A propósito de la situación de violación de derechos humanos en nuestro país, diversas ONG publicaron un material explicativo sobre qué es una Misión Internacional Independiente y qué alcance tienen las investigaciones que realizan, por ejemplo, en Venezuela

Yira Yoyotte

El pasado viernes 3 de abril, diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre ellas, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) recordaron que desde el pasado mes de septiembre de 2019 una Misión Internacional Independiente (MII) investiga, verifica y documenta los casos de violación de los derechos humanos en Venezuela, en consecuencia, publicaron en sus páginas web un material muy didáctico en el cual explican qué es y para qué sirve la mencionada instancia.

Dicho material comienza por indicar que una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela es un mecanismo creado por la Organización de Naciones Unidas que tiene como propósito responder a situaciones de graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.

Explican que estas decisiones se toman cuando se comprueba que se trata de hechos prolongados, como si se derivan de acontecimientos súbitos y para promover la responsabilidad por dichas violaciones y combatir la impunidad.

“Las Misiones Internacionales  pueden ser creadas por cualquier órgano de la ONU”, indica la publicación realizada por la ONG “Alerta Venezuela”.

El pasado 10 de marzo de 2020,  solo por citar un ejemplo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, actualizó su informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela e informó que sigue recibiendo denuncias de tratos crueles a los presos.

Bachelet destacó que continúan las tensiones políticas en el país y cuestionó abiertamente que la arremetida que los cuerpos de seguridad del Estado han practicado contra diputados de la Asamblea Nacional.

En los informes anteriores la Alta Comisionada ha solicitado no solo disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana sino la libertad plena para presos políticos como la Juez María Lourdes Afiuni y Braulio Jatar, pero dichas peticiones no han sido atendidas.

De acuerdo a la más reciente información suministrada por los representantes del Foro Penal, hasta el 30 de marzo de este año, 328 personas, entre civiles y militares, se encontraban detenidas por razones políticas. Alfredo Romero, director de la ONG, explicó que solo durante la cuarentena social han sido detenidas 23 personas.

El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, denunció que 10 personas del entorno del presidente interino, Juan Guaidó han sido víctimas de persecución, maltratos físicos y encarcelamientos.

“En apenas 72 horas, cinco miembros del equipo del presidente interino han sido objeto de detenciones arbitrarias”, denunció Prado el pasado 3 de abril. Además de Roberto Marrero, Jefe del Despacho Presidencial, quien tiene un año detenido, Juan Planchard, Erick Sánchez, Jason Parisi y Juan José Márquez, tío del diputado Juan Guaidó, han sido detenidos Víctor Silio, Rómulo García, Andrea Bianchi (liberada), Demóstenes Quijada (asesor) y Maury Carrero. Los últimos dos mencionados fueron presentados ante tribunales el pasado sábado 4 de abril y les fue impuesta medida de privación de libertad.

Durante las protestas de los años 2014 y 2017 más de 200 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, los organismos internacionales han documentado un número importante de ejecuciones extrajudiciales y además los niveles de desnutrición, el colapso de los servicios públicos, la falta de medicinas, la migración y el hecho que más de un millón de niños no puedan ir a las escuelas han sido registrados y denunciados desde la perspectiva de los derechos humanos.

El documento realizado por “Alerta Venezuela” y publicado en la página Web de Provea explica que hay semejanzas entre una Misión Internacional Independiente (MII) y una Comisión de la Verdad. En este sentido explican que hay semejanzas, en la medida en que este tipo de entidades son iniciativas cuya credibilidad proviene de su independencia, buscan establecer la verdad en situaciones violatorias de los derechos humanos, identificar a los posibles responsables y brindar elementos para que se haga justicia.

“También se asemejan porque no son tribunales, pero sus hallazgos son insumos para la posterior acción judicial”, precisan.

El material también incluye una explicación de cuál es la relación este la MII y la Corte Penal, a dónde deben acudir los denunciantes, quiénes integran la mencionada comisión, por cuánto tiempo y cómo funciona la misión y qué pasa con el resultado de estas investigaciones.

La hoja informativa, tal como la definen las ONG Alerta Venezuela, Acceso a la Justicia, la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis DDHH, Codevida y Espacio Público, contiene un vínculo para acceder a información general sobre el tema y además invita a descargar la Guía de ACNUDH.

Haga Click Aquí para acceder a la Hoja Informativa: