Opinión y análisis

Venezuela Mad Max

Foto: Transparencia Venezuela

Leonardo Vera | 22 de julio de 2020

Economista de la Universidad Central de Venezuela (1987), Master en Economía en Roosevelt University (Chicago, 1991), y Ph.D. en Economía en University of East London (Inglaterra ,1997). Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor Titular de la Cátedra de Macroeconomía de la Escuela de Economía de la UCV y Profesor Invitado Internacional en FLACSO-Ecuador. Autor y editor de 6 libros sobre Macroeconomía y Desarrollo

@LeonardoVera60


Al igual que la mayoría de los países del sub-continente, Venezuela comienza a lidiar con la pandemia del Covid-19 en marzo de 2020, pero en franco contraste con el vecindario el impacto de este azote ha llegado en el contexto de una sociedad distópica, donde una pequeña hueste rodeada de privilegios y seguridades impone su poder despótico sobre sus congéneres, y estos lanzados a la incertidumbre sobreviven a una crisis de dimensiones socio-económicas desconocidas en el hemisferio. Venezuela lleva sobre sí la marca de una catástrofe. En 6 años acumula una caída del producto interno bruto de 65%, y este año las estimaciones más optimistas hablan de una caída adicional de 26%, de lejos, la debacle productiva más dramática en el continente.

En noviembre de 2017 la tasa de inflación mensual en Venezuela marcó 56%, y desde entonces el flagelo es galopante y el país se encamina a su cuarto año con tasas de inflación estratosféricas. Frente a la indolencia y carencia de políticas de estabilización, sólo la brutal caída del consumo parece ser la esperanza de las autoridades públicas; ineptas e indiferentes, asentadas en las trincheras del poder.

Estos dos terribles males macroeconómicos -depresión e hiperinflación- se han comido literalmente la economía. Tanto es así, que el ingreso por habitante en Venezuela ha retrocedido 73 años para ubicarse en los niveles registrados en el año 1946. La Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), un encomiable esfuerzo de tres universidades por conocer la calidad de vida de los hogares, ha revelado hace unos días que cerca de 79 % de los hogares en Venezuela son pobres extremos. Lo son por no tener ingresos suficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria. Para estos pobres extremos, las transferencias gubernamentales (bonos y ayudas), representan el 45% de sus ingresos, pero el monto de esas transferencias y ayudas oscilaba, para el momento que se realizó la ENCOVI (Oct 2019 – Mar 2020), entre 1 y 5 dólares mensuales. Con semejante precariedad para llevar pan a la mesa, no es extraño que la ENCOVI encuentre 639 mil niños menores de 5 años con desnutrición crónica.

Apaleados por una fórmula sin precedentes de generar pobreza, legiones de venezolanos han salido del territorio. Mayormente caminan hacia los países vecinos y al sur del continente en búsqueda de trabajo. El éxodo en los últimos tres años según las estimaciones de OIM es de 2,7 millones. Las cifras de ENCOVI es ciertamente menor, 2,3 millones. En una ventana de tiempo más amplia la migración venezolana en los últimos años se estima en 5 millones de personas.

Una encuesta hecha en Colombia, el país que hoy recibe la mayor parte de la migración venezolana, indica que, entre los migrantes venezolanos, 45 % completó sus estudios de secundaria y 28 % tiene formación técnica superior o universitaria. Pero 89 % no ejerce su profesión u oficio en Colombia porque no cuenta con los permisos necesarios. La realidad es que los procesos de convalidaciones y homologaciones son una barrera para buscar empleo y la mayor parte subsiste en la precariedad de los empleos informales. De cara a los estragos económicos de la pandemia en la región, Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto ACNUR-OIM ha señalado hace unos días: “Los venezolanos en toda la región ahora se enfrentan al hambre, la falta de acceso a la atención médica, las perspectivas de la falta de vivienda y la xenofobia”.

Muchos han quedado en la calle a raíz de la pandemia. Para ellos, que hace unos años atrás eran ciudadanos andinos, hoy no existe siquiera la protección social. Algunos han decidido regresar. Regresar sin mayores perspectivas a una economía arruinada, pero donde al menos algún techo y red de seguridad familiar existe. Pero el regreso es un martirio y la moral se arrastra. Son recibidos por gente que los llama “bioterroristas” y los mira con desprecio ¿A qué realidad regresan?.

Venezuela está dejando de ser un país petrolero, y de manera acelerada. La industria de los hidrocarburos ha quedado desmantelada tras años de desinversión, sobre-endeudamiento, frágil gobernanza, y caos organizacional. Esta debacle aunada a las sanciones comerciales de los EE.UU., han llevado la producción de crudo de 2 millones 800 mil barriles en 2014, a escasamente 393 mil barriles al cierre del primer semestre de este año, un nivel de producción no visto desde el año 1943. Venezuela, que llegó a tener el parque refinador más grande del mundo, ha paralizado por meses la movilidad interna por la aguda escases de combustible.

Así que en Venezuela no hay renta petrolera que distribuir, la depresión y el paro decretado durante la pandemia han hundido además la recaudación tributaria, en un país que está aislado financieramente del resto del mundo. Venezuela no recibe ayuda hoy de ningún organismo multilateral y sólo el sistema de emergencia humanitaria de las organizaciones de Naciones Unidas junto con otras agencias de ayuda están aportando algún recurso para lidiar con un sistema público de salud, con pocas excepciones, en ruinas.

Las necesidades de servicios públicos son apremiantes. El agua y la energía eléctrica fallan recurrentemente en las mayores ciudades del país. Un 93 % de los hogares usa gas para cocinar, pero la distribución se ha convertido en un dolor de cabeza para el monopolio del Estado. El transporte público se ha venido a menos y de aquel país que llegó a tener una de las mejores infraestructuras de servicios públicos de América Latina y el Caribe, ya no queda ni su sombra.

La pandemia es ahora que comienza a expandirse peligrosamente, con un crecimiento preocupante de casos comunitarios. Ante un sistema de salud que colapsa con un soplo, y sin calidad institucional para diseñar protocolos específicos de bioseguridad, las autoridades han decidido encerrar a la gente otra vez.

Sin trabajo y sin posibilidades de salir a la calle, muchos venezolanos se reinventan desde sus hogares ofreciendo múltiples servicios como venta de comestibles y otras reventas de productos. Los que no, dependen de la caridad pública. La asistencia pública llega de la boca de Nicolás Maduro, cuando cada quince días anuncia su dádiva. Desde mediados de abril ha repartido 8 bonos, no todos universales, con montos que oscilan entre 1,5 y 3,5 dólares. En grotesco contraste, las estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social adscrito a la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM), indican que la cesta de alimentos para un hogar ronda los 300 dólares al mes.

El gobierno de Maduro también ofrece una ayuda directa en alimentos; el programa CLAP que nació en abril de 2016 en el marco de un Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica. Consiste en una caja de alimentos de origen importado, y cuyo contenido ha mermado en los últimos meses. La ENCOVI brinda alguna información relevante del programa y encuentra que, entre noviembre 2019/marzo 2020, 92% de los hogares declaran haber recibido las cajas CLAP, lo que revela un gran esfuerzo de cobertura, pero además un altísimo grado de dependencia económica y alimentaria de la ayuda gubernamental por parte de los hogares. Mientras 39% señala recibirla una vez al mes, un 46% señala recibirla sin periodicidad definida. El subsidio implícito de una caja CLAP está alrededor de 7 US$.

El programa se ha visto envuelto en un gran escándalo internacional al descubrirse entre otras cosas una oscura trama en la comercialización de estos alimentos que son pagados en otras latitudes con oro extraído al sur del Orinoco.

Allí en la región verde del país, el gobierno de Nicolás Maduro ha cedido a la explotación minera 111.843 km2 de territorio (equivalente al tamaño de Honduras). No es minería industrial; es minería ilegal y artesanal en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta, afectando la vida y la cultura de las comunidades indígenas en áreas donde ahora se denuncia explotación laboral, sexual e infantil, donde prolifera la malaria, un espantoso daño ambiental y en presencia de grupos delictivos que controlan las minas y que han terminado desatando una violencia, que llevó a los municipios de Caroní y Heres a tener en 2019 las tasas de homicidios más alta del país, con 97 y 86 asesinatos por cada 100.000 habitantes, respectivamente, según el Observatorio Venezolano de Violencia.

Así, lo que parecía inconcebible ha llegado. El oro que procede de la devastación del bosque tropical lluvioso y del mayor capital natural de Venezuela, ha terminado entonces siendo la fuente de recursos que paga las importaciones de comida que en duras horas llenan el estómago de las famélicas familias venezolanas.

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