Eglé Iturbe de Blanco

 Escribí mi primer artículo de 2022 justamente el día de los Reyes Magos, con la esperanza de que todas las dificultades que ha sufrido nuestro país en todas las áreas de la vida, durante el año que recién terminó, entren en una fase de recuperación, con paz, alegrías, inicios de libertad y democracia para todos los venezolanos.

Durante el 2021 se intensificó sin caretas, la implantación del Socialismo del Siglo XXI – la cual había comenzado a principio de este siglo- maximizando la autocracia de la cúpula gobernante, aplicando, sin ocultarlo, la violación continua de los derechos humanos de los ciudadanos -civiles y militares- que quisieron luchar por la búsqueda del retorno a la democracia-. Estos hechos han sido reconocidos por la Corte Penal Internacional que decidió abrir una investigación a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios de la cadena de mando: este proceso puede ser largo, pero no irreversible, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

Elecciones fraudulentas han sido realizadas, tanto para presidente de la República, el 20 de mayo del 2018, donde Nicolás Maduro quedó reelecto; las mismas fueron declaradas inconstitucionales en enero del 2019, asumiendo Juan Guaidó la presidencia interina desde ese momento y logrando el reconocimiento de más de 60 países. El día 5 de enero del presente año, la Asamblea Nacional legítima, ratificó la junta directiva del 2015, presidida por Juan Guaidó, y aprobó la continuación del Estatuto de Transición, con lo cual JG sigue al frente de la defensa de la democracia en Venezuela; aunque no se resolvieron las diferencias entre los partidos políticos aspirantes al poder. También, las elecciones más recientes, el 21 de noviembre del 2021, para gobernadores, alcaldes y concejales, mostraron signos de fraude, que se han manifestado abiertamente con la negativa a aceptar la victoria del candidato opositor Freddy Superlano en el estado Barinas; y, aliados el TSJ y el CNE con el PSUV, convocaron a nuevas elecciones en esa entidad. El CNE aceptó la postulación de candidatos que no son de la región, ni han vivido en ella, como Jorge Arreaza,por el PSUV y exyerno de Hugo Chávez Frías ; permitió el uso de recursos del Estado para hacer campaña proselitista; además, Conatel prohibió el programa radial del candidato opositor Sergio Garrido.

Si bien en los comicios de noviembre, el PSUV obtuvo 19 gobernaciones, disminuyó su votación en relación con los resultados de elecciones anteriores. La oposición, por su parte, logró ganar 122 de las 335 alcaldías, triplicó los resultados de las anteriores elecciones regionales. Estos resultados pueden considerarse favorables para las posibilidades de derrotar al régimen por la vía electoral, considerando que los alcaldes son los que están más cerca del pueblo y si se tiene un CNE neutral políticamente, como lo manda la Constitución de la República.

En lo social, la situación del 2021 no ha podido ser peor, el salario mínimo es de siete millones de bolívares, menos de dos dólares, lo cual afecta especialmente a las personas de la tercera edad, que no reciben ningún complemento adicional, ni están en condiciones de desempeñar otra actividad. Las empresas privadas han optado por compensar esos salarios con bonos especiales y pagos en dólares.

La educación, básica y secundaria ha sufrido un fuerte deterioro agudizado por la pandemia, que ha convertido la asistencia presencial, en virtual, cuando gran parte de las familias, con niños en edad escolar, no tienen acceso estable al internet; a ello se une la diáspora de los maestros que han buscado refugio en otros países donde son mejor remunerados. Las universidades públicas han sido ahogadas por la política presupuestaria, que ha generado el abandono de los profesores y el deterioro físico de las plantas educativas. La UCV y USB son muestra de esta situación.

La UCV está cumpliendo 300 años en medio de esta crisis de legitimidad, a pesar de que en ella se ha formado una parte de los dirigentes políticos del régimen, la cúpula gobernante ha tomado acciones para adueñarse de la misma, con las nefastas consecuencias de esta acción para la libertad de pensamiento y educación. Un proyecto de ley de universidades se encuentra siendo discutida en la AN del régimen.

La salud, es la muestra más crítica de este deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. En los hospitales y centros de salud, escasean los médicos y las enfermeras, los salarios son irrisorios, las condiciones físicas de la mayoría son deplorables y los equipos para análisis e imágenes no funcionan, lo que obliga al paciente a concurrir a un centro privado, sustituyendo así las responsabilidades del gobierno.

El régimen ha dedicado gran cantidad de recursos a la compra de armas y equipos antimotín, y remunera bien a los militares de alto rango, dándoles cargos administrativos en el gobierno: manejan las aduanas, los puertos y aeropuertos, participan en los proyectos petroleros y mineros, hay ministros en áreas sustantivas del gabinete, controlan el empaque y distribución de las cajas CLAP, son autoridades militares regionales; y además se le permite a los de menos rango que extorsionen y cobren peaje en carreteras y estaciones de servicio de combustible para que complementes sus ingresos.

La economía, en todos sus aspectos, la pública y la privada, ha llegado a puntos críticos, salvo algunas burbujas de crecimiento que se han dado en el último trimestre del año, alimentada por la legitimación de recursos de la corrupción y de las remesas de familiares en el exterior.

El tamaño de la economía venezolana en el 2021 se había reducido en un 80% de lo que era a principios de siglo, a pesar de los ingentes recursos petroleros que llegaron entre 2004 y 2014, y que no se supieron aprovechar. No ha quedado ninguna obra de importancia para la ciudadanía. Los programas de vivienda para la clase popular se han paralizado y se estimula la expropiación o toma de viviendas desocupadas por personas que se han ido del país.

En las instituciones públicas los funcionarios no son “de carrera, sino a la carrera”, los ministros no duran en sus cargos, salvo algunas excepciones, y no pueden diseñar políticas públicas coherentes y duraderas. Los requisitos de ingreso a la administración pública han sido ser miembros de la FANB y militantes del PSUV.

El régimen ha puesto en vigencia la LEY ANTI BLOQUEO para transferir a los privados las principales empresas expropiadas en los primeros años de la revolución, en negociaciones secretas, y por otra parte, han liberado de impuestos a las importaciones y del IVA a las personas o empresas que quieran instalar bodegones o casinos. Caracas se encuentra llena de estos establecimientos, sin control y en competencia obscena con los productos nacionales.

Con el sector privado venezolano se han hecho algunos arreglos para aumentar su producción, pero no pueden competir con los productos importados libres de todo gravamen, cuando deben comprar materias primas importadas para su producción o reponer maquinaria. El número de empresas se ha reducido sustancialmente y un porcentaje muy bajo de las existentes es el que tiene planes de inversión. Menos del 20% invertirán en mantenimiento o recuperación de activos, según los resultados de la encuesta de coyuntura de CONINDUSTRIA para el segundo trimestre de 2021.

La industria publica, empezando por la petrolera ha sido reducida de 3.500.000b/d a menos de 600.000b/d en el 2021, lo cual disminuye enormemente la capacidad financiera del Estado, unido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países. Las empresas de acero, aluminio, metal mecánico, cemento, papel, leche, harinas y otras, han mermado su producción o han sido abandonadas. En el caso del transporte se han sustituido los vehículos de ensamblaje nacional por vehículos importados; en especial, los de transporte público, sin garantía de repuestos, y vasta ver los cementerios de autobuses por varios sitios de la ciudad. El metro de Caracas, que llegó a ser una obra modelo de transporte y de conducta ciudadana, está prácticamente inservible por falta de vagones y fallas eléctricas constantes que lo convierten en un riego enorme para el ciudadano. Sucede lo mismo con el sector agrícola donde las fincas han sido abandonadas, especialmente las ganaderas, lo que ha aumentado la importación y la drástica reducción del consumo per cápita de carne.

La falta de protección del ciudadano es extrema, no solo el hampa se ha adueñado de áreas completas del territorio a través de bandas de civiles armadas y el desarrollo de métodos sofisticados de robo por las redes sociales y en los puestos de control; sino que también las fuerzas policiales compiten con ellas en el abandonando de su capacidad de defensa del ciudadano. Las FANB ha abandonado la defensa de las fronteras y ha permitido la incursión en territorio nacional, el establecimiento y protección de la guerrilla colombina en la frontera y zonas mineras de Guayana, en especial en las zonas fronterizas con Colombia.

Una de las cosas más terrible que el país ha perdido en estas dos décadas, ha sido la cultura y la capacidad de relacionarse adecuadamente para la defensa de sus derechos ciudadanos, a pesar del deterior de la justicia. Ha privado el conformismo y el miedo debido a las acciones de atropello al ciudadano a partir de 2017 y hoy en día, pareciera que el ciudadano no se siente capaz de defender sus derechos a la salud, la educación y la vida en libertad y democracia.

Estos han sido los regalos del régimen en el 2021 para esta Venezuela, y para compensarlo ha invertido enormes cantidades de dinero en la iluminación de las calles y plazas más concurridas, en lugar de mejorar las condiciones de vida de la mayoría.

El año 2022 deberá ser un año de transición hacia la democracia

Para este año 2022 hay expectativas favorables en lo económico, en base al crecimiento que se obtuvo el tercer trimestre del año anterior, pero eso no significa que para el 2022 podamos celebrar la navidad en libertad y armonía entre todos los venezolanos y con un mejor nivel de vida. Ninguna de las dificultades que se han sufrido en el 2021 pueden resolverse con un grupo pequeño de privilegiados que han podido obtener concesiones del gobierno o ser apoyados para su supervivencia por los familiares de los 6 millones de venezolanos que dejaron el país. Es necesario y urgente un cambio en todas las políticas aplicadas hasta ahora.

Para lograr recuperar la democracia debemos empezar este año. Asumiendo todos que es el primer año de la transición, que no será un proceso fácil, pero necesario si queremos tener patria. Será fundamental que la clase política opositora entienda, que, en sus esfuerzos de unidad, en el fortalecimiento de los liderazgos para el bien común y no para ambiciones personales, está el éxito. No todos los que hoy pelean por una posición emergente, son los adecuados para lograr un mejor país.

 La burbuja de progreso de los últimos meses puede desinflarse sino se tienen políticas estables y coherentes en lo económico- financiero, monetario y fiscal- , en la promoción de las inversiones; en medidas positivas para estimular el regreso de parte importante de la diáspora joven,de los maestros y personal de salud. Si no incorporamos a todos los ciudadanos en la lucha por sus derechos y se logra la justicia para todos, sin discriminación política ni social, el país no podrá salir adelante.

 Requerimos también el apoyo indispensable de la comunidad internacional para poder lograr la adecuada administración de las sanciones, el apoyo al gobierno de transición y medidas positivas para el retorno de la diáspora. El respaldo de los países amigos y de los organismos internacionales para el financiamiento a largo plazo de los proyectos de desarrollo y el apoyo tecnológico para insertarnos en un mundo globalizado .

Es importante también tener presente que la pandemia del covid -19, con sus variantes, llegó para cambiar los hábitos de trabajo y de la vida. Debemos aprender a convivir con ella, diseñando una estructura institucional, acorde a las nuevas realidad. No se trata de retornar al pasado, sino de insertarnos en el futuro.