Carta del Director

Las sanciones como mecanismo de presión internacional sobre el régimen de Maduro

Carta del director | Editorial

El Gobierno venezolano ha demostrado en diversas ocasiones su repudio a las sanciones estadounidenses. Foto: Cortesía.

Benigno Alarcón Deza

23 de septiembre de 2019

Las sanciones han sido un mecanismo de presión sobre el régimen autoritario de Nicolás Maduro que hasta ahora han tenido una eficacia cuestionable. En la práctica, dos factores fundamentales han contrarrestado la efectividad de este instrumento que, por ahora, pareciera ser el único que ha logrado algún impacto: (i) la alta capacidad de adaptación del gobierno venezolano frente a su aplicación, al lograr contrarrestar una parte importante de sus efectos, con la ayuda de algunos de los regímenes autoritarios que son sus aliados naturales y han sido sometidos también a sanciones y han generado mecanismos de defensa; y (ii) los efectos colaterales sobre la población y las empresas y otras organizaciones venezolanas,  al generar un impacto negativo en las operaciones asociadas a la gestión internacional de ayuda humanitaria para Venezuela y a las operaciones financieras y comerciales. Una transición, al menos que se produzca de manera violenta e impredecible, hoy luce muy poco probable con la suspensión actual del proceso de negociación de Oslo. El régimen trata de aprovechar el timing de lo que podría ser la más importante caída de las expectativas sobre un desenlace favorable, generando una nueva mesa de diálogo con un sector político que pretende generar un vacío dividiendo a la oposición y llenándolo con una nueva, evidentemente cooptada por el régimen.

Estados Unidos, el Grupo de Lima, la Unión Europea, así como otros países democráticos han cuestionado la legitimidad del mandato presidencial de Nicolás Maduro y lo han alienado -pese al apoyo irrestricto de sus principales aliados internacionales (Cuba, Rusia, China)- a través de medidas diplomáticas (Rendón, 2019)[1] y de otro cariz como la activación de mecanismos de presión, tales como las sanciones. La aplicación de sanciones ha constituido una medida que pretende disuadir a los diferentes actores claves y soportes esenciales del régimen de Maduro de continuar apoyándolo.

En el año 2008 se impusieron las primeras medidas sancionatorias a “funcionarios venezolanos y algunos particulares relacionados” durante el mandato gubernamental del ex presidente de los Estados Unidos George Bush (Transparencia Venezuela, 2018)[2]. Henry de Jesús Rangel Silva, Hugo Armando Carvajal Barrios y Ramón Emilio Rodríguez Chacín fueron los sancionados en esta primera ola de medidas restrictivas de esta índole “por entregar fondos y armas a las FARC, así como  asistirla en la protección de sus cargamentos de drogas ilícitas, en fundamento con la Ley Kingpin, herramienta legal que permite a los Estados Unidos bloquear a personas que sean presuntos narcotraficantes” (Transparencia Venezuela, 2018).

Durante el gobierno de Barak Obama el Congreso aprobó la Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de Venezuela con el objetivo de crear un piso legal para imponer sanciones a las fuerzas de seguridad que reprimieron las protestas estudiantiles de 2014 (Rendón, 2019)[3]. En el marco de esa ley, el gobierno de Obama aplicó el bloqueo de activos y suspensión de visas a ocho personas del gobierno de Maduro en 2015. Dicha ley se extendió hasta 2019, mediante lo cual el departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a docenas de oficiales del gobierno de Maduro y militares bajo la acusación de varios cargos: terrorismo, tráfico de drogas, tráfico humano, violaciones de derechos humanos, corrupción, lavado de dinero y otros crímenes financieros y comportamientos fuera del orden legal (Rendón, 2019).

Existen dos tipos de sanciones implementadas en el caso venezolano: las sanciones individuales y las sanciones sectoriales. Las primeras están destinadas a bloquear los activos y los movimientos de personas que estén colaborando con el sostenimiento del régimen autoritario de Maduro. Por una parte,  las sanciones sectoriales están diseñadas para prohibir transacciones con ciertas empresas que estén involucradas en operaciones o negocios ilícitos a nombre del gobierno (Rendón, 2019).

Con respecto a las sanciones individuales, Estados Unidos ha castigado por medio de este mecanismo aproximadamente a 222 personas y 47 entidades venezolanas o que guardan algún tipo de relación con Venezuela, de las cuales varias también fueron aplicadas por los gobiernos de Canadá, México, Panamá, y por la Unión Europea (Rendón, 2019). De hecho, durante el mandato de Trump la imposición de sanciones individuales se ha proliferado y ha tenido un mayor alcance, al pechar a personas afiliadas al régimen bajo diferentes investiduras: vicepresidente, ministros, consejeros, y su círculo íntimo (Rendón, 2019).

Ahora, se ha producido un giro gradual importante en la naturaleza de las sanciones impuestas a Venezuela. Desde agosto de 2017, el gobierno de Trump ha activado sanciones de naturaleza sectorial, al prohibir a sus ciudadanos comprar deuda emitida por el gobierno venezolano,  principalmente la deuda a nombre de su empresa estatal petrolera PDVSA (Rendón, 2019). Asimismo, las sanciones implican que se restrinja el acceso a deuda americana y mercado de capitales a militares venezolanos (Rendón, 2019).

Desde el año pasado, el ritmo de imposición de sanciones aumentó significativamente por parte de los Estados Unidos. En marzo de 2018 se prohibió a los estadounidenses transar con la criptomoneda creada por Venezuela, el Petro, para justamente evadir sanciones financieras. Después de las elecciones presidenciales ilegítimas de mayo de 2018, se emitió una nueva orden, con la cual se prohíbe que 1) al gobierno venezolano y cualquiera de sus instancias emitir deuda internacional, 2) se bloquea la venta de activos a oficiales venezolanos como intercambio de algún tipo de comisión ilegal (Rendón, 2019). En noviembre de 2018, se emitió una ley marco para sancionar a empresas venezolanas relacionadas con prácticas de corrupción que permitió posteriormente sancionar a PDVSA, congelando sus activos e intereses y prohibiéndole de ejecutar transacciones con los ciudadanos estadounidenses (Rendón, 2019). Otras sanciones más recientes fueron impuestas a la empresa minera que extrae oro MINERVEN y a entidades y personas relacionas con la minería ilegal. Controversialmente y de forma más reciente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al Banco Central de Venezuela eliminado su acceso al dólar y limitando su capacidad para hacer transacciones internacionales. Otras sanciones han involucrado a un conjunto de empresas cubanas y rusas, entre éstas, bancos, petroleras y compañías de transporte que ha guardado relaciones de negocios con PDVSA y han provisto de dinero en efectivo al régimen de Maduro. La aplicación de sanciones más reciente data de agosto de este año y consiste en un embargo completo al gobierno venezolano, bloqueándole cualquier transacción con excepción de aquellas relacionadas con la ayuda humanitaria para Venezuela.

Resulta preciso subrayar que la implementación de sanciones no ha sido una causa determinante de la crisis multidimensional por la cual atraviesa Venezuela toda vez que los indicadores reflejaban los niveles críticos del deterioro de las condiciones económicas y sociales del venezolano y advertían el inicio de una situación de Emergencia Humanitaria Compleja desde antes de la implementación de las sanciones sectoriales en agosto de 2017.

El balance de la efectividad de las sanciones es ambiguo al día de hoy. Por una parte, el establecimiento de sanciones y la mediación experta del Reino de Noruega fueron incentivos que motivaron a representantes del régimen de Maduro a acudir a las rondas de negociación más recientes en el marco de dicha iniciativa de Oslo. No obstante, la coalición gubernamental ha mostrado ser “resiliente y adaptable” (Rendón, 2019) al cerco diplomático y de presión dura construido paulatinamente por la comunidad internacional democrática.

Más aún, este instrumento ha generado dos grandes efectos colaterales pocos deseables por sus efectos contraproducentes sobre la población venezolana, al restringir la movilidad financiera y operativa de la ayuda humanitaria, que proviene de afuera dada la situación de Emergencia Humanitaria Compleja, así como la capacidad operativa del sector privado, que ya se había sido reducido significativamente por causa de la crisis previa a las sanciones.

¿Está truncada la posibilidad de una solución negociada?

El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado Juan Guaidó anunció el 15 de septiembre que la oposición no participaría en otra ronda de negociaciones auspiciadas por Noruega en Barbados, 40 días después de que el gobierno de Maduro hubiese suspendido su participación

Según el Presidente Maduro, la oposición no cumplió su promesa de persuadir al gobierno de EE.UU. para que aliviara las sanciones. Según Guaidó el gobierno nunca respondió a una propuesta detallada por parte de la oposición. Las condiciones centrales solicitadas por los negociadores de Guaidó consistían en que tanto él como Maduro entregarían el poder a un Consejo de Gobierno hasta que se definiera la presidencia de la República por unas elecciones libres y justas en un plazo de nueve meses bajo supervisión internacional.

El gobierno noruego anunció su disposición a seguir facilitando las negociaciones si las partes deciden reactivar el proceso de negociación, ante lo cual Maduro anunció que el gobierno lo hará si surge la oportunidad y la oposición no parece haber desechado las negociaciones en líneas generales.

El gobierno, por su parte, ha apelado a fortalecer su estabilidad interna, comenzando a prepararse para una elección parlamentaria el próximo año, para lo cual ha sostenido negociaciones en paralelo con un grupo de pequeños partidos de “oposición” que no formaron parte de las rondas de negociaciones en Barbados. De los cinco partidos que han firmado el acuerdo con el gobierno, solo dos tienen representación parlamentaria, Avanzada Progresista dirigida, por Henri Falcón, y Cambiemos, liderado por Timoteo Zambrano, quien ha sido muy cercano al ex-presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Entre ambos partidos suman ocho curules de los 167 de la AN.

La estrategia parece indicar un objetivo de fondo: retomar el control del Poder Legislativo, liderado hoy por Juan Guaidó y la coalición opositora mayoritaria. Para tales fines, la nueva coalición minoritaria podría intentar propiciar un cambio en la correlación de fuerzas antes de las elecciones parlamentarias para desplazar a Guaidó de la presidencia de la AN, para lo que necesitaría una mayoría simple a su favor de 84 votos, con los cuales no cuentan de momento, y/o hacerlo a través de las elecciones parlamentarias, probablemente adelantadas, y sin generar las condiciones demandadas por la oposición, justamente para estimular su abstención.

Conclusiones

En términos comparativos, resulta complejo contrastar el caso de Venezuela con los de Siria e Irán, puesto que el primero apenas enfrenta un régimen de aplicación de sanciones intensivas desde hace cuatro años, mientras que el resto ha sorteado la adversidad sancionatoria por décadas.

Con respecto a la estrategia de cambio político, la fracción mayoritaria de la oposición venezolana debe dejar la compuerta abierta a una renovación del proceso de negociación, que podría incluir a otros actores como los Estados Unidos y la Fuerza Armada Nacional, pero considerando siempre que la negociación no puede ser la alternativa a la movilización ciudadana, ni son acciones mutuamente excluyentes sino complementarias. Cuando se sacrifica la movilización para atender a una negociación, o ésta es consecuencia del desgaste de la protesta, la negociación se convierte en la claudicación de quienes se movilizaban y está, por lo tanto, condenada al fracaso. Por el contrario, si la negociación es consecuencia de la presión interna aunada a la presión externa de los aliados internacionales, y se demuestra la capacidad para mantenerla, e incluso incrementarla, durante el proceso de negociación, se logra aumentar los costos de reprimirla mientras se moderan los costos de tolerancia como resultado buscado de la negociación, aumentándose las probabilidades de alcanzar un acuerdo.

Frente a la posibilidad de adelanto de elecciones parlamentarias, el bloque mayoritario de la oposición necesita resolver el dilema sobre su participación y contar con un comando de estrategia que se avoque a la tarea de prepararse para participar o para llamar a la abstención de forma efectiva, teniendo presente que es probable que el acuerdo entre el grupo minoritario y el gobierno incluirá cambios de menor envergadura en la composición del Centro Nacional Electoral y algunas condiciones, que les resulte suficiente para motivar la participación electoral, de manera de lograr legitimar el proceso, aunque evitando que la oposición más radical participe, para así terminar dominando una proporción mayor, aunque minoritaria de la Asamblea Nacional.


[1] https://www.csis.org/analysis/are-sanctions-working-venezuela

[2] https://transparencia.org.ve/project/sanciones-en-2018-socavar-la-democracia-es-delito/

[3] https://www.csis.org/analysis/are-sanctions-working-venezuela

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