Guaidó desde Barinas. Foto: El Universal.

Benigno Alarcón

02 de junio de 2019

El fracaso de las negociaciones que tanto el gobierno interino como los aliados norteamericanos mantenían con actores clave del régimen de Maduro para lograr un acuerdo que permitiera dar inicio al proceso de transición, que se puso en evidencia tras los hechos del 30 de abril, y aparentemente involucraba a instituciones clave como la Fuerza Armada y el Tribunal Supremo de Justicia, siembra dudas sobre quienes estaban realmente participando en una negociación para facilitar un cambio político y quienes lo hacían para infiltrar el proceso y desmontarlo. Asimismo, se puso en evidencia, una vez más, que las Fuerzas Armadas de un país difícilmente se dividen y confrontan entre ellas, así como la capacidad del gobierno y sus aliados (Cuba y Rusia principalmente) para desarticular acciones en contra del oficialismo a través de una consolidada infraestructura de inteligencia política y militar.

Tras este episodio se ha suscitado un incremento de los costos para la oposición por ser, de nuevo, objeto de una razia que se ha materializado en apresamientos y desapariciones forzadas, como las del Vice-Presidente de la Asamblea Nacional (AN) Edgar Zambrano y del diputado Gilbert Caro, el “allanamiento de la inmunidad parlamentaria” de unos dieciséis diputados ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia, a lo que podría sumarse la muerte en condiciones extrañas de algunos oficiales activos

Una de las consecuencias más importantes para el gobierno es el efecto que ello podría acarrear sobre la distribución del poder en los cuadros militares sobre el que se generaron grandes dudas desde las declaraciones de voceros del gobierno norteamericano, como Elliot Abrahams, que involucran a altos oficiales, como el mismo Ministro de la Defensa, General Vladimir Padrino López, entre quienes tenían una posición proclive a apoyar un cambio político que implicase la salida de Nicolás Maduro. La continuidad de muchos jefes militares en el régimen dependerá, principalmente, de cuan informado estaba Maduro de estas conversaciones antes de que el aparato de inteligencia a su orden descubriera y desmontará  el movimiento que supuestamente se tramaba desde las propias filas del régimen y su base de sustentación, situación que debe definirse, a más tardar en el próximo mes de julio. Cabe subrayar que Padrino López ha constituido hasta la fecha una ficha de confianza de Maduro, lo cual ha supuesto su permanencia en el cargo, dado su nivel de ascendencia dentro de la instancia militar y factor de gobernabilidad en el seno de la Fuerza Armada Nacional (FAN) en tiempos de inestabilidad política. Este hecho en particular representa un nuevo estadio de incertidumbre porque su reemplazo generaría un efecto cascada de modificaciones en los cuadros de mando que podría afectar la subordinación, hasta ahora incondicional, de los militares a Maduro.

Tras el jaque a la jugada norteamericana, toca el turno a actores más moderados, como los europeos y los noruegos, quienes siempre han insistido en la necesidad y conveniencia de una salida política negociada. Es así como en este mes de mayo se inició un proceso de negociación en Oslo que, pese a la condición de confidencialidad demandada por el gobierno noruego para facilitar este proceso, se hizo pública por la declaración del politólogo Carlos Raúl Hernández, quien dio la primicia en el programa radial del conocido periodista Vladimir Villegas. El mismo día, unas horas después, Maduro confirmó la noticia, lo que generó una ola de rumores y cuestionamientos hacia la oposición. Esta situación, que repite el patrón de comportamiento del régimen en procesos previos de negociación, en los que se ha manejado una narrativa que suele originar altos costos políticos para la oposición, constituye una evidencia de los objetivos que el régimen persigue en este nuevo proceso. Esto, además, se refuerza a la luz de la representación del gobierno a través de la figura de Jorge Rodríguez, que puede ser leída como la confirmación de la posición mantenida en República Dominicana, lo que implicaría la imposibilidad de alcanzar una salida negociada, tal como se reconoce en la declaración de la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia Interina de Juan Guaidó del pasado jueves.

Según la metodología de negociación promovida por Roger Fisher y William Ury, que se ha convertido en el estándar para todos los negociadores profesionales desde los años 80, el poder que las partes tienen en un proceso de negociación depende, básicamente, de lo que ellos definen como la MAAN (Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado).   La MAAN es, en pocas palabras, la mejor alternativa que las partes tienen a su disposición en caso de no alcanzar un acuerdo, o sea, lo que podrían hacer en el caso de terminar el proceso sin una solución aceptada por amabas partes. En este sentido, los acuerdos son posibles cuando las soluciones que las partes pueden construir a través de la negociación resultan tener más valor para éstos que lo que están en capacidad de hacer si no alcanzan un acuerdo.

La Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado (MAAN) de la oposición ha sido, hasta ahora, una salida forzada que se implementaría a través de una intervención militar internacional liderada por los Estados Unidos, además de la presión que se origina desde las movilizaciones de calle que tomaron vida nuevamente a partir del liderazgo ejercido por Juan Guaidó. La amenaza de intervención militar ha venido perdiendo credibilidad para el régimen a partir del desenlace en el  intento por introducir ayuda humanitaria por las fronteras de Brasil y Colombia el pasado 23 de febrero, en el que se había generado la expectativa sobre una posible fractura del sector militar y sobre el posible uso de tropas para lograr tal objetivo. Mientras tanto la movilización se ha venido debilitando, entre otras cosas, como consecuencia de una apuesta que deja en las manos de fuerzas externas nuestro propio destino, contribuyendo al desempoderamiento de nuestra propia ciudadanía mediante una narrativa en la que se nos dice que ya lo hemos probado todo, que nosotros no podemos, que somos los peones de un juego geopolítico que otros países deciden, lo que no hace más que estimular la desesperanza, el conformismo o la migración.

Hoy resulta urgente para la gran mayoría democrática del país no desaprovechar la confluencia de factores favorables como el respaldo internacional de casi todas las democracias del mundo y el excepcional liderazgo de Guaidó. Para ello es necesario rectificar hacia una estrategia realista encaminada a fortalecer las probabilidades de una transición, e incluso para forzar una actitud distinta de parte del régimen en una eventual mesa de negociación, para lo cual la capacidad de movilización y masificación de la protesta interna constituye una condición esencial sin la cual nada es posible. Para ello será necesario enfrentar desafíos que se relacionan con los costos asociados a construirla orgánicamente, considerando los diversos obstáculos que imponen la hegemonía comunicacional, las limitaciones organizativas de los partidos políticos y de la misma sociedad civil que están obligados a trabajar juntos y construir sinergias, así como la crisis multidimensional que es utilizada hábilmente por el régimen para desmovilizar manteniendo a la gente permanente ocupada en las urgencias impuestas por la supervivencia diaria.