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¿Qué contuvo la hiperinflación en Venezuela y qué costo hemos pagado?

Tomada de El Carabobeño

Leonardo Vera

Después de vivir durante 49 meses en un contexto de hiperinflación con devastadoras consecuencias socio-económicas, que la economía venezolana entre en un proceso gradual de desinflación, no es para nada asombroso. Las hiperinflaciones o bien terminan rápidamente como resultado de un programa de estabilización que logre suprimir los desequilibrios macroeconómicos y anclar las expectativas, o, en ausencia de tal opción, se consumen después de un prolongado y doloroso proceso de pulverización de la moneda soberana. El gobierno de Nicolás Maduro optó tácitamente por la segunda opción, dejó correr el proceso hasta provocar un cambio total en la estructura y funcionamiento del sistema monetario, y después de 4 años la inflación comienza a bajar, pero las consecuencias han sido devastadoras con daños que aún no digerimos como sociedad. Es como un gran incendio que usted puede combatir tempranamente con recursos y bien entrenados bomberos, o que puede dejar que se consuma después de acabar con todo rastro de materia orgánica.

Alternativas existían para evitar el paso de un proceso de inflación crónica a un proceso de inflación alta y terriblemente destructiva como el que terminó rompiendo umbrales a finales de 2017. El enfoque más convencional, pero menos atractivo a nuestro parecer, consistía en un ajuste fiscal masivo que parara en seco el financiamiento monetario del déficit del sector público. La magnitud del ajuste era descomunal, pues la brecha fiscal del sector público superaba entonces los 10 puntos del PIB, pero además los pagos por las obligaciones externas se acumulaban mientras Maduro inflado y orgulloso exclamaba que había pagado puntualmente 70.000 millones de US$ en servicio de deuda entre 2014 y 2017.

A decir verdad, la mejor opción para ese entonces no requería un ajuste fiscal draconiano, ni meter a la economía en un congelador. Si exigía desde luego asistencia financiera internacional y para ello Maduro tenía que dar una muestra fehaciente de querer corregir inexplicables excesos que estaban acabando con las garantías democráticas y el respeto a los derechos humanos. Entre 2016 y 2017 Maduro venía desmoronando pilares que hacían de Venezuela un miembro de la comunidad de naciones democráticas: Se apoderó completamente del sistema de justicia nombrando 13 nuevos magistrados (algunos incluso militantes del PSUV), los obligó a declarar a la Asamblea Nacional en desacato para así anular todas sus decisiones; se lanzó a gobernar a través de un decreto de emergencia, violando leyes y derechos ciudadanos; y en medio de masivas protestas ciudadanas decidió imponer unas cuestionadas elecciones para establecer una Asamblea Nacional Constituyente. En agosto de 2017 EE.UU. decidió pasar de sanciones personales a un régimen de sanciones financieras y esto terminó aislando a Venezuela de la comunidad financiera internacional. Así quedó descartada la posibilidad de apelar a un programa de estabilización que contará con el apoyo de la asistencia financiera internacional.

Ese programa, esbozado en varios documentos, buscaba alinear precios relativos desmontando los controles de precio y de cambio, buscaba quebrar expectativas con una reforma monetaria, y buscaba conjurar el desequilibrio fiscal y la carencia de recursos para estabilizar el mercado con asistencia financiera internacional. La asistencia financiera externa se estimaba de carácter transitorio, mientras se marcaba un sendero de ajuste gradual en las cuentas fiscales. Como el programa se vislumbraba con un sesgo expansivo, la misma recuperación económica ayudaba a cerrar la brecha fiscal. La restructuración de los pagos de las obligaciones externas ayudaría también a definir una trayectoria de gastos cónsona con la consolidación fiscal progresiva.

El gobierno de Maduro se decantó, no obstante, por la deriva autoritaria. La falta de condiciones para recibir apoyo financiero internacional y la falta de un programa de estabilización que pudiera atacar integralmente las raíces del fenómeno, dejó a la economía venezolana sin la opción de darle un quiebre al proceso de inflación alta, y la opción que ha quedado es esperar que el mismo proceso de desmonetización se constituya gradualmente como un ancla para extinguir el fenómeno.

La desmonetización del bolívar; es decir, su pérdida de representatividad como moneda, es lo que ha permitido que las intervenciones marginales del BCV en el mercado oficial de divisas, hayan mantenido al tipo de cambio oficial y al paralelo relativamente estable en los últimos 6 meses, y ese ha sido un factor clave en la caída en la tasa de inflación. Para hacerse una idea de la pérdida de representatividad del bolívar basta con apuntar que toda la liquidez monetaria (M2) en bolívares en Venezuela apenas alcanza a ser hoy el equivalente a 800 millones de dólares, una décima parte de toda la liquidez en US$ de la isla de Barbados, cuya población no pasa los 300 mil habitantes. Así que no es mucha la munición que se necesita para estabilizar el mercado cambiario cuando ya no hay liquidez en bolívares que pueda generar un ataque significativo sobre el valor externo de la moneda.

La desmonetización en bolívares de la economía venezolana ha terminado conjugándose por cuatro razones fundamentales: (a) la masiva pérdida de valor del bolívar contra en dólar (al punto que en sólo tres años Venezuela tuvo que quitarle 11 ceros a su moneda soberana); (b) la sustitución creciente del bolívar por el dólar y otros activos monetarios; c) la baja velocidad con que la autoridad monetaria reemplaza y pone piezas monetarias en circulación; y d) la política del Banco Central de congelar recursos líquidos de la banca con lo que hoy representa el encaje legal más alto del mundo (85% de los depósitos).

Esa política del Banco Central de congelar las disponibilidades de recursos prestables de los bancos acabó con el mercado de crédito en Venezuela, y es una de las razones que termina explicando la anémica reanimación de la economía venezolana en 2021.

Si el costo de apagar el intenso fuego fuera sólo ese, pues la mancha en los pulmones de la economía venezolana no sería del todo irreversible. Pero hagamos un recuento breve de cuál ha sido el costo social y económico del camino tomado por Maduro: dejar correr el proceso hacia la desmonetización gradual. Según datos de Encovi, entre 2016 y 2021 cerca de 4 millones de venezolanos se unieron a la población en estado de pobreza (nuevos pobres). Pero eso es pobreza medida por ingresos. A eso hay que sumar la pérdida inconmensurable del valor de los activos que la crisis inflacionaria ha causado y la caída estrepitosa del consumo generado por el empobrecimiento. Además, durante ese período más de 3 millones de venezolanos se convirtieron en refugiados en países vecinos, la mayor parte de ellos en edades productivas.  El INE esperaba que en el año 2039 la proporción de personas de 60 años y más, alcanzara entre 12%-13% de la población, pero esa situación se anticipó al 2020, es decir, el envejecimiento se adelantó casi 20 años por efecto de la selectividad de la emigración que significó el éxodo de personas jóvenes. Venezuela tiene encima entonces un grave problema con sus adultos mayores, pues al prolongarse la hiperinflación los sub-sistemas clásicos de protección social quedaron destruidos y la mayor parte de esa población, desprotegida.

El sistema de pensiones ha quedado destruido (la pensión mensual es hoy menor a 2 dólares), las prestaciones sociales por cesantía laboral desaparecieron, el salario mínimo es un simbolismo, y la red de salud pública está en terapia intensiva. Las ayudas en especie del sistema CLAP son importantes, pero su distribución es irregular e insuficientes para los beneficiarios.

En el sector público el dramatismo no es menor. El incendio inflacionario ha dejado a los profesores universitarios ganando un salario equivalente a 11 dólares al mes. Para un maestro de escuela pública el equivalente es de 7 dólares mensuales. El resto de los empleados públicos no viven una realidad diferente. En las oficinas públicas campea la desmoralización y la corrupción, conductas inspiradas en gran medida por los malos salarios. El gran problema es que la potencia del gasto público y de los servicios asociados se diluyó por el envión inflacionario, y eso explica también el pésimo funcionamiento de las redes básicas de energía eléctrica, agua, gas, transporte y comunicaciones. Así que esperar la desaparición espontánea del fuego inflacionario ha sido una fatalidad para el ciudadano que ahora encara en desconcierto no sólo su propia crisis económica, sino además la terrible crisis de servicios públicos.

Hoy más que nunca conviene seguir advirtiendo que la mejor política social es una política macroeconómica “socialmente responsable” y ni Chávez, ni Maduro, entendieron un ápice de este asunto.

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