Una de las bases de poder fue convertir a la FANB en un brazo político del régimen y parte fundamental de la estructura política y económica de Gobierno, y otra permitir el desarrollo de estructuras delincuenciales del crimen organizado que le ofreció privilegios a una mafia de unas 100 mil personas, en la que conviven el delito organizado de cuello blanco, la delincuencia paramilitar y la delincuencia común.

Foto: EFE

Francisco Olivares

27 de mayo de 2019

El último informe de la ONG  Foro Penal de Venezuela reporta que hasta el 13 de mayo de 2019 existen 859 personas detenidas por “delitos políticos” de los cuales hay 97 militares, todos ellos acusados de traición a la patria y rebelión. Los perseguidos políticos han aumentado significativamente durante 2019 con 700 nuevos detenidos. Adicionalmente 14 parlamentarios serán enjuiciados por el levantamiento del 30 de abril, alcanzando a 30 los legisladores procesados por razones políticas.

No se sabe con exactitud cuantos militares han resultado detenidos o investigados por los sucesos del 30 de abril. El balance de detenidos, presentado por el fiscal de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, por el levantamiento, es de 233 presos de los cuales gran parte son militares. Pero la situación interna en el ámbito militar sigue siendo explosiva y la caza de “conspiradores” se ha desatado en todo el país. Al menos 25 militares lograron refugiarse en embajadas al conocer que las guarniciones comprometidas no saldrían a respaldar la Operación Libertad, al caerse las negociaciones. Unos 500 militares han cruzado la frontera hacia Colombia desde los sucesos del 23 de febrero durante la operación en Cúcuta para el ingreso de la ayuda humanitaria. Adicionalmente desde hace dos años se incrementaron las deserciones de uniformados de los cuatro componentes que huyen de la situación económica del país, el descontento con el Gobierno y las deplorables condiciones de las guarniciones. No hay cifras oficiales de desertores y de solicitudes de baja, pero se estima que superan los 5 mil militares.

Ese diagnóstico explica en cifras la delicada situación interna que padece el régimen de Nicolás Maduro y el estamento militar a la que se le suma un fuerte aislamiento internacional en el cual la mayoría de las democracias occidentales desconocen su legitimidad y sólo cuenta con el apoyo de regímenes autocráticos como el de Rusia, China, Irán, y Turquía, entre otros y las principales figuras del chavismo están en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro, de la Unión Europea, Canadá, Suiza y de algunos países de la región. A ello se agrega la fuerte crisis económica interna, con la mayoría de sus industrias semiparalizadas bajo un modelo económico cerrado que ha generado la mayor crisis humanitaria conocida en el continente.

De allí que importantes analistas internacionales y figuras políticas de Estados Unidos y Europa intentan comprender cómo es posible que el régimen de Nicolás Maduro, que tiene el rechazo de al menos 80% de la población, haya podido sostenerse en el poder.

Dos puntos de apoyo

Dos estructuras se han fortalecido en los últimos 15 años para convertirse en el soporte fundamental de un sistema de dominio: el poder militar y el crimen organizado. Varios analistas han considerado como inédita esa fusión de poder en el mundo occidental y más aún edificado sobre un país que disfrutó de un sistema democrático durante 40 años que colocó a Venezuela como uno de los países más avanzados de la región y referencia frente a las dictaduras del cono sur y las guerras de Europa. Estos mecanismos fortalecieron las bases para asegurar la continuidad de un régimen que ya lleva impuesto 20 años y ha llevado a Venezuela a los últimos puestos de índices económicos, sociales y de Derechos Humanos en el mundo.

Los militares y el poder

A semejanza de Cuba, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue estructurada de tal manera que al menos 80% de la economía del país está controlada por los militares. Ello le ha dado a los jefes militares y privilegiados un poder económico que proviene de sus manejos directos de empresas, negocios y los bonos en divisas que reciben  algunos jefes de la institución por su ubicación estratégica y fidelidad con el régimen. Fondos en efectivo que provienen de operaciones financieras no declaradas.

A partir de agosto de 2007, con la reforma de la Ley Orgánica de la FANB se incorporan aspectos similares a las Fuerzas Armadas Cubanas como las Regiones de Defensa Integral (REDI).  Tras esa medida se profundiza la incorporación de oficiales cubanos como asesores en la FANB, a nivel del CEO, y se envían oficiales venezolanos a realizar cursos de Estado Mayor en Cuba con la inducción del cambio de doctrina militar. Esa estructura garantizaba un control directo sobre las regiones en el país.

En 2008 se establece el Grupo de Cooperación Estratégica dirigido por un general de las Fuerzas Armadas de Cuba cuya función fue asesorar la nueva organización de la FANB y revisar los nuevos planes operacionales.

En la actualidad existen siete regiones estratégicas de Defensa Integral, que a su vez encuadran 24 Zonas Operativas de Defensa Integral, 4 Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima Insular y 99 áreas de Defensa Integral desplegadas a todo lo largo de los 335 municipios del país.

De allí que es el sector militar el que domina todo el territorio por encima de las autoridades civiles como gobernadores y alcaldes, respondiendo solo a las instrucciones del Comandante en jefe de las FANB, a través del Presidente de la República y el Alto Mando Militar. Todo ese proceso estuvo dirigido al control militar por encima de la sociedad civil y los poderes regionales y al control interno en materia de seguridad. Por esa razón muchas veces hemos visto actuar a los componentes militares realizando acciones como el control de manifestaciones por encima de las autoridades civiles locales como gobernadores y alcaldías.

La estructura financiera

Los más importantes ministerios del poder público son manejados por militares. Según los datos recogidos por la ONG Control Ciudadano, entre los años 2013 y 2017, 52% de las gobernaciones del país son presididas por miembros de la FANB. Muchas de estas figuras dejaron el uniforme y cargos en la administración pública para incursionar en la vida política en las filas de Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). De los gobernadores actuales, 9 provienen del Ejército; 1 de la Armada y 2 de la Aviación.

Nueve de los más importantes ministerios. Entre ellos, Defensa; Relaciones Interiores; Industrias; Alimentación; Petróleo; Vivienda y Agricultura y Tierras, están en manos de militares.

Los órganos de seguridad y Policía Nacional los dirigen militares y las principales industrias del país, como PDVSA, las empresas básicas y minería están bajo el control militar.

Adicionalmente la FANB opera directamente 22 empresas militares en las que se cuentan la fabricación de armas y municiones; construcción; producción primaria; transporte; producción y venta de vehículos; telecomunicaciones; banca y finanzas;  telecomunicaciones; minería; medios de comunicación, entre otras ramas de la industria.

Hasta diciembre de 2018 habían 63 generales en empresas básicas y gubernamentales, 51 en las distintas instancias ministeriales y 72 en los estados y algunos municipios para un total de 683 generales que componen el Gobierno que se ha denominado como cívico-militar pero que en realidad se ha transformado en un gobierno “militar-cívico”.

A semejanza de lo que ocurre en Venezuela, las Fuerzas Armadas Cubanas manejan los seis ministerios más importantes de la isla; el Instituto de Reservas Estatales; la Corporación de Aviación Civil; el Grupo Electrónica de Cuba; el sector turístico; la industria militar; los centros comerciales; naviera; el Departamento Ideológico del Comité Central y sus más importantes generales son miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba. En total manejan unas 40 empresas e institutos del Estado.

El concepto militar implantado desde Cuba, es opuesto a lo que establece la Constitución Bolivariana aprobada en tiempos de Chávez que mantenía la autonomía de la FANB y la independencia, sin parcialidad política. Los altos jefes militares venezolanos, incluyendo al ministro de la Defensa se declaran abiertamente “chavistas, socialistas y antiimperialistas” afianzando un concepto en el que son parte integrante y fundamental  de la estructura de poder, no solo en el ámbito ideológico, sino económico y territorial.

Lo ocurrido el 30 de abril no fue un golpe de Estado sino un llamado al sector militar a apoyar un cambio hacia la democracia en el país, en el cual se pronunciaron un grupo de militares junto a los máximos representantes de la Asamblea Nacional.

Detrás del llamado se producían negociaciones para la salida de Nicolás Maduro en las que se encontraban el ministro de la Defensa y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, según reconocieron los voceros de EEUU y el propio ministro de la Defensa, Vladimir, Padrino López en cadena televisiva. La participación del jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia y otros militares de alto rango dejaron al descubierto que sectores clave del poder militar están dispuestos a negociar un cambio en el país, independientemente de los intereses particulares que defienden cada uno de ellos. En este caso una de las exigencias de la cúpula era que la junta debía estar presidida por un militar, al menos por un año.

Para que un pronunciamiento militar sea efectivo en las condiciones actuales sería necesario que se produzca en forma masiva en comandos desde sus propias guarniciones, y en especial respaldado por las divisiones que resguardan el poder central y la que custodia del Presidente. De esa manera podría presentar un poder persuasivo al centro político con el fin de presionar una negociación de salida, según han apreciado expertos en el tema militar. Cuando aisladamente un alto jefe militar se pronuncia en contra de Maduro y sale al exilio es una mala noticia. Es un factor que se resta a la posibilidad de una presión interna.

El crimen organizado

El criminólogo, Fermín Mármol García describe la existencia en Venezuela de ocho grandes bloques de delincuencia organizada, integrada por unas 100 mil personas,  que conviven con el poder político. Esas estructuras paralelas operan de una manera autónoma frente al régimen pero todas ellas mantienen vínculos con el poder político proveyéndolo de recursos financieros y control sobre la sociedad civil. Esas organizaciones ilegales constituyen un poder paralelo que ya es parte estructural de la vida económica y social del país.

Uno de los soportes más determinantes ha sido la corrupción que ha creado una generación de alto poder económico y que constituye una fundamental base de apoyo al régimen chavista. A pesar de que buena parte de este sector ha emigrado llevándose con ellos la fortuna acumulada y empresas de negocios, varias de esas figuras siguen manteniendo vínculos financieros y políticos con altos jerarcas del chavismo. Durante las negociaciones que la cúpula militar y política sostuvo con los representantes de Estados Unidos durante los sucesos del 30 de abril para la salida de Nicolás Maduro, uno de los puntos clave fue la devolución y garantía de capitales congelados a ciertos personajes sancionados por el Departamento de Estado.

En este bloque del crimen organizado puede ubicarse también el narcotráfico, venta ilegal de oro y el lavado de dinero. De acuerdo a las estimaciones de Mármol García en este bloque delictivo operan unas 12 mil personas. Allí se han insertado empresarios vinculados al sector político, militares y funcionarios que han estado en puestos clave en la estructura gubernamental como han sido los casos de PDVSA, el Tesoro, Bandes, Fondo Chino, la importación de alimentos, empresas básicas, industria eléctrica, gobernadores, hasta escoltas de Hugo Chávez y su enfermera.

Grupos armados

Los llamados colectivos paramilitares son los más emblemáticos grupos organizados en la defensa de la revolución. Tienen la particularidad de ser un grupo ideologizado que se encuentra en todo el país. El Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social identifica 565 colectivos. La mayoría de ellos han recibido entrenamiento con armas de guerra y esa actividad ha sido mostrada en VTV en el programa “Con el mazo dando” que conduce el número 2 del régimen, Diosdado Cabello.

Los colectivos combinan la actividad delictiva como la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas, con las tareas propias asignadas por el Gobierno como la distribución y venta de alimentos subsidiados. Una tarea fundamental desplegada por estas organizaciones armadas ha sido el control de las manifestaciones en las que suman asesinatos a manifestantes evidenciadas en videos y testimonios de esos hechos. Igualmente mantienen controladas las barriadas populares para impedir el desborde por descontento ejerciendo una fuerte represión y ubicación de líderes populares. Estas organizaciones están enfrentadas a las bandas y megabandas, con las que disputan territorio. Durante las llamadas Operación para  la Liberación del Pueblo (OLP) en la que resultaron “ajusticiados” cientos de presuntos delincuentes, los colectivos actuaron al lado de las fuerzas regulares.

A estos se le suman las organizaciones armadas rurales como la disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC colombianas que se han asentado en el territorio venezolano y el Frente Popular de Liberación (FPL) que opera en el sur del país. Son organizaciones armadas que Mármol García ubica como “ideologizadas” y manifiestan su respaldo armado al Gobierno. Sin embargo forman parte de la estructura delictiva en el tráfico de oro, de drogas y el secuestro.

No ideologizados

El experto criminalista, Mármol García ubica en este grupo al llamado pranato carcelario y a las bandas y megabandas. Estas organizaciones a pesar de no tener un vínculo directo con el gobierno y no tener compromisos políticos, controlan territorios y establecen acuerdos de convivencia como es el caso de los líderes de las cárceles quienes han conseguido importantes beneficios para sus jefes y centros de reclusión y desde allí se maneja el tráfico de drogas, la extorsión e incluso ejecuciones por encargo. Un ejemplo de ello fue el reciente asesinato del general de la aviación Jakson Silva Zapata, la madrugada del 4 de mayo en Aragua, junto a otros 4 funcionarios, el cual fue ordenado desde el penal de Tocorón, según se desprende de investigaciones realizadas por el CICPC.

@folivares10

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