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La organización no gubernamental Espacio Público se pronunció sobre la reciente propuesta de reforma parcial a la Ley contra el Odio, una vez que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avalara la constitucionalidad del proyecto el pasado 15 de octubre.

Aunque la reforma elimina penas de prisión y el bloqueo directo de portales, Espacio Público advierte que sigue vulnerando los derechos humanos al trasladar las sanciones al Ejecutivo, imponer multas desproporcionadas, mantener la censura digital y conservar definiciones ambiguas sobre el odio. En este contexto, la ONG exige la derogación total de la ley, la liberación de los procesados, anulación de antecedentes y reparación de las víctimas.

Si la AN insiste en la vía de la reforma, la ONG propone restringir las sanciones exclusivamente a la incitación directa a la violencia o discriminación; eliminar censura previa y retiro de contenido; establecer multas proporcionales a la capacidad económica e iniciar un proceso de consulta pública amplio y transparente con gremios periodísticos, la academia y organizaciones de derechos humanos.