Carta del Director

La urgencia de atender la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela

Foto: Getty Images.

Benigno Alarcón

07 de julio de 2019

Desde hace casi dos décadas comenzó en Venezuela el deterioro del Estado de derecho y el desmantelamiento deliberado del andamiaje institucional, que derivó en la ausencia de independencia del Poder Judicial, actor que por diseño está destinado a garantizar los derechos humanos en cualquier país bajo un régimen democrático. Obviamente, la destrucción institucional no es un accidente, sino el paso necesario para destruir las garantías que otorga el estado de derecho y con ello la democracia misma.

Desde entonces se han denunciado constantes violaciones y abusos a los cuales ha estado sometida la población venezolana, sin respuesta alguna de instancias internacionales, como las Naciones Unidas, hasta tiempos recientes en los que la crisis se ha vuelto ya inocultable ante la evidencia de mas de cuatro millones de embajadores de esta tragedia que hoy buscan refugio en otros países como Colombia, Perú, Ecuador, Chila, Argentina, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y España, a la cual, en el plazo de una año, podrían sumarse otros dos millones adicionales según nuestras propias estimaciones, si no se encuentra una salida a la actual crisis política y a sus consecuencias, ya estructurales, en lo económico y social.

Esta situación que hoy calificamos de crisis multidimensional, y que podría estar afectando hoy a unos quince millones dentro de Venezuela, es el resultado de la implementación de políticas y prácticas arbitrarias como expresión de un régimen autoritario sin sujeción a los limites que el estado de derecho impone a cualquier democracia, a lo que se suma una enorme opacidad que incluye no solo las estadísticas de la represión, sino además las cifras epidemiológicas sobre la crisis de salud y desnutrición, al punto de hostigarse a ONGs que velan por los derechos humanos y políticos y detener a aquellos profesionales o ciudadanos que intenten poner al descubierto la realidad en el país.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha convertido en las últimas semanas en el epicentro del debate sobre el estado de urgencia que amerita el caso venezolano en términos de garantías para la protección de los DDHH y de una solución efectiva a esta situación de emergencia humanitaria compleja. Un importante hito, con repercusiones en la actualidad, fue la sesión del Consejo de los DDHH de la ONU que tuvo lugar en septiembre de 2018, cuando se aprobó con 23 votos a favor una resolución sobre Venezuela, con la cual se exigía al gobierno venezolano apertura a la asistencia humanitaria y se expresaba preocupación por las graves violaciones de los DDHH. El protocolo que se desprendió a partir de tal resolución propició la fijación de un mandato a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), liderada hoy en día por la presidenta Michelle Bachelet, que consistió en elaborar un nuevo informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, para ser posteriormente presentado el pasado 4 de julio ante el Consejo.

En la reciente visita de tres días de la Alta Comisionada, Michel Bachelet, se abrió el espacio para reuniones en Caracas con las organizaciones civiles y de derechos humanos y con diferentes grupos de víctimas en el cual representantes de estas organizaciones levantaron su voz para presentar un diagnóstico y exigir, por lo tanto, la restauración de la defensa de los derechos humanos, en un país caracterizado por la ausencia de democracia, el aumento de la pobreza y la migración forzada.

En sentido contrario al escepticismo, debe reconocerse que el informe emitido por la Oficina de la ACNUDH [1] ha sido contundente en presentar las violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos que han sido documentados en Venezuela.  La ACNUDH reconoce que el gobierno y sus instituciones han implementado políticas para desactivar los sistemas de control del Estado y expone las diversas vulneraciones al acceso de la alimentación y la salud, y remarca las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado en protestas y otros. La Oficina del Alto Comisionado exhorta al gobierno a tomar medidas “para detener y remediar las graves vulneraciones”. Este documentado tuvo como base 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de DDHH y la información recolectada en 159 reuniones, en las cuales se incluyen funcionarios y otros actores del Estado venezolano. Desde su emisión, el informe ya ha sido respaldado por más de 190 organizaciones de la sociedad civil venezolana.

En la actualidad, y dado el grado de avance de la situación, resulta imperante imprimir celeridad al plan de respuesta humanitaria. La ayuda proveniente de la Cruz Roja, Naciones Unidas y de otras organizaciones e instancias multilaterales resulta, y resultará siempre insuficiente para cubrir las necesidades humanitarias, dado el avanzado estado de una crisis que tiene ya rasgos estructurales, lo que implica respuestas también estructurales que incluyen la necesidad impostergable de un cambio político en Venezuela, so pena de dejar un sinnúmero de victimas y desplazados en la medida que no se tomen medidas inmediatas. Esto cobra especial importancia en la medida que nos aproximamos hacia una nueva etapa de agudización de la crisis política, económica y social, en la que creemos muy probable una escalada del conflicto político, que incluso puede traducirse en niveles inéditos de violencia y migración, en un momento en el que la respuesta a la ausencia de soluciones negociadas o una arremetida contra el liderazgo de la oposición se polarizaría entre algo más de 4 millones de personas que buscarían formas de abandonar el país, generando uno de los mayores desplazamientos del mundo, incluido el caso de los países en guerra, y otros cuatro millones de personas que, ante la falta de expectativas sobre una salida política negociada o electoral, se radicalizarían para considerar, incluso, el camino de la lucha armada, según los resultados del último estudio de nuestro Centro de Estudios Políticos y de Gobierno.


[1] http://acnudh.org/%ef%bb%bfinforme-de-la-oficina-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-venezuela-insta-a-adoptar-de-inmediato-medidas-para-detener-y-remediar-graves-violaciones-de-derechos/

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