Elsa Cardozo

Las iniciativas en marcha ante la situación venezolana, en procura de su solución, refleja la gravedad creciente de la crisis en todas sus dimensiones. También, y especialmente, invitan a comprender lo inconveniente de contraponer los asuntos urgentes e importantes, así como lo contraproducente de considerar excluyentes las presiones sobre el régimen y el desarrollo de encuentros en busca de una transición pronta, pacífica y sostenible hacia la vigencia del estado de derecho y la democracia. De lo uno y lo otro es reveladora la relación entre la dimensión humana de la crisis y su trasfondo institucional.

El Informe presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aún en su resumida presentación de dieciocho páginas, es referencia actualizada y precisa sobre la magnitud y multidimensionalidad de las desgracias que vive Venezuela. Queda allí detallado el estado de la espiral descendente de la situación de los derechos humanos que describía el ya de suyo crudo Informe de 2018. El nuevo informe cubre un amplio espectro de violaciones de los derechos humanos: desde aquellos cuya desprotección se manifiesta en la emergencia humanitaria, hasta aquellos cuya violación impide el ejercicio de la libertad de expresión y de asociación y representación política.

Todo esto ha sido posible, y así lo expresa el documento, porque fueron adoptadas e implementadas “una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial”.  He allí el trasfondo que no puede ser ignorado y debe ser debidamente atendido por sus efectos en la pérdida de derechos y calidad de vida digna. Las circunstancias de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo y los disparos a los ojos del joven Rufo Chacón, han añadido evidencias extremas de la urgencia e importancia de la tarea humana e institucional.

La total desprotección de los derechos humanos en Venezuela, como se reconoce, sustenta y analiza en el mismo Informe, tiene consecuencias internacionales. Así lo confirmaba regionalmente el hecho de que el mismo día en que se conoció ese documento tenía lugar la cuarta reunión del llamado Proceso de Quito sobre el tema migratorio venezolano: ante el aluvión de quienes huyen de la penuria, catorce gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, apoyados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional de Migraciones acordaron nuevas medidas para atender a los migrantes, aliviar el impacto de tal movilización en la región y procurar recursos para hacerlo.  

Pero las respuestas internacionales, sin duda indispensables para atender lo crítico de la emergencia humanitaria no son suficientes.  Esa dimensión fundamental de la crisis, la humana y de humanidad, no puede desligarse del indispensable arreglo jurídico-político que requiere de otros medios. Medios en los que se conjugan denuncias, presiones y sanciones con incentivos para acordar negociadamente una solución de fondo que permita recuperar las condiciones institucionales que hagan posible la vida, la libertad, la justicia y la prosperidad en Venezuela.

Son diversos los medios, esos que más de una vez han sido descritos como “las opciones” sobre la mesa; también son varias las mesas. Y todo ello ha ido confluyendo este año de modo que las diferentes medidas, iniciativas y gestiones internacionales para la recuperación de Venezuela han ido haciéndose más realistas y complementarias entre sí y, como nunca antes, cercanas a las necesidades de los venezolanos y  al impulso democrático de la oposición venezolana.

Ha continuado desarrollándose el régimen de medidas sancionatorias, especialmente en el visible registro de Estados Unidos y Canadá. En el primer caso, a los 69 sancionados entre 2015 y 2018 -a los que se sumaron las sanciones para limitar actividades financieras iniciadas en agosto de 2017-, se han añadido 24 en lo que va de 2019, aparte de la suspensión de visas a centenares de funcionarios gubernamentales y sus familias, y las restricciones al tráfico de petróleo a Cuba, operaciones con oro, criptomonedas, operaciones de la refinería CITGO y de instituciones financieras del Estado. En el caso de Canadá, a las 54 sanciones focalizadas de 2015 a 2018 se añaden las 59 anunciadas en 2019 y su activa participación en las gestiones del Grupo de Lima.

La Unión Europea ha privilegiado las gestiones diplomáticas y la labor del Grupo Internacional de Contacto antes que las sanciones, que incluyen el embargo de armas y equipos para la represión, más 16 medidas individuales entre 2015 y 2018 más dos en 2019, a 17 de las cuales se sumó Suiza. Ha sido semejante la preferencia de los vecinos latinoamericanos que han acompañado al Grupo de Lima desde agosto de 2017, cuyas acciones se han centrado en el ejercicio de la presión diplomática y gestiones para la ampliación de los apoyos internacionales a la causa de la democracia venezolana; entre sus limitadas iniciativas de sanción se encuentran las medidas financieras impuestas en 2018 por Panamá a 55 funcionarios y 16 empresas, y restricciones de ingreso  a decenas de altos funcionarios del gobierno como las  acordadas en Perú y Colombia, y las anunciadas por Chile en 2019. Lo más importante es que las sanciones están expresamente vinculadas al propósito de que se recupere la vigencia del estado de derecho, que se han decidido con expresa vinculación a eventos en el desarrollo de la crisis y sus responsables, que no han dejado de ofrecerse en paralelo recursos para la asistencia humanitaria y, algo que tiende a pasar desapercibido y a ser incomprendido pero es fundamental para el propósito político de las sanciones: que vienen siendo anunciadas, una y otra vez, con la muy  explícita  indicación de que son reversibles. En esto último está la clave entre la presión y la persuasión, en lo que no solo ha insistido la Unión Europea -en su muy elaborado marco jurídico, si bien con menos medidas sancionatorias- sino especialmente los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, como lo han hecho notar con la reversión de las sanciones al general  Manuel Christopher Figuera.

Conviene recordar que las sanciones no interesan por sí mismas, como castigos, sino por su contribución al logro del propósito expreso que las justifica; tampoco hay que olvidar que su eficacia tiene límites, aun siendo mayormente focalizadas: por los riesgos de su prolongación en el tiempo, con sus consecuencias contraproducentes. Con todo, no hay que olvidar lo que está más que dicho y demostrado en el caso venezolano: que las sanciones no son las causantes de la ruina económica que se originó y manifestó desde mucho antes.

No es contradictorio, sino natural y necesario, que al lado de la difusión de informes, denuncias, presiones y escalamiento de las sanciones, se hayan desarrollado otras iniciativas que de diversas maneras procuran acercamientos a una solución negociada. En paralelo a la  coincidencia que en ese sentido se ha ido haciendo cada vez más necesaria entre el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea, se encuentran la  mediación de Noruega y el encuentro propiciado por Suecia con actores internacionales clave para facilitar -o al menos no complicar- la solución de la crisis venezolana. A esa confluencia también contribuyen  la materialización de dos compromisos propuestos por el Grupo de Lima en abril desde Chile: el seminario sobre transiciones democráticas organizado en Santiago a comienzos de junio y la conferencia internacional por la democracia en Venezuela convocada en Lima a comienzos de agosto.

La iniciativa de Noruega vuelve a insistir ahora en retomar los contactos en circunstancias en las que crece la urgencia e importancia de una solución pacífica y pronta, creíble y sostenible entre venezolanos, que conduzca a elecciones libres. Esta pudiera tener más posibilidades que en ninguno de los acercamientos previos, si se sostienen, cultivan  y aprovechan ciertas condiciones favorables: la coherencia de las propuestas de la oposición, la confianza interior y exterior en su líder y en sus propuestas para la recuperación del país; la reducción del margen de maniobra nacional e internacional del gobierno que resulta en primer término de sus propias acciones y omisiones, pero también de la aplicación de sanciones, y la confluencia de diversas iniciativas e intereses internacionales favorables a una solución negociada.

Finalmente, de vuelta al principio, a lo uno y lo otro: es necesario comprender que son inseparables los asuntos humanos e institucionales, como también lo son los medios de presión y persuasión que hagan factible una transición a la democracia con los necesarios respaldos internos y apoyos internacionales.