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Ante el efecto Nicaragua

Tomada de El País

Elsa Cardozo

Lo que se consumó en Nicaragua no fue solo un proceso electoral carente de toda integridad. Ha sido la arremetida frontal contra los vestigios de democracia que fue dejando la escalada autoritaria a pasos cada vez más acelerados, antes, durante y después de cada proceso electoral desde la década de 1990. Conviene mirar adelante y pensar en qué se puede hacer internacionalmente ahora por la recuperación del Estado democrático de derecho. Pero para aproximarnos a la magnitud de la tarea es pertinente recordar algunos hitos en la secuencia de la destrucción de lo que, tan trabajosamente, se había logrado tras el derrocamiento de Somoza.

El descalabro avanzó paso a paso, especialmente desde 1998 con la negociación del pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. El líder del Frente Sandinista, que había complicado a más no poder la presidencia de Violeta Chamorro, prometió gobernabilidad al presidente Alemán a cambio de reformas constitucionales y legales, de reparto de cargos y bienes entre el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Esto, entre control de instituciones clave y cambios en los porcentajes de votos requeridos para ganar la presidencia, hizo posible que Ortega volviera al mando en 2006. En adelante, cada proceso electoral no hizo más que reflejar la regresión autoritaria manifiesta en la concentración del control y la destrucción de la separación de poderes.

Un hito más reciente y fundamental en esta secuencia son las protestas masivas que se iniciaron en abril de 2018, brutalmente reprimidas tal como lo detallan los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Movilizaciones en las que se puso de manifiesto el rechazo ciudadano al régimen Ortega-Murillo, la ruptura del acuerdo con el Consejo Superior de la Empresa Privada y el daño a las relaciones con la Iglesia, pero también la concertación opositora en la Alianza Cívica.  La mesa de diálogo finalmente instalada con la Conferencia Episcopal en función de mediador y testigo, tuvo logros iniciales parciales como la liberación de algunos presos políticos, pero sin suspensión de la represión ni avances sustantivos en lo institucional. Representantes del gobierno participaron un tiempo lo suficientemente largo –desde mayo de 2018 hasta agosto de 2019– para agotar a la oposición, desmovilizar las protestas y elegir sus contrapartes al trasladar las discusiones a la Asamblea Nacional, controlada por el Sandinismo, sus aliados y el PLC, siempre presidido por Alemán.

Ahora, no solo se ha materializado lo más perverso de los efectos del viejo pacto –incluidos la corrupción, la personalización del poder, el avasallamiento de las instituciones y la supresión de la oposición–, sino las evidencias de la pérdida de apoyo popular. Como todos los obstáculos formales e informales tendidos a lo largo de veinte años no eran suficientes para protegerse de una derrota electoral, el régimen optó por el uso abierto y confeso de la fuerza para sofocar la disidencia y eliminar la participación opositora, por todos los medios. Lo hizo de modo descarado, violento, sin maquillaje alguno. Los hitos de la secuencia de concentración del poder y desmantelamiento del Estado democrático de derecho pueden seguirse en el más reciente de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre Nicaragua, presentado a finales de octubre.

Uno de los grandes ingredientes del “efecto Nicaragua” –por poner un nombre a lo que se proyecta con la profundización y la aceleración del desmantelamiento institucional, el empobrecimiento material y la pérdida de derechos humanos– es la total ausencia de disimulo y escrúpulos que han caracterizado las acciones del régimen. Esto obliga a mirar al futuro, al qué hacer por los nicaragüenses y ante los regímenes que se miran en ese espejo con sumo cuidado.

Centrarse en el qué hacer es, sin duda de la mayor importancia, por razones de derechos humanos y de gobernabilidad de las democracias latinoamericanas.

Es de reconocer la atención constante de la CIDH –incluyendo su presencia en Managua hasta ser despedida por el régimen en diciembre de 2018–, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), cuyas observaciones y recomendaciones han sido cada vez más abiertamente descalificadas por el gobierno nicaragüense. Igualmente, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado, informado, alertado y hecho propuestas.

También la Asamblea General de la OEA (2018, 2019 y 2020) y su Consejo Permanente han aprobado resoluciones con llamados de atención y demanda de condiciones para elecciones libres. El muy reciente Informe del secretario general sobre las elecciones del 7 de noviembre resume las iniciativas y propuestas reiteradas desde la OEA, que han sido abandonadas o descalificadas por el gobierno de Ortega, y define la situación de Nicaragua en el marco de la Carta Democrática Interamericana, lo que recuerda que la responsabilidad de responder desde el vecindario pesa sobre los gobiernos del hemisferio.

Ahora bien, esto sucede en un cuadro geopolítico regionalmente muy problemático. A los pocos apoyos expresos al régimen Ortega-Murillo  por parte de Venezuela y Cuba, se añaden las posiciones de abstención de México y Argentina (en junio y octubre 2021). También cuentan en este cuadro las nuevas complejidades institucionales de la crisis venezolana y el riesgo de su “normalización”, la acelerada pérdida de democracia en El Salvador, sus debilidades en Guatemala y serias grietas en Honduras. La región está además atravesada por las crisis asociadas a la movilización de migrantes en los países de tránsito y destino, las democracias bajo presión interna en Chile y Ecuador, así como por las limitaciones que han venido imponiendo la pandemia, la recesión económica, la inconformidad social y la cercanía de elecciones en varios países.

Lo aquí apenas descrito en trazos gruesos –a lo que se suman asuntos y tensiones geopolíticas mundiales que reclaman atención– ha facilitado a Ortega su atropello, deliberadamente rudo y sin contemplación alguna por las formas, ni siquiera al formular leyes para reprimir, apresar y condenar. Busca no solo la aceptación –por omisión–  de su atropello y de ese modo de sostenerse en el poder, también busca beneficiarse del entorno mundial de tensiones y reacomodos, insistiendo en colocar al pequeño, empobrecido y frágil país en el terreno de las competencias geopolíticas. Por eso Ortega se refiere, una y otra vez, al proyecto del canal interoceánico y, con tal de mantenerse en el poder, ha estado dispuesto a arriesgar lo que hasta ahora había cuidado en apoyo de multilaterales, beneficios comerciales regionales del libre comercio con Estados Unidos (en el acuerdo conocido como CAFTA-RD) y el de Asociación con la Unión Europea.

Lo proyectable internamente en lo inmediato es el mantenimiento de la represión política, las dificultades para la reorganización opositora y su capacidad de movilización social, acompañadas por las precariedades económicas y el aumento de la emigración forzada. Está por verse el efecto nicaragüense en otros gobiernos y actores políticos de la región ante la pérdida del Estado democrático de derecho, el aumento de los migrantes y, muy especialmente, en tanto espejo para otros gobiernos y actores políticos: sea que tentados a aprovechar el momento y hacer de las suyas, sea que orientados a aprender y actuar ante los desmanes y su desbordamiento internacional.

Internacionalmente, la denuncia en el ámbito de los derechos humanos no cesará. Tampoco la presión política. Ya han sido anunciadas nuevas sanciones por Estados Unidos. Pudieran serlo también por la Unión Europea, como se lee muy expresamente en la declaración del Alto Representante, el 8 de noviembre, sobre la voluntad europea de estudiar todos los instrumentos a su alcance, más allá incluso de las sanciones individuales. El desconocimiento de la legitimidad de la elección por parte del gobierno de Joe Biden ha sido seguido por su firma, el 10 de noviembre, de la Ley Renacer (de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral), que no solo contempla sanciones individuales adicionales sino la posibilidad de revisión de la participación de Nicaragua en el CAFTA-RD, a la vez que propone métodos para coordinar acciones con Canadá y la UE, y expande la supervisión de financiamientos multilaterales reafirmando la exención legal para  proyectos humanitarios. Bien sabemos, sin embargo, que el régimen de sanciones encuentra limitaciones tanto en la dificultad de hacerlas colectivas como en la ausencia de escrúpulos para instrumentalizarlas políticamente y trasladar sus efectos -reales o no- a la población.

No sobra insistir en que sería muy contradictorio y peligroso para los gobiernos y organizaciones que aún engrosan la comunidad democrática internacional –especialmente en Latinoamérica– conformarse con ser espectadores de lo que el presente de Nicaragua proyecta. También resulta irreal pensar que seguir haciendo lo mismo, que hasta ahora se ha hecho, cambie para bien la situación de los nicaragüenses.

En ese sentido, lo propuesto hasta ahora permite reunir una agenda básica de asuntos y medios que incluyen: expresar con claridad el rechazo al proceso electoral, no solo por sus resultados sino por lo que  confirma sobre la erosión de la institucionalidad democrática nicaragüense; exigir el término de la represión y la restitución de garantías de todos los derechos humanos, con presencia de representantes de la CIDH y la ACNUDH, así como mantener la presión internacional por elecciones libres y recuperación del Estado de derecho, y demandar la liberación de presos políticos. Entendido que Estados Unidos y la Unión Europea son los actores con más capacidades significativas de ejercer presión política y económica, resulta clave tanto la coordinación entre ambos como su cuidadosa calibración de iniciativas para evitar en todo lo posible que generen efectos políticos y sociales contraproducentes.

En el caso de Latinoamérica, el citado Informe del secretario general y la Resolución aprobada con 25 votos (entre ellos el de Argentina, pero no el de México), por la Asamblea General que desconoció la legitimidad de las elecciones y urgió a una evaluación colectiva inmediata en el marco de la Carta Democrática, ofrece la oportunidad de volver a asumir un papel multilateral más activo –y defensivo– por parte de las democracias y los demócratas del hemisferio.  

A todos conviene recordar, especialmente a los latinoamericanos, que no apoyar a los nicaragüenses equivale a alentar impunidad y nuevas violaciones de derechos humanos, mientras se mantienen y extienden regionalmente las injerencias internacionales que las toleran, justifican y facilitan.

Categorías:Destacado, Noticias

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