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El cuento chino de las sanciones

Tomada de BBC News

EDITORIAL

Mientras el régimen de Maduro continúa utilizando las necesidades de atención sanitaria y alimentaria para culpar y presionar a la comunidad internacional por el cese de las sanciones, continúa extendiéndose lo que ya es una larga ausencia del liderazgo opositor, generándose una especie de orfandad, cuando urge levantar las expectativas y retomar la presión interna. Para ello resulta esencial la participación, no solo del activismo de los partidos políticos, sino de organizaciones de base, como asociaciones de vecinos, sindicatos, gremios y estudiantes, entre otras que sean capaces de sinergizar con la presión que la comunidad internacional intenta ejercer por la vía de las sanciones

Benigno Alarcón Deza

A comienzos de semana, el embajador del Programa Mundial de la Alimentación (PMA) de la ONU, David Beasley, se presentó en Venezuela para anunciar un acuerdo que permitiría la atención alimentaria en el sistema escolar. Casi en paralelo, el gobierno anunciaba que se pagaría el segundo tramo para completar los fondos necesarios para tener acceso al mecanismo COVAX para la vacunación anti-covid19.

A pesar de que el gobierno ha quedado descubierto ante Venezuela y el mundo, al hacer evidente que lo que ha faltado es voluntad y no recursos ni disposición de la comunidad internacional para ayudar, sus voceros continúan insistiendo en el discurso que culpabiliza a los Estados Unidos y a Europa por no poder dar respuesta oportuna a la crisis alimentaria y de salud, debido a las sanciones que le impiden acceder a los recursos que necesitaría para ello. Este es la narrativa a la que el gobierno ha venido apelando, con una campaña interna y externa, para todas las situaciones que afectan a los distintos sectores, incluyendo la escasez de gasolina y gasoil, o la grave situación de los servicios públicos.

La preservación del statu quo, afianzándose al poder, pero sin movilizaciones que le generen presión interna, ni la presión externa derivada de las sanciones, constituiría el escenario ideal, no solo para profundizar la autocratización del régimen, sino para lograr su consolidación definitiva en todos los espacios posibles de la vida nacional. Para ello, durante este año de pandemia, se ha profundizado el autoritarismo, no solo diseñando una arquitectura electoral a la medida, sin transparencia, con una gran dispersión del voto, originadas en tácticas del clientelismo político-electoral, además de la intervención judicial de los partidos de oposición -como se demostró en las parlamentarias del año pasado y como se encamina a hacerlo en las regionales pautadas para este año-; sino también aumentando el cerco represivo, como ha venido ocurriendo con los medios de comunicación y con las organizaciones no gubernamentales.

Para quitarse de encima las sanciones, realiza esfuerzos y ejerce presión, incluso sobre actores nacionales, para que se sumen a las voces del gobierno que responsabilizan a éstas y a los países que las imponen como las causantes de la crisis y sus consecuencias, que se superarían tan pronto se suspendan. Para ello, ahora aprovecha el impacto de la segunda ola del COVID-19 en el país, e insiste en que solo sin sanciones se podrá atender la emergencia de salud, especialmente en la adquisición y aplicación de las vacunas.

Lo cierto es que a pesar de que en principio se habría logrado un acuerdo con la participación del equipo de Juan Guaidó, para que se dispusieran recursos para el pago del programa de vacunación COVAX, el gobierno le dio largas al asunto, y solo unas semanas después fue que hizo un anuncio financiero para acceder al mecanismo de manera unilateral, lo que refleja que el problema nunca fue la disponibilidad de recursos. Pero no ha quedado clara la ejecución de este plan, ni el destino de las vacunas que hasta ahora han llegado con la ayuda de los gobiernos aliados del régimen, China y Rusia, mientras el avance de los contagios sigue aumentando y, según reconocidos especialistas, los casos de COVID-19 podrían tomar incluso mayor ritmo entre mayo y junio. También el régimen se ha negado a la posibilidad planteada por FEDECÁMARAS para que el sector privado pueda importar una cuota relevante de vacunas, mientras ignora la oferta de las Academias de Ciencias y de Medicina, que han propuesto participar activamente en el diseño y el desarrollo de un plan de vacunación.

Todo esto indica que, a pesar de los anuncios, a costa del mayor riesgo para la población ante la pandemia, el foco de atención para las autoridades sigue siendo la utilización de la crisis económica, alimentaria, humanitaria y sanitaria, para desviar la responsabilidad hacia la comunidad internacional y presionarla así para la eliminación de las sanciones.

La frustración con Biden

Para el régimen no ha dejado de ser frustrante el desvanecimiento de la posibilidad de que con el cambio de gobierno de Estados Unidos, el principal emisor de las sanciones, éstas serían levantadas progresivamente. Al salir Trump, su hipótesis era, que todo cambiaría. Pero una vez que Biden nombró a Antony Blinken como su Secretario de Estado, una de sus primeras declaraciones, como responsable de las relaciones internacionales, fue contundente en cuanto a la calificación del régimen venezolano, como dictadura. Y a partir de allí progresivamente fueron disminuyendo las esperanzas de construir un canal de comunicación directo con la nueva administración y pasar la página de las sanciones.

La administración Biden ha dicho que su interés hacia Venezuela es que se produzca una transición hacia la democracia, y el cambio con respecto a la política de Trump, en este sentido, es no hacerlo unilateralmente, sino con alianzas internacionales, especialmente con los europeos.

Ese propósito de buscar un cambio hacia la democracia en forma pacífica y ordenada pasa por generarle incentivos al régimen para que se siente a negociar, y uno de los instrumentos ha sido, precisamente, el de las sanciones, tanto las de carácter personal que afectan directamente a personeros del régimen y sus relacionados, como las de carácter sectorial que impactan operaciones financieras y comerciales, que buscan reducir la disponibilidad de recursos que el régimen puede utilizar para financiar la compra de implementos para la represión, así como para sostener su estructura clientelar y premiar la lealtad de quienes le sirven de soporte al poder.

Uno de los asuntos que ha generado controversias sobre las sanciones sectoriales es que terminan produciendo repercusiones en la economía en la medida en que se sostienen en el tiempo y pudieran perder eficacia en el logro del objetivo político. Y en el caso venezolano, ha sido precisamente la gran excusa esgrimida por el régimen para alimentar el argumento de que la crisis social es producto de las sanciones.

Conclusiones

En la medida en que el régimen continúa dilatando la atención a los asuntos prioritarios como la salud y el hambre, utilizándolos como palanca para su estrategia ante las sanciones; las fuerzas políticas, la sociedad civil y la comunidad internacional, están urgidas de salir del letargo para definir estrategias y recuperar contundencia política hacia lo interno.

Conscientes del descontento social, la atención del gobierno se ha volcado, no en agilizar la solución a los graves problemas del país, incluida la urgencia de la vacunación masiva, sino a intentar minar las capacidades movilizadoras y de trabajo de las organizaciones sociales. Las ONGs, que han tenido un impacto importante a partir de iniciativas como la defensa de derechos humanos, y han sido la fuente para los informes que los organismos internacionales han elaborado con contundencia en esta materia, además de otras cuya razón de ser es la lucha democrática, son ahora el centro de la persecución y el acoso del gobierno y la Asamblea Nacional.

Pero para movilizar a las bases, se requieren organizaciones de base, tanto emergentes como las que tradicionalmente lo fueron en el pasado, como es el caso de los partidos mismos, pero también de los sindicatos, las asociaciones vecinales y las federaciones estudiantiles, a las que se deben sumar la Iglesia y las universidades, las cuales, de acuerdo a nuestros propios estudios de opinión, son las instituciones que han mantenido mayor credibilidad durante años.

Desarrollar esta capacidad de movilización es esencial, incluso para garantizar el éxito de las estrategias que se adopten sobre la participación o no en los eventos electorales previstos para éste y los próximos años, y es por ello que tanto la dirigencia política como social del país deben prestar a este asunto una especial atención.

Para ello, el liderazgo, tanto político como social, debe preservar su propia unidad para estar en capacidad de asumir un rol aglutinador a través de una nueva estrategia y narrativa que sirvan para unificar a toda la sociedad en torno a la idea de recuperar la democracia.

Categorías:Destacado, Editorial

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