Yakeling Benarroche 05.10.26

Durante años, los conceptos de «esperanza» y «resiliencia» han dominado el relato político y mediático como paradigmas destinados a que el ciudadano entienda la realidad y se someta a sus designios sin más alternativa que “en algún momento”, “es cuestión de tiempo”, “hay que tener paciencia”, entre otros, como mecanismos para mantener el statu quo, y evitar alteraciones sociales que pongan en riesgo la seguridad del sistema.  

Desde el punto de vista semántico la resiliencia se define como “la capacidad de adaptarse con éxito a la adversidad, el estrés o los momentos difíciles y recuperarse de ellos”; mientras que la esperanza se concibe como “el estado de ánimo en el cual se presenta como posible lo que se desea». Como se deduce de ambos conceptos su naturaleza es estática, paralizante, expectante pero en ningún momento proclive a la acción, a la racionalidad, al pensamiento crítico,  lo que las convierte en lemas destinados al adormecimiento de la voluntad colectiva.

A través de esta narrativa se le ha pedido constantemente al ciudadano que resista, que tenga fe, que aguante los embates de la crisis económica, la precariedad de los servicios públicos, la inacción de las instituciones, la violación a sus derechos, entre muchas más precariedades. Para ser más ilustrativo, recurriremos a las siguientes fuentes de información y datos:

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI):

• Pobreza por ingresos: 68,5% de los hogares.
• Pobreza extrema: 31,7% de los hogares
• Pobreza multidimensional: El indicador que mide el acceso real a salud, educación, vivienda y empleo formal afecta a cerca del 55% de la población.
• Suministro diario y continuo de agua: apenas el 19% de la población cuenta con un suministro diario las 24 horas del día.

Según el CENDA, la Canasta Alimentaria Familiar (que promedia 60 productos básicos para un hogar de cinco integrantes) se ubicó en 755,36 dólares, equivalentes a 581.625,07 bolívares. Mientras que el salario mínimo sigue en Bs. 130, y la bonificación oficial no cubre las expectativas ni llega a toda la población. Aproximadamente entre el 45% y el 60% de la población total de Venezuela se beneficia de estos bonos gubernamentales de forma directa o indirecta, y esta “ayuda” es sumamente baja y fragmentada respecto de las necesidades reales del venezolano.

Otras cifras oficiales:

• Bajo los planes oficiales denominados «Administración de Cargas« diseñados por CORPOELEC, la mayoría de los estados del interior del país sufren racionamientos de entre 4 y hasta 12 horas diarias,
• La tasa de inflación interanual en Venezuela se ubica en 534,21% según los datos oficiales más recientes publicados por el Banco Central de Venezuela

Estos datos, apenas reflejan la realidad del venezolano y son muestra evidente de la precariedad de su calidad de vida. Lo que comenzó como un llamado al optimismo y a la fortaleza para esperar con resiliencia y esperanza los cambios por venir, se ha transformado en un desgaste anestésico, donde la ciudadanía ha llegado a un punto de saturación que la aleja de las expectativas de mejora y la confronta a la realidad del día a día.

Atribuir la responsabilidad del bienestar al «aguante» individual y colectivo es una forma sutil de desatender las obligaciones del Estado en generar soluciones para el día a día, de menos discurso y más acción, de encontrar talentos capaces de proponer y desarrollar proyectos con carácter de emergencia, de enfocarse en lo urgente, de leer al país en toda su extensión.

Cuando se ensalza de manera excesiva la capacidad de la gente para sobrellevar la adversidad, se corre el riesgo de normalizar lo inaceptable, de vivir bajo el yugo de la resiliencia y la esperanza que están allí pero no aportan soluciones e incrementan el riesgo de romantizar la pobreza o adormecer la exigencia de derechos básicos. Ser resiliente ante la falta de agua, los cortes eléctricos o la inflación no es una virtud que deba celebrarse; es el síntoma de un sistema que no está funcionando. Lo que la sociedad demanda hoy con urgencia no es contención emocional ni promesas a futuro, sino la ejecución de soluciones concretas:

• Gestión técnica y eficiente: políticas públicas diseñadas con base en evidencia y presupuesto real, alejadas de la improvisación y la retórica electoral.

• Servicios públicos funcionales: mantenimiento e inversión real en la infraestructura básica (agua, electricidad, transporte y salud) para garantizar estándares mínimos de calidad de vida.

• Transparencia y rendición de cuentas: mecanismos claros para verificar a dónde van a parar los recursos públicos y evaluar el desempeño de las instituciones con resultados medibles.

• Instituciones accesibles y expeditas: procesos burocráticos simplificados que resuelvan problemas en lugar de generar obstáculos.

El paso de la resistencia a la exigencia es un signo de madurez democrática. Los ciudadanos no necesitan heroísmo cotidiano para sobrevivir a su propia realidad; por el contrario, necesitan un entorno predecible donde las reglas funcionen y las soluciones lleguen a tiempo. La esperanza y la resiliencia son actitudes personales válidas, pero la eficacia es un deber institucional innegociable.