionales.

Obviamente, el valor político de ese documento está en el intento que hace el régimen por hacer uso del mismo para mantener la cohesión de sus seguidores políticos, pero los niveles de la crisis que se califica de humanitaria advierten que no podrá lograr ese objetivo.

Para el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe[3], promovido por la CEPAL, el Plan de la Patria 2019-2025 es reconocido como la hoja de ruta del gobierno, y a través de su plataforma web, pretende hacer ver que los objetivos de ese documento político se adecuan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Es necesario y oportuno cuestionar la promoción que hace el Observatorio Regional de Desarrollo del Plan de la Patria 2019-2025, porque no sólo omite la prudencia que exige estos momentos tan complejos de la profunda crisis política venezolana, sino que también ignora que el contenido de ese documento es contrario a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia, mientras los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, se plantean como una referencia u hoja de ruta global para, cuyas metas, se aspira que nadie se quede atrás; el Plan de la Patria 2019-2025 y ya lo ha demostrado con su versión anterior, es excluyente, sectario y lejos de buscar desarrollo, lo que procura es imponer un nuevo orden social, político y económico que facilite el control político de la sociedad en general.

En otras palabras, sigue vigente la radiografía que en el 2014 hizo la Conferencia Episcopal de Venezuela, sobre la misión del Plan de la Patria, pero a ella hay que agregar que su espíritu es dejar a muchos atrás en ese camino de imponer un nuevo orden, lo cual es absolutamente contrario al espíritu de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Frente a esa realidad y hasta ahora, el Plan País se presenta como el único instrumento político con el que cuenta la sociedad democrática venezolana a los fines de promover que nadie se quede atrás en el camino al desarrollo sostenible. Está llamado a servir de instrumento de cohesión social e interterritorial, a los fines de enfrentar los desafíos que supone la activación de un proceso de cambio político en Venezuela, en el momento en el que este ocurra.

Representa, además, una nueva oportunidad para reivindicar los mecanismos de participación ciudadana, en los procesos de construcción y validación de los lineamientos estratégicos presentados y también debe ser visto como una gran oportunidad para restaurar nuestra forma de Estado Federal, procurando que esos lineamientos sirvan de referencia para que cada estado y cada municipio, adecuen los mismos a su propia realidad.

El Plan País, debería conducirnos a la definición de una agenda para el cambio político, que en forma de acuerdo nacional, represente un compromiso de todos los actores políticos territoriales que hacen posible nuestro diseño federal de Estado y que oriente las decisiones de quienes asuman responsabilidades públicas nacionales, estadales y municipales en el momento en que tengamos que transitar el camino del cambio político.

Sin duda alguna, la Asamblea Nacional, está llamada a transformar el Plan País en un gran acuerdo o en varios acuerdos programáticos, que se adecuen a la realidad estadal y municipal, buscan así, en su dimensión formal y técnica, buscar mayor sostenibilidad al cambio político a través de la coherencia institucional y programática entre los distintos actores políticos.

Legitimar y validar los lineamientos estratégicos del Plan País y construir los lineamientos estadales y municipales para alcanzar las metas que coadyuven con los logros del Plan País, es un ejercicio que encuentra en los cabildos abiertos y asambleas de ciudadanos los espacios idóneos e institucionales adecuados para tal fin.

Cada cabildo abierto y asamblea de ciudadanos, debería concluir con un manifiesto, declaración o acuerdo, que concreten y registren las conclusiones alcanzadas. Esa formalidad es esencial para legitimar un proceso político de construir una agenda nacional para el cambio político y para evidenciar que no es un simple ejercicio de participación ciudadana, representa un mandato vinculante a todas las autoridades para que respondan responsable y coherentemente a los desafíos que supondrá restaurar el orden constitucional y democrático, buscando que nadie se quede atrás, como insiste la ONU cuando habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

[1]Comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana: Responsables de la Paz y el destino democrático de Venezuela. 2 de abril de 2014.  Online en: http://www.pudh.unam.mx/perseo/comunicado-de-la-conferencia-episcopal-venezolana-cev-responsables-de-la-pazy-el-destino-democratico-de-venezuela/

[2]VTV. ANC sesionó este martes para aprobar proyecto de Ley del Plan de la Patria. 2 de abril 2019. Online en:  http://vtv.gob.ve/anc-sesionara-plan-patria/

[3]Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. Plan de la Patria 2013-2019. Recuperado el 10 de abril 2019.  Online en: https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-de-la-patria-2013-2019-de-venezuela

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