Opinión y análisis

El igualitarismo populista ataca de nuevo a las universidades autónomas

Extraido de: Demo Amlat

Dr. Tulio Ramírez

Cuando se evalúan los hechos históricos se debe ser lo más desapasionado posible. Entendemos lo difícil que es, sobre todo cuando lo que se evalúa son eventos que forman parte de procesos que han causado mucho daño a una comunidad. En esos casos la imparcialidad se ve comprometida. Es lo que sucede y sucederá con los investigadores sociales que analizan hoy y analizarán en el futuro al socialismo del siglo XXI.

Por supuesto, un estudioso que surfee sus pasiones tendrá que valorar como positivos algunos eventos que el líder evitó sabiamente en su momento, aunque luego los mismos partidarios lo retomen tercamente.

Nos referimos a la insistencia por alterar la definición histórica y constitucional de la Autonomía Universitaria, con el fin de lograr apoderarse de los cargos rectorales en las universidades autónomas. Este proceder obvia la naturaleza particular de las formas de ejercicio de la democracia universitaria y sus diferencias con el ejercicio ciudadano de participación política en una sociedad democrática. Recopilemos los hechos.

El 23 de diciembre de 2010, en la última sesión de la Asamblea Nacional, la mayoría de diputados afectos al gobierno de Hugo Chávez, aprobaron y elevaron al primer mandatario para su ejecútese, una nueva Ley de Educación Universitaria que sustituyera la Ley de Universidades vigente. El proyecto legal propuesto contenía una serie de polémicos artículos que fueron incorporados sin tomar en cuenta la opinión de los sectores universitarios del país. Quizás el más emblemático era el que alteraba de manera inconstitucional, la conformación de la comunidad universitaria.

La constitución de 1999 reconoce la autonomía universitaria y establece quienes conforman la comunidad universitaria. Señala el artículo 109 que son “los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas” los que la conforman.  El nuevo proyecto aprobado en segunda discusión la amplía de manera inconstitucional, a los obreros y empleados. La intención de esta alteración, tuvo como objetivo político claro extender el derecho a elegir autoridades a esos sectores de trabajadores universitarios.

En el mismo proyecto de ley se instauraba el voto universal para la elección de las Autoridades rectorales. Así, tendrían derecho a elegir a las autoridades rectorales los profesores, los estudiantes, los egresados, los trabajadores empleados y obreros, todos bajo la premisa de la democracia política, a saber, un hombre, un voto.

Un tercer artículo garantizaba el ingreso a las casas de estudio sin el obstáculo de algún mecanismo de admisión por parte de las universidades en virtud del ejercicio de su autonomía en cuanto a planificar la oferta académica, determinar el número de cupos y los mecanismos de ingreso a las diferentes carreras.

La estrategia era evidente. Para ese momento las fuerzas oficialistas habían intentado por todos los medios (incluida la violencia), apoderarse de los cargos rectorales en las principales universidades del país. La alteración de la comunidad universitaria, el control en la selección de quienes ingresarían como estudiantes y la universalización del voto, les brindaba la posibilidad de usar la vía electoral para ese propósito.

Afortunadamente, y para ser sincero, contra todos los pronósticos, el presidente Chávez vetó esta Ley a los pocos días de haber llegado a su despacho para su promulgación. Argumentó el presidente que la vetaba por “su inaplicabilidad por razones teóricas, técnicas, prácticas y políticas”. Su olfato avizoró que esta ley le podría abrir un frente de batalla con el mundo universitario muy inconveniente para un año prelectoral. Las elecciones presidenciales estaban previstas para 2012.

Chávez le manifestó al país que se debía abrir un debate en todo el territorio nacional sobre esta nueva ley. Sin embargo, pese a este llamado, dos importantes personeros del gobierno para la época, nos referimos a la ministro de Educación Universitaria Yadira Córdova y al exministro del ramo y para ese entonces jefe de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, diputado Luis Acuña, aclararon que los temas sobre el ingreso irrestricto, la universalidad del voto extendido a todos los estudiantes y al personal administrativo y obrero para la elección de autoridades rectorales, no estaban en discusión.

Esto revelaba la verdadera intención que acompañaba al cambio de la Ley de Universidades todavía vigente. Sin embargo, a nuestro entender, Chávez tomó una sabia decisión en su momento. Por las razones que fueren, no concretó lo que la arrogante mayoría de diputados chavistas en diciembre de 2010 anunció como “la mejor Ley de Educación Universitaria jamás escrita”. Por cierto, el debate ordenado nunca se llevó a cabo, quedando la ley en una suerte de suspenso legislativo.

Luego de congelar por 10 años la discusión ordenada, se retoma el tema de la ley de educación universitaria prácticamente en los mismos términos que obligaron a Chávez a devolverla a la Asamblea Nacional por “inaplicable”.

Hoy vuelve la amenaza del populismo académico acompañado con una retórica demagógicamente igualitarista, que vende espejitos e ilusiones a sectores de la universidad que asocian el auctoritas y la jerarquía académica con rezagos medievales de elitismo que han pervivido “en instituciones oligarcas que están de espaldas al pueblo”.

Lo curioso es que estos embates van dirigidos a instituciones que permanentemente han renovado sus autoridades a través de elecciones, pero no contra instituciones universitarias creadas por el gobierno chavista, donde no hay elecciones porque las autoridades se designan por el ministro de turno.

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