Polítika UCAB
Amnistía Internacional emprende una «acción urgente» mundial en favor de la organizaciones de la sociedad y sus beneficiarios en Venezuela, tras la publicación de la nueva Providencia Administrativa 001-2021, para el “Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo” del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en la Gaceta Oficial número 42.098, de 30 de marzo de 2021.
De acuerdo a esta providencia «todas las personas naturales o jurídicas de carácter no financiero deben inscribirse en registro antes del 1 de mayo de 2021, y subraya la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG), cuyo trabajo debe ser vigilado y supervisado”. Esta normativa trae consigo «estrictos controles que incluyen entrega del acta constitutiva, las actas de asamblea, listas de miembros y personal, listas de donantes, registro de movimientos económicos y listas de todos los beneficiarios y otras organizaciones con las que trabajen».
Amnistía Internacional sostiene que «esta normativa actúa bajo la presunción de que se cometen delitos como el terrorismo o que las ONG son vulnerables a estos delitos porque no están sujetas a la supervisión de un organismo público específico ni reguladas por una ley especial». Y añade que «viola el derecho de asociación, el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia, y ponen a las organizaciones de la sociedad civil y a sus beneficiarios y beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias»
El movimiento que trabaja a escala global por el respeto de los derechos humanos pide la inmediata derogación de la normativa, e insta a las organizaciones en riesgo a redactar su «propio llamamiento» e incluso ofrece una carta modelo.
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