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“Existe una crisis estructural evidente en el sistema penitenciario venezolano”: Humberto Prado

Foto cortesía de: Presidencia Venezuela

El abogado comentó, al participar en un Webinar organizado por el CEPyG-UCAB, que la violación de los derechos humanos en las cárceles venezolanas ha llegado a tal extremo que al cerrar la PGV, en Guárico, se consiguieron varias fosas comunes con 15 osamentas humanas y aún no han informado a quién pertenecían esos restos. En cuanto a la masacre en Guanare dijo: “No piensen que se van a salvar de la justicia internacional”

Yira Yoyotte

Humberto Prado, abogado, fundador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y actual Comisionado Presidencial para la Defensa de los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, es quizás uno de los profesionales que más conoce la situación penitenciaria del país. Desde hace más de dos décadas investiga el tema con la pasión y dedicación que se requiere para abordar una situación tan engorrosa como ésta.

Este jueves, al ser invitado a participar a un Politikafé Virtual (Webinar) organizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, presentó una cronología de los 5 momentos más importantes del Sistema Penitenciario de Venezuela.

La exhaustiva investigación tiene su origen en el período 1830-1841 cuando el Secretario del Interior para la época, Antonio Leocadio Guzmán, recorrió varios países en busca de tomar nota de los sistemas penitenciarios que existen fuera de nuestro territorio nacional.

“Solo consiguieron un sistema que hoy podemos denominar como un sistema cerrado en el  cual no se permitía, ni siquiera, visitas de familiares a los privados de libertad”, explicó.

Relató que el segundo momento se ubica al culminar la dictadura del general Juan Vicente Gómez, quien gobernó el país durante 27 años. A partir de 1936 hasta el año 1941, bajo el gobierno de Eleazar López Contreras, el jurista, criminólogo e individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua y de la Academia de Ciencias Políticas, Tulio Chiossone, fue llamado a instaurar el estado de derecho en nuestro país. De esta manera no solo nació la criminalística sino que se aprobó por primera vez la Ley de Régimen Penitenciario y todo un conjunto de normas relacionadas con el tema penitenciario.

Como se recordará Chiossone ejerció el cargo de Inspector General de Cárceles y Penitenciarias, durante su gestión se construyó la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), ubicada en San Juan de los Morros, estado Guárico.

“Fue un modelo arquitectónico importa, por primera vez se vio el impulso y la decisión de transformar el sistema penitenciario del país. Este recinto carcelario tenía áreas de trabajo y hasta cría de ganado. En la actualidad nada de eso existe”, informó Prado.

El momento número tres se registró durante el gobierno del presidente Luis Herrera Campíns (1979-1984) cuando no solo se creó el Teatro Penitenciario sino que se aprobaron dos instrumentos de ley (la Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena  y la Ley del Régimen de Antecedentes Penales) las cuales permitían, entre otras cosas, que aquel individuo que hubiera cometido un delito menor no fuera detenido sino juzgado en libertad.

“Durante ese gobierno se construyeron varias cárceles, entre ellas, la llamada cárcel de Yare, entre otras. Hoy todos esos lugares que tuvieron hasta espacios para el teatro, la educación y la recreación, son consideradas las más peligrosas del país”, indicó el especialista no sin antes destacar que una de las cosas que más ha destruido la institucionalidad dentro de la administración público es que no hay continuidad en los planes y proyectos.

“Cada ministro llega con su equipo y todo lo anterior queda atrás”, advirtió.

El cuarto “momento” fue durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989)-1993). “En este período se creó el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios impulsado por el criminólogo Elio Gómez Grillo. Un poco más de dos mil estudiantes egresaron de ese centro educativo. Hoy esa universidad no existe, fue sustituida por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad”.

A juicio de Prado este ha sido uno de los errores más graves que se ha cometido dado que, especialmente el actual régimen, no termina de entender que las cárceles deben estar en manos de personas especializadas en el área.

“Los militares saben de guerra, los policías saben de represión y solo los civiles pueden ser especializados para la reinserción y la rehabilitación de una persona que haya permanecido en una cárcel. La UNES es una universidad para policías no para penitenciaristas”.

Prado destacó que en el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios contó con un staff de profesores como el Padre Luis María Olaso, defensor de los derechos humanos.

Y llegó el chavismo

El fundador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), al explicar el quinto momento sobre la historia penitenciaria del país, explicó que desde el año 1999 hasta el año 2011, 14 personas han estado al frente del Ministerio de Justicia y luego, a partir del año 2011, cuando se creó el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, el tema ha sido manejado exclusivamente por la ciudadana María Iris Varela.

“La aprobación de la Constitución Nacional de 1999 marca una gran diferencia con las anteriores, el artículo 272 de este instrumento establece  que el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos y además permite la descentralización de los recintos penitenciarios. 20 años después esto es letra muerta, hoy se violan flagrantemente los derechos humanos de los privados de libertad y no se ha descentralizado un solo reciento penitenciario”, explico el invitado.

Prado Sifontes afirmó que durante las dos últimas décadas se han aprobado leyes que más bien representan un retroceso para los reclusos dado que muchas de ellas le restan derechos a quienes cometieron un delito.

“Por ejemplo el actual Código Penitenciario viola el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo.

El Comisionado Presidencia señaló que en la actualidad existe una crisis estructural evidente en el sistema penitenciario de nuestro país: “No solo hay un hacinamiento alarmante sino que la corrupción ha permitido que algunos internos tengan carros y motos dentro del recinto penitenciario. La Guardia Nacional debe salir de las cárceles venezolanos, eso es un atraso”.

Durante la actividad el abogado preguntó: “Cómo entran las armas y las drogas a los penales si el resguardo exterior de los recintos está integrado solo por militares”.

El cierre de cárceles como política de Estado

Humberto Prado explicó otro de los errores cometidos durante los últimos años y que se ha traducido en incremento del hacinamiento: el cierre indiscriminado e irracional de los recintos penitenciarios del país.

“El Retén de La Planta, en Caracas, fue cerrado, en consecuencia dejaron a Caracas sin cárcel, el Internado Judicial de Los Teques, Sabaneta, la Penitenciaria General de Venezuela, el Internado Judicial de Apure y la cárcel de Amazonas también fueron cerradas, eso significa que a los privados de libertad de esos estados los alejan no solo de sus familiares sino de los circuitos judiciales que deben conocer esas causas, por lo tanto, el retardo procesal y el hacinamiento se disparó de manera incalculable”, añadió.

El abogado explicó que solo en las cárceles venezolanas se encuentra un total de 47.775 personas (44.192 hombres y 2.587 mujeres) mientras que en las comisarias policiales hay aproximadamente 35 mil personas completamente hacinadas y a merced de enfermedades, violaciones a los derechos humanos, falta de agua y todo tipo de enfermedades.

“La violación de los derechos humanos ha llegado a tal extremo en las cárceles venezolanas que al cerrar la PGV, en Guárico, se consiguieron varias fosas comunes con 15 cadáveres y aún no se ha informado la identidad de esas osamentas”.

No se salvarán de la justicia internacional

Al abordar el más reciente caso de violencia dentro de una cárcel venezolana, el abogado Humberto Prado, explicó que el pasado 1 de mayo se llevó a cabo una masacre en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Capella). En el hecho perdieron la vida 46 privados de libertad y otros 75 resultaron gravemente heridos de bala.

“No piensen que se van a salvar de la justicia internacional, han habido muchas matanzas en las cárceles venezolanas, ninguna con responsables, pero ahora es diferente porque en estos momentos están en el país los representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y una Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, ambas instancias, de la ONU, investigan, verifican,  documentan los hechos  y elevan los casos a las instancias internacionales correspondientes”, explicó.

Dijo, además, que al hacer la descripción de “la línea de mando” se caen por su propio peso las imputaciones que el Ministerio Público realizó en contra de un Primer Teniente y varios sargentos.

“Ese día un General de la República se encontraba en el lugar por eso resulta absurdo que hayan imputado al director del penal y a otros militares de bajo rango. Todo ha sido investigado y sabemos que los internos estaban reclamando porque tenían hambre, porque la Guardia Nacional se quedaba con la comida que los familiares llevaban”.

De acuerdo a lo explicado por el experto, en éste y cualquier otro hecho de violencia o alteración del orden dentro de un recinto penitenciario se debe cumplir con lo establecido en el Protocolo de Minnesota, es decir, se debe, en un primer momento, apelar a técnicas de persuasión y solo introducir a los agentes de seguridad cuando la situación haya rebasado la primera etapa.

“Aún así las fuerzas del orden no pueden actuar con armas letales, eso no está contemplado en ningún instrumento de ley”, precisó.

Plan País Penitenciario

Al abrirse el ciclo de preguntas, una persona de la audiencia preguntó si había algo programado para cuando haya un cambio político en el país y Humberto Prado respondió: “Ya tenemos listo el Plan País Penitenciario, tan pronto cese la usurpación no solo tendremos el personal civil y preparado para trabajar en las cárceles sino todo un programa que echará a andar un moderno sistema penitenciario que respete los derechos humanos de los privados de libertad”.

El abogado explicó que el plan incluye los siguientes aspectos: despolitizar el sistema de justicia, resolver el hacinamiento y el retardo procesal, hacer la debida clasificación (mínima, media y alta peligrosidad), no permitir el llamado “Pranato”, crear alianzas con diversas instituciones para que pongan en práctica programas de reinserción social, fortalecer las instituciones vinculadas al tema, permitir la entrada de ayuda humanitaria para cada cárcel y permitir, por ejemplo, que UNICEF asista a los menores de edad que hayan cometido delitos.

“Además hay que sistematizar el sistema de justicia, en este momento de pandemia los procesos judiciales están paralizados innecesariamente, para que esto no ocurra, el juez debe ir a las cárceles o hacer juicios utilizando la tecnología”.

Cabe destacar que el Comisionado Presidencial comenzó su intervención diciendo que su intención no era colocar a los privados de libertad como unas víctimas. “Lo que sucede es que después de estar en una cárcel no puedes ser castigado dos veces, aunque nos cueste creerlo los presos son sujetos de derecho y el Estado está en la obligación de garantizar su seguridad”

Este Politikafé Virtual (Webinar) se denominó “Hablemos del Sistema Penitenciario Venezolano” y fue moderado por la profesora Yakeling Benarroche, coordinadora académica del CEPyG-UCAB.

Para ver el Webinar: https://ucab.zoom.us/rec/share/x5d2JqPr1DpJGIHO1krTZqICF4P4aaa8h3JKrvUMz0z20zpwHBHyLjwb2VYuTKA0

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