Eglé Iturbe de Blanco

A propósito de la nueva Ley Constitucional de la FANB, publicada en la Gaceta Oficial No. 6.508 (Extraordinario) del 30 de enero 2020, la cual se establecen nuevas responsabilidades a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana e incorpora como nuevo componente a la “milicia”, cuerpo que dependerá de la presidencia de la República, es conveniente recordar el papel que han venido desempeñando miembros de la FANB en la administración pública de Venezuela, en qué sectores han jugado un papel relevante y cómo su participación ha impactado el proceso de toma de decisiones en el sector público. Cabe destacar que durante el año 2019 se realizó un gran esfuerzo para determinar cuántos uniformados están prestando servicio en la administración pública nacional (APN), pero fue imposible llegar a una cifra aproximada.

Por las características de la actividad principal de la APN que se expresa en la toma de decisiones sobre los distintos sectores; económico, social, infraestructura y apoyo a la gestión de gobierno, su carácter es esencialmente civil   y la participación de miembros de la FANB debería circunscribirse a aquellos ámbitos que le han sido asignados de acuerdo con la Constitución y la ley respectiva. La CRBV de 1999 establece en su artículo 238 que “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía de la Nación (…) En  cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso de persona o parcialidad política alguna”  (nótese que en la Constitución no tiene el apellido Bolivariana).

Entre 1960 y 1999 muy pocos militares formaron parte de los nuevos gobiernos democráticos de la época, salvo los ministros de la Defensa. Destaca el ingeniero y General Rafael Alfonso Ravard, primer presidente de PDVSA en 1976 cuando se nacionalizó la industria petrolera y que en la década de los 60 había sido presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)  y de Edelca.

Con la llegada del comandante Hugo Chávez al poder y la adopción de la Constitución de 1999 se cambia el papel de la FAN y se le da además del derecho al voto, participación en el desarrollo nacional, al establecer la posibilidad de asignarle áreas económicas para su desarrollo, actividad que ha venido desarrollando la FANB en estos últimos 20 años, a su manera y en beneficio propio. Chávez Frías inició la incorporación de los miembros de la FANB a los gabinetes de gobierno y a la presidencia de órganos y entes públicos. La primera gran tarea, al inicio de su mandato, fue el Plan Bolívar 2000 que al darle a militares activos de alto rango responsabilidades en ejecución de obras y proyectos, y permitirles administrar recursos sin ningún control institucional, facilitó el proceso de corrupción dentro de la institución. Para el año 2006, Hugo Chávez incorporó  cinco ministros provenientes del sector militar  en su Gabinete y siete en el 2012, último año de su mandato.

Su sucesor, Nicolás Maduro, ha venido aumentando el número de militares en el gobierno al más alto nivel, desde vicepresidentes sectoriales hasta directores generales de diferentes despachos, gerentes y presidentes de los órganos  y de las mayores empresas públicas, las cuáles se han multiplicado en los últimos 20 años. Para el 2013 (marzo a diciembre), al inicio de su mandato, nombró 11 militares para 8 despachos. En mayo del 2018 tres militares ocupaban la misma cantidad de vicepresidencias sectoriales y 15 de los 32 ministerios. La situación para diciembre del 2019 refleja una menor participación de los militares en los altos cargos de la APN. En las vicepresidencias sectoriales  se encontraron solo dos y a  nivel de ministerios, al inicio del año, se contaba con 14 miembros de las FANB al frente de igual número de despachos (41% del gabinete), y para diciembre se habían reducido a 12 (35% del gabinete).

La mayor participación militar no está en las oficinas centrales sino en las vicepresidencias sectoriales, ministerios, viceministerios y direcciones generales. En cada despacho donde hay un ministro militar hay al menos uno o dos viceministros del mismo origen y varios directores generales. Como no se tiene cifra oficial de cada ministerio, estimamos en base a las estructuras ministeriales analizadas, que puede haber  al menos 150 personas que respondan a ese mismo origen.

Un alto número de militares de alto rango que participan en la APN se concentran en la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) creada en agosto del 2016, cuyo jefe es el Ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir  Padrino López. Esta misión ejerce una clara injerencia y control sobre todas las actividades que desarrollen los ministerios y empresas públicas en el ámbito de la alimentación y en la importación, acopio y distribución de las llamadas cajas CLAP. En la GMAS participan 90 altos oficiales, 25 de ellos en el comando central de la misión y 9 generales en las unidades de apoyo. Asimismo 15 generales, 2 vicealmirantes y 3 coroneles  son responsables del abastecimiento por productos y a todo ello se le agregan 28 oficiales que incluye a 22 generales, 1 Vicealmirante ,3 contralmirantes y 2 coroneles que se ocupan de la supervisión de los mercados municipales. La GMAS tiene comandos regionales cuyos integrantes no están incluidos en los 90 anteriores.

La otra actividad que despliega la FANB y que adquiere cada vez más importancia se refiere a la vigilancia y participación en la industria petrolera, minera y de gas a través de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas (CAMINPEG), creada por Gaceta Oficial N 40.845 en febrero del 2016, la cual queda facultada por Decreto No 2.231 para realizar todas las operaciones lícitas en servicios petroleros, gas y explotación de minerales en general, sin limitación alguna. En base a este decreto los militares tienen la custodia y explotación de los minerales estratégicos del Arco Minero de Guayana. No hay información sobre cuántas personas están ocupadas en estas actividades.

La tercera actividad no vinculada a la defensa de la Nación ha sido la autorización desde el 2017 para la instalación, en Fuerte Tiuna, de un conjunto de 20 empresas dedicadas a servicios y a  fabricación de bienes. Se creó un banco para la Fuerza Armada Nacional, una estación de  TV, una empresa de comunicaciones, dos constructoras y una empresa agropecuaria. Empresas de transporte y fabricación de vehículos, una fábrica de neumáticos y empresas mixtas con socios privados para la fabricación de textiles y hasta agua mineral.   A través del Ministerio de Industrias han sido nombrados como presidentes de una gran cantidad de empresas públicas, especialmente las ubicadas en Guayana. También participan en las empresas mixtas del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico donde presiden la Corporación Venezolana de Minería, de la cual dependen las asociaciones con empresas extranjeras para la explotación del oro y el coltán. Para 2019, además de las actividades productivas mencionadas, presiden las empresas de transporte público masivo como, el Instituto de Ferrocarriles y el Metro de Caracas, el INEA, VENAVEGA y  ASTIMARA, entre otras. De igual manera controlan el sector eléctrico y PDVSA.

Los puertos y aeropuertos del país están bajo autoridades únicas militares a través de Bolivariana de Puertos y Bolivariana de Aeropuertos. No solo en la APN está participando la FANB, también en 11 Estados del país han sido electos como gobernadores y algunos alcaldes y concejales  militares retirados y es posible que en estos territorios se está repitiendo el esquema nacional.

Cuando se habla de un gobierno cívico-militar y se revisan las áreas donde están operando y con las facilidades otorgadas podríamos decir que estamos ante un gobierno militar-cívico, donde se ha cambiado su papel constitucional que señala que el sector militar debe estar bajo las órdenes del poder civil. Por otra parte, esta amplia participación del sector militar en la APN ha contribuido al deterioro acelerado del sector público porque se han introducido conceptos de gestión, basados en la guerra: “yo ordeno -usted obedece-. Cuando en la APN las políticas públicas deben ser horizontales y concertar con los sectores involucrados, lo cual no sucede en un mando vertical como el militar. El efecto ha sido que parte de la burocracia civil pública está en los ministerios y vicepresidencias pero sin participación en el diseño de las políticas públicas, al margen de las actividades sustantivas.

La nueva Ley Constitucional de la FANB establece la posibilidad de otorgarles áreas de desarrollo económico, pero ya eso ha venido sucediendo tal como lo hemos expresado en el desarrollo de este artículo. La FANB debería tomar en consideración la conveniencia  de concentrarse en sus labores constitucionales y dejar las actividades empresariales y las políticas públicas a los civiles que han sido preparados para estas actividades y participar en el desarrollo nacional dando el apoyo necesario en lo social y en la infraestructura que son sectores hoy debilitados y muy  necesarios para la reconstrucción del país y la recuperación de la democracia.

Una nueva relación, entre sociedad y Fuerzas Armadas, se hace necesaria para recuperar la confianza del ciudadano en las tareas que la misma desempeña, no obstante se deben fortalecer los lazos institucionales. La Administración Pública Nacional debe ser el área de actividad de los civiles preparados para ello, con el apoyo de la institución armada, cuando sea necesario en situaciones de crisis humanitaria y desastres naturales.