Pedro González Caro

Se conoció como la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) a una doctrina militar no oficial (nunca redactada o declarada como tal) de la política exterior de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. En el marco de esta doctrina los gobiernos totalitarios generalmente dictaduras militares en América Latina, que se caracterizaban por su orientación de extrema derecha conservadora, violaban derechos humanos y perseguían a la disidencia. La práctica de la desaparición forzosa de ciudadanos y detenciones sin debido proceso no solo eran frecuentes sino comunes, además había acuerdos entre gobiernos para perseguir a los disidentes.

La figura del enemigo interno como un elemento desestabilizador que pretendía derrocar al gobierno era utilizada como justificación para desarrollar toda una estructura represiva que garantizara al gobierno mantenerse en el poder, los “costos de represión” eran muy bajos y la comunidad internacional poco o nada tenía que ver con aquellas atrocidades siempre que no les salpicaran.

En la época de la Doctrina de Seguridad Nacional el terrorismo de Estado fue la ley en muchos países. Esto significa que los recursos y personal del Estado, tales como oficiales de policía o de las Fuerzas Armadas, eran empleados para el hostigamiento, persecución, detención ilegal y ajusticiamiento de cualquier ciudadano sospechoso de “conspirar en contra de los intereses y las estabilidad del gobierno”.

Nació y se afianzó, en esa época, una “política” estadounidense, que se conocía como el “macartismo” para describir específicamente la intensa persecución anticomunista que existió en Norteamérica desde 1950 hasta alrededor de 1956. El término “macartismo”,  ha sido empleado después como sinónimo de “caza de brujas”, para referirse, en general, a cualquier actividad gubernamental dirigida a suprimir puntos de vista políticos o sociales no favorables al gobierno, a menudo limitando o suspendiendo derechos civiles alegando la necesidad de mantener la seguridad nacional.

En la actualidad en Venezuela existe un gobierno que se ha declarado de izquierda, revolucionario y “antiimperialista”, que se ha mantenido en el poder por más de 20 años, ha modificado las normas, leyes y ha violado los preceptos constitucionales para mantenerse en el poder operando como un régimen híbrido que se caracteriza por una combinación de elementos democráticos y autoritarios, ha  adoptado la forma de democracia popular, con instituciones políticas formalmente democráticas que maquillan la realidad de la dominación autoritaria.

Precisamente estas características son las que llaman la atención, justo ahora cuando estamos a las puertas de un proceso electoral para renovar la Asamblea Nacional el gobierno impulsa y consolida un aparato represivo que se apoya en dos ramas, una civil y otra militar,  me refiero a las  Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y a la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim). En Venezuela, todo indica que el 2019 fue el año con el mayor número de detenciones arbitrarias y con presos políticos. Un reciente informe presentado por el Foro Penal indica que se produjeron 2014 detenciones arbitrarias, un número considerablemente alto, a pesar de no ser el 2019 el año con más manifestaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Un diputado opositor venezolano, cuya suerte se desconocía desde diciembre está detenido, por tercera vez en dos años. Se trata del diputado Gilber Caro, quien fue abordado en Caracas por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, conocidos como FAES, en un procedimiento ilegal ya que goza de inmunidad parlamentaria. No hay explicación ante un hecho tan arbitrario como éste, no existe un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, ni siquiera una solicitud de allanamiento de la inmunidad parlamentaria, sin embargo, a la fecha, el diputado se mantiene detenido y prácticamente desparecido por que no se conoce con exactitud dónde se encuentra recluido. Paralelamente el diputado opositor Ismael León, del partido Voluntad Popular, “desapareció” después de reunirse con sus compañeros y decidir no acudir a la sede del Parlamento por la presencia en la zona de civiles armados a los que consideran «paramilitares”.

El exhaustivo informe que ha presentado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet ofrece, con suma crudeza y alcance, una visión detallada, inequívoca, de la naturaleza del régimen que dirige Maduro. Describe con altísima precisión sus métodos y ofrece estadísticas realmente escalofriantes. El documento ratifica, punto por punto, todo lo que, durante años, han denunciado respetados periodistas de investigación y escrupulosas Organizaciones No Gubernamentales.  La llamada Operación para Liberación del Pueblo (OLP) no es más que una política de supresión de toda forma de protesta que pueda surgir en el seno de nuestra sociedad. A mi juicio no es casualidad el uso de esas siglas en particular (OLP) para designar a esta operación. Ya no existe el más mínimo recato en la ejecución de esta actividad represiva. El aborrecible secuestro y asesinato del capitán de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, tuvo lugar mientras la Alta Comisionada visitaba el país, incluso, lo presentaron ante un tribunal  militar con apenas el último soplo de vida.

La Corte Penal internacional (CPI) tiene un amplio expediente que evidencia toda esta barbarie, sin embargo hasta ahora la Fiscal Fatou Bensouda, no ha encontrado evidencia suficiente para iniciar la averiguación que conduzca al inicio de un juicio, en consecuencia, solo nos queda seguir esperando por esta importante instancia. 

En este estado de cosas, el Presidente Nicolás Maduro ha anunciado que los días 15 y 16 de febrero del presente año, se realizarán los primeros ejercicios militares del 2020, a los cuales calificó de especiales. “Primeros ejercicios militares en defensa de la ciudades de Venezuela, vamos a defender la ciudad desde adentro, desde el barrio, desde la montaña, desde el campo”, dijo (…)  Esta es precisamente la concepción del enemigo interno que dominó la actuación de los cuerpos de seguridad durante la vigencia de la “Doctrina de Seguridad Nacional”. El gobierno parece estar “reconduciendo el concepto de la Doctrina de Seguridad Nacional para mantenerse en el poder por la fuerza porque la oposición no ha logrado encontrar la forma de elevar los costos de represión y mientras tanto continúa el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos.

Venezuela sigue apareciendo entre los Estados más corruptos, más violadores de DDHH, se disputa los primeros lugares entre los estados más frágiles e incapaces de cumplir con la obligación de proteger a los ciudadanos. El debate no puede ser si vamos o no a las elecciones parlamentarias que corresponde realizar este año, el debate debe ser: cómo logramos que con esas elecciones el gobierno entre en una fase regresiva en la que se vea obligado a negociar porque le resulta insostenible mantenerse en el poder por la fuerza.