Eglé Iturbe de Blanco

Economista (UCV-1961), Magister en Planificación Industrial. Ex ministra de Hacienda y Ex directora principal de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

@Egleidb

Nos encontramos inmersos en una crisis compleja que abarca lo económico, lo político y lo social, al mismo tiempo tenemos que batallar con el recrudecimiento del Coronavirus (COVID-19) que se encuentra en su fase más activa de contagio dentro de las precarias condiciones de salubridad y de protección al personal que está dedicado a atender los casos graves de la pandemia y ayudar a prevenir el agravamiento de los que se encuentran en condiciones más comprometidas. El sistema de salud es insuficiente para atender los casos que se presentan a diario y no hay ninguna acción especial para mejorar las condiciones del personal y de los enfermos.  No estamos preparados en nuestra forma de vida para acatar las medidas de prevención que se proponen. La evolución del contagio ha sido lenta pero consistente y el gobierno decidió en los primeros días de julio flexibilizar la situación  y permitir la apertura de 24 diferentes actividades, a pesar de que no había consultado a ningún sector sin consultar ni tomar en cuenta ningún indicador válido dentro del delicado tema. La semana siguiente, de manera improvisada, esos mismos voceros oficiales tuvieron que anular la decisión en los estados fronterizos y la Gran Caracas, lugares donde hay varios brotes en desarrollo. El régimen no acoge ninguna recomendación y es sorprendente cómo el ministro de Salud parece estar ausente en estas decisiones.

Además de la necesidad de luchar contra la pandemia, está la necesidad de recomponer la economía la cual caerá este año probablemente en un 30% adicional al 70% que ha caído en los últimos 7 años, según análisis de Ecoanalítica, llevando al país a una economía sumamente pequeña. El petróleo que era el principal financiador de la economía, ha declinado su papel al caer la producción  a menos de  500.000b/d y  se espera cada vez menos producción porque ya no se tienen clientes que atender debido a dos motivos: la destrucción de la industria petrolera durante los últimos 15 años y la caída de los precios desde el año 2014, no obstante, las sanciones de los Estados Unidos han limitado la comercialización del petróleo.

 La agricultura, la industria y el comercio se encuentran en situación crítica. La agricultura no recibe suficiente financiamiento para la siembra, ni semillas, ni fertilizantes, ni pesticidas desde la expropiación de Agro-Isleña y su sustitución por Agro-Patria. Los pocos agricultores y ganaderos que producen no tienen cómo arrimar sus productos a los centros de consumo porque no hay gasolina disponible para ellos, salvo contadas excepciones, o llegan al mercado con un elevado sobreprecio por las coimas que tienen que pagar en las distintas alcabalas que encuentran a lo largo de la ruta, a lo que se ha unido, la restricción de movilización fuera de las regiones en la mitad del territorio. Muchos agricultores prefieren botar sus cosechas o regalarlas en sus regiones antes de enfrentar la situación de traerlas a los centros de consumo en las ciudades.

La industria privada por su parte, se encuentra enfrentando la circunstancia de tener que pagar nómina sin estar vendiendo sus productos lo cual es una situación insostenible para las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría. Las grandes empresas han adoptado políticas acordes con su capacidad financiera, para retener su personal. Solo algunas empresas del campo alimenticio han podido sostenerse a pesar de estar enfrentando la competencia de las importaciones del régimen para abastecer el programa de cajas CLAP, mecanismo de control social de la población de menos ingresos.  El régimen en vez de estimular la producción nacional para dotar con  productos nacionales los programas de subsidio alimentario recurre a importaciones de países afines ideológicamente y así se puede encontrar en las cajas CLAP harina de trigo de Turquía;  harina de maíz precocida traída de México; aceite vegetal de Argentina; leche en polvo de distintas procedencias (México y Argentina) ,granos, atún y arroz  de China; azúcar, harina de trigo y otra variedad de productos del Brasil;  entre otros. Por su parte, la industria en manos del Estado, producto de las expropiaciones y tomas de empresas en los últimos 15 años están cerradas o con niveles muy bajos de producción. En el ramo alimenticio son responsables de más del 50% de la capacidad productiva instalada, que si estuvieran produciendo no haría falta importar ni harina de maíz, aceites y grasas, granos procesados, pescados enlatados, azúcar, arroz, carne y más productos de la cesta básica. Si los recursos que el Estado viene usando para importar todos estos bienes básicos se estuvieran usando para incentivar la producción local privada o pública se tendría un gran ahorro de divisas, se habría reducido sustancialmente la corrupción involucrada en estos negocios y el consumidor estaría más satisfecho por precio, calidad y disponibilidad.

Tanto el sector agrícola como la agroindustria, la industria manufacturera y el comercio necesitan políticas de estímulo para aumentar la capacidad productiva del país y generar empleos estables y bien remunerados y para ello, hace falta una estructura institucional que apoye la gestión productiva en toda su extensión y eso pasa por una administración pública eficiente y eficaz, que genere políticas públicas positivas y no solo mecanismos de control que limitan la capacidad productiva. Se requiere una política salarial acorde con las circunstancias económicas y sociales del país. No es posible que el salario mínimo sea de 2,5 $, menos que el precio de un cartón de huevos, un kilo de carme o un pollo entero y que se esté promoviendo la dolarización de facto sin control, lo que hace más difícil el acceso de las personas más vulnerables a los bienes esenciales no incluidos en las cajas CLAP, especialmente las proteínas necesarias para garantizar la nutrición adecuada de los niños venezolanos que son la población mayoritaria en las clases populares.

 Además de la Vicepresidencia Ejecutiva, la administración pública nacional (APN) en Venezuela cuenta para Julio del 2020,  con 34 ministerios y cinco vicepresidencias sectoriales (VPS) de las cuáles dependen todas las actividades en las áreas de la economía, lo social, la defensa del territorio y la seguridad interna, la infraestructura y las comunicaciones. Además de la estructura se cuenta con más de 1.500  órganos y entes descentralizados en los cuales se administran las políticas y controles y se realiza la actividad productiva del Estado en las empresas públicas de distinta naturaleza.  

El área económica es muy amplia y cubre las finanzas, la actividad agrícola, la minería y el petróleo, la industria y el comercio nacional e internacional. Esta área cuenta en la Vicepresidencia Sectorial  de Economía 11 ministerios, el Sistema Agroalimentario Nacional con cinco ministerios (agricultura productiva y tierras, agricultura urbana, pesca y acuicultura, alimentación y defensa) y  una cantidad adicional de órganos y entes  que  atienden el sector, en el cual se encuentran solapamientos, duplicaciones y diferencias de enfoque sobre las distintas políticas. Se hace necesario después de la pandemia y cuando se retome la democracia, generar organizaciones que tenga la visión agroindustrial integral y puedan proponer políticas en todas las áreas que beneficien la capacidad productiva, al productor y al consumidor para ir poco a poco garantizando la seguridad alimentaria que ha sido destruida en los últimos años. La dirección, diseño, control e instrumentación de las políticas de esta área debe estar en manos de personas conocedoras de las diferentes actividades y no en manos de los militares como ha sido hasta ahora. Los ministerios de esta área han estado ocupados por ocho (8) miembros de alto nivel de las FANB en los últimos 10 años. Para junio del presente año  dos generales de la República  se encuentran a cargo de los despachos de Agricultura Productiva y Tierras y  Alimentación y el General en Jefe, ministro de Defensa Vladimir Padrino López, es el Jefe de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, en la cual participan más de 90 generales que son responsables de 20 productos prioritarios y de la supervisión de todos los mercados municipales del país (28). No conforme con lo anteriormente descrito, el General en Jefe Padrino López es también responsable  de las importaciones de los productos para las cajas CLAP. Cabe recordar que la mayoría de autoridades en los puertos son militares. El petróleo y la minería también están bajo la conducción de las FANB.

El sector social no está menos abandonado que el sector económico y financiero. Bajo la VPS del socialismo social y territorial se agrupan 12 ministerios que abarcan la educación, la educación universitaria, la ciencia y la tecnología, la mujer, la juventud y el deporte, las comunas,  salud, los pueblos indígena, el hábitat y la vivienda, servicios penitenciarios y el proceso social del trabajo. Este desmembramiento de la gestión social en pequeños espacios impide ver la situación de conjunto y elaborar políticas sociales integrales que abarquen la persona como un todo y no fraccionada por categorías. Por otra parte, no se reconoce la importancia de la salud  y de la educación en forma integral y lo que pudieran ser programas dedicados a los sectores son ministerios con dispersión de recursos.

 El empleo, la atención prioritaria a los más vulnerables, ancianos y niños no tienen suficiente prioridad y la tasa de desnutrición, de deserción escolar por falta de alimentos, las enfermedades que podría evitarse con un programa adecuado de vacunación no se atienden en su totalidad .Los resultados de la Encuesta ENCOVI 2019-20 ha puesto en evidencia la pérdida de calidad de vida del venezolano donde 96% de los hogares encuestados presenta pobreza de ingresos y el 64,8% presenta pobreza multidimensional influida por la precariedad de la salud y la poca importancia de la educación. Apenas 3% de los hogares no presentan insuficiencia alimentaria y la desnutrición de los menores de 5 años. Venezuela ya es comparable a los países más pobres del mundo. La falta de ingresos adecuados a la clase trabajadora que no le alcanza el salario, ni los bonos del gobierno para abastecerse de las cosas más necesarias, que no tienen ingresos en bolívares para pagar las tarifas del transporte público porque no existe una adecuada masa monetaria en bolívares y se ha reducido la posibilidad de trabajar por la cuarentena (43% de los hogares) y así agenciarse recursos para la vida diaria impidiendo que  pueden llevar alimentos a su casa. La crisis se ha agravado por la escasez de gasolina que limita la movilización de los ciudadanos y que ha servido de pretexto para la cuarentena total aguda. Además, la población envejece: más del 12% son mayores de 60 años y más del 70% de los jefes de familia son mujeres, la población se ha reducido en casi 4 millones de habitantes desde 2017 debido a la diáspora ocurrida por la situación económica, social y política. Se hace necesario que la administración pública nacional retome la función básica que garantiza su existencia que no es más que establecer políticas públicas en cada sector ,en concordancia con las diversas actividades y en coordinación con los otros poderes públicos nacionales, regionales y municipales;  en consulta permanente con el sector privado (empresarial y laboral) en una política de concertación, para reconstruir el país desde sus cimientos dentro de un marco de libertades democráticas. La Administración Pública Nacional debe revertir la práctica aplicada en los últimos 20 años de crear organizaciones para resolver los problemas en lugar de definir y aplicar políticas concretas para resolverlos. Debe retornar la conducción civil al sector público, devolviendo los militares a sus actividades propias y volviendo a restituir la estructura funcional de ésta con personas capacitadas para las diferentes actividades y no por las lealtades políticas. Se debe volver a la capacitación de los funcionarios públicos, al ingreso por concurso y a establecer incentivos para la carrera pública y la revalorización social y ética del funcionario público La COVID-19, por su parte, nos deja la necesidad de reducir el tamaño de la APN , priorizar los aspectos sociales en especial salud y educación, y su relación con los aspectos económicos, el valor del retorno a la ética, la solidaridad, el reconocimiento del valor del trabajo, el uso de tecnologías modernas para generar información adecuada a la toma de decisiones  y la necesidad de arrimar todos y cada uno de los ciudadanos un granito de arena desde donde se encuentren, para acompañar y apoyar la dirección y conducción de la  clase política y de la sociedad civil para la vuelta a la democracia y la reconstrucción del país en el tiempo más corto posible.