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Oferta electoral y control de gestión pública

Tomada de ESAN

Eglé Iturbe de Blanco

Abordaremos en esta oportunidad uno de los elementos principales de la democracia para seleccionar entre los candidatos presidenciales que se presentan como aspirantes a gobernar el país. Hablaremos de la “Oferta Electoral”, que no es más que conocer las propuestas que cada candidato hace al país, para ejecutar durante su mandato, si son elegidos; lo cual permite al ciudadano escoger entre ellos sin estar atado a una parcialidad política.

La oferta electoral (OE) es esencial para saber lo que desea hacer el presidente electo y su equipo durante su gestión, pero además y más importante, para definir los parámetros de control de su administración, actividad que se abandonó desde los últimos años de la democracia, y que no se ha practicado en los últimos 21 años de gobierno revolucionario. Hasta el período de gobierno 1974-1979, la Oferta Electoral era un instrumento valioso y todos los precandidatos y candidatos la sometían a consideración del electorado. La misma, se elaboraba en grupos técnico-políticos de cada partido, solicitando y recibiendo las opiniones de cualquier persona u organización interesada sobre un tema en particular. Una vez analizada la viabilidad de las propuestas, se presentaban y discutían con la tolda del aspirante y con el mismo aspirante, y ese documento era la base el futuro Plan de la Nación del período respectivo.

Con el debilitamiento de la democracia, la OE  se convirtió en un papel que solía utilizarse en la campaña electoral para captar los votos, pero luego no se tomaba en cuenta lo allí ofrecido para la conformación de la gestión de gobierno, ni para la evaluación y control de sus resultados, al final de su período. Estos hechos produjeron para la década de los noventa en la administración pública: acciones desarticuladas; políticas contradictorias; decisiones inoportunas y falta de cohesión de los equipos de gobierno[1]. Sobre estas realidades cabalgó Hugo Chávez para inaugurar su mandato con el siglo XXI, como veremos a continuación al analizar brevemente su oferta electoral.

Hugo Chávez ofreció que mediante una revolución pacífica y por medios democráticos, transformaría el marco institucional para cambiar lo que llamaba el dominio de las cúpulas partidistas de los partidos tradicionales que controlaban todos los poderes del Estado, desde el nacional, hasta el regional y local, y decidían quienes ocupaban los cargos en los demás poderes públicos.  Señaló que las decisiones de interés nacional eran sometidas al tutelaje de las direcciones partidistas, sin control de la sociedad venezolana y que  el grado de concentración de poder, combinado con un Estado que recibía los grandes recursos petroleros, trajo corruptela, compadrazgos y clientelismo.[2]Para resolver los cambios institucionales planeaba convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que dotara al país de una nueva constitución y relegitimara los poderes del Estado (esto ocurrió en diciembre de 1999). Planteaba con posterioridad  reformar la Ley de Carrera Administrativa para incluir compromisos de desempeño individual y logro de determinadas metas, cuyo cumplimiento sería evaluado;  y también, modificar la Ley Orgánica de la APN para que tuviera la flexibilidad necesaria en función de los planes de desarrollo. Así mismo, modificar otras leyes atinentes a la administración pública regional para crear relaciones armoniosas entre las instancias nacional, regional y municipal; y también simplificar los procedimientos administrativos y modernizar la APN, la cual consideraba atrasada y funcionando con métodos artesanales, para introducirle herramientas modernas de gerencia, automatización e información.

Nicolás Maduro gobernó al inicio, preso del legado de Chávez, quien lo nombró su heredero y a partir del 2014, inició con “El Sacudón” la refundación del Estado para la nueva etapa de la revolución y desmontar los restos del estado burgués parasitario[3]

Como se observa en los resultados de estos 21 años de gobierno, los resultados han sido todo lo contrario a lo contemplado en la oferta electoral  de Hugo Chávez durante su campaña, salvo la Asamblea Nacional Constituyente que se instaló en 1999 y redactó la Constitución vigente, irrespetada en gran parte de sus artículos sustantivos.

La ausencia de una oferta electoral creíble ha sido el gran engaño de la llamada revolución del siglo XXI. Si las autoridades controladoras y las legislaturas de estos períodos hubieran asumido sus responsabilidades, no se les hubiera otorgado a ambos mandatarios (Chávez y Maduro) las leyes habilitantes que les han permitido gobernar por su cuenta fuera de la Constitución y haber convertido a un país como Venezuela, de alto nivel de ingreso en la  región, en el país más miserable del continente.

La oferta electoral de Hugo Chávez fue comprada por su carisma, pero con seguridad muy pocos electores pudieron leerla y reclamar su aplicación. La acción de gobierno no ha tenido nada que ver con la oferta electoral inicial del régimen. Hoy los nacidos en este territorio no podemos decir que vivimos en Venezuela, que tenemos patria. Vivimos en un territorio que no es nuestro, nos han cambiado el nombre del país, los símbolos patrios como el escudo y la bandera; la democracia no es representativa, sino participativa y protagónica: el pueblo interviene en las decisiones de la cúpula gobernante. Existen territorio ocupados por guerrilleros extranjeros y el control de la información pública y de los documentos de vida de los ciudadanos (cedulas y pasaportes)está en manos de los cubanos.

   La administración pública no fue modernizada sino atrasada, han desaparecido las estadísticas oficiales, se ha deteriorado hasta quedar sin valor el signo monetario, el bolívar. Se ha cambiado el rostro de Simón Bolívar, de un blanco peninsular a un mestizo, y su tumba ha sido violada con fines desconocidos. Las etnias autóctonas han perdido sus tierras y sus condiciones de vida son deplorables. Se destruyó la industria petrolera, las reservas naturales del arco minero del Orinoco, así como los parques nacionales de esa zona. Se destruyó la industria siderúrgica, el aluminio y la gran mayoría de las empresas privadas. Las tierras agrícolas y ganaderas han sido invadidas sin compensación, al igual que la industria manufacturera. La desigualdad avanzó hasta destruir la clase media y elevar la pobreza a más del 80% de la población, creando en paralelo una pequeña proporción de nuevos ricos, al amparo del régimen y la corrupción.

Si se mira un poco hacia atrás se encontrará que en los últimos años de la democracia la oferta electoral aún tenía valor para los ciudadanos y se podía escoger entre los programas presentados por cada candidato. Estas ofertas del candidato ganador se volcaban en los nueve Planes de la Nación,  que se aplicaron en los 40 años de la democracia.

Estamos frente a la posibilidad de volver a recuperar la democracia, una democracia más amplia y firme que la debilitada en la década de los noventa y con partidos políticos que tienen la obligación de reconstruirse, consolidarse, incorporar militantes y simpatizantes, y enseñar doctrina y pragmatismo, para gobernar un país que debe ser erigido desde los cimientos.

Todos los ciudadanos somos responsables de dar nuestro granito de arena para reconstruir la sociedad, retomar los valores de respeto, responsabilidad, trabajo, solidaridad y libertad. Sin olvidar que la institucionalidad administrativa es la base de las políticas públicas y para ello se debe luchar por la separación de poderes, elecciones libres y transparentes, y candidatos con buenas ofertas electorales, realistas y viables, para retomar, en el más corto plazo posible, la senda del crecimiento económico, político y social, en libertad y con herramientas de control de la gestión pública para garantizar gobernantes claros en sus responsabilidades, eliminar la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos, que ahora serán escasos.

El petróleo dejará de ser el financista principal de nuestro desarrollo, será el esfuerzo de empresarios privados, trabajadores productivos y bien remunerados. Ciudadanos saludables y capacitados serán los responsables de sacar adelante a Venezuela, acompañados de una gestión pública calificada para dotar al país de las condiciones necesarias para su desarrollo productivo, generando condiciones de trabajo para todos, sin discriminación.


[1] Capacidad de Gestión del Estado. Experiencias de gestión Pública en Venezuela. Fundación Integración y Desarrollo FID 1994 ISBN.980-6075-28-5

[2] Programa de gobierno de Hugo Chávez EUD. Canal de política 2002

[3]  2 de septiembre del 2014 en cadena de radio y televisión.

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