Polítika UCAB

El Gobierno de Daniel Ortega inhabilitó de por vida a, al menos, 14 presos políticos, cuatro de ellos sacerdotes católicos. De esta forma, ninguno podrá ejercer cargos públicos en Nicaragua.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó como una «aberración» la decisión del Ejecutivo, y señaló que «los jueces, por pedido de los fiscales, sin ningún trámite, sin tener ninguna facultad de cambiar una letra de una sentencia firme, alteran el contenido”.

Los cuatro casos más recientes fueron los sacerdotes condenados a 10 años de prisión. Se les imputaron delitos de «traición a la patria» y también se les aplicó la «inhabilitación perpetua» de sus derechos ciudadanos.

El Cenidh advirtió que las decisiones constituyen «un atropello a la inteligencia de los nicaragüenses y de la comunidad internacional». Esta entidad forma parte de las 3.223 ONG que han sido ilegalizadas por el Gobierno de Ortega, una práctica que adoptó tras las protestas populares de 2018, las cuales fueron consideradas como un «golpe de Estado».

La ONG denunció que las inhabilitaciones no pueden durar más de diez años, y sostuvo que en Nicaragua hay una «persecución indiscriminada», así como también «destrucción total de la institucionalidad y de cualquier vestigio de seguridad jurídica».