Por: Carlos Romero Mendoza

Cuando en el 2010 se hizo público el proyecto de Ley de Comunas, un grupo de vecinos del área metropolitana de Caracas impulsaron más de 28 asambleas de ciudadanos, a través de las cuales alertaron sobre la amenaza que siginficaba ese proyecto de ley para el municipio y para la descentralización.

Una de esas Asambleas logró aprobar una Declaración Ciudadana a través de la cual, los vecinos exhortaron al alcalde, a concejales, juntas parroquiales y voceros del Consejo Local de Planificación Pública del municipio Baruta, a impulsar una campaña de concientización que vinculara el compromiso de participar en el proceso electoral del 26 de septiembre 2010 y la necesidad de buscar alternativas cívicas para intentar frenar la aprobación del proyecto de Ley de las Comunas.

Luego de las elecciones parlamentarias, nuevamente los vecinos se activaron en asambleas y sistematizaron el debate realizado en otras Declaraciones Ciudadanas, que entregaron a más de 20 alcaldes y a los diputados recién electos María Corina Machado y Eduardo Gómez Sigala, en un evento público realizado en noviembre 2010. 

En esas Declaraciones Ciudadanas se exhortó a las autoridades electas a defender la descentralización, primero, a través de  la revisión a las políticas del Consejo Federal de Gobierno; segundo, mediante la exigencia de un mayor debate sobre los proyectos de ley que imponían la reforma rechazada de la Constitución y por último, con un llamado al CNE para que convocara las elecciones de concejales y juntas parroquiales pautadas para el último semestre del año 2010, que nunca se realizaron.

El esfuerzo de los vecinos fue oportuno, pero no tuvo mucho eco en los actores políticos y en la sociedad en general; sólo el Alcalde de Baruta, Gerardo Blyde activó su estrategia para enfrentar legalmente al diseño Comunal, e impulsó debates públicos sobre el impacto en el municipio del diseño comunal.

De esta forma, llegó diciembre 2010 y la descentralización pierde importantes espacios en lo local, primero en lo electoral, cuando la elección oportuna de autoridades locales quedó suspendida indefinidamente hasta nuevo aviso por parte del CNE; y también, a través de la eliminación del voto directo, secreto y universal para elegir a las Juntas Parroquiales, opción electoral que estuvo ausente en las elecciones locales del 2013.

En segundo lugar, pierde espacio la descentralización cuando en diciembre 2010 se vulnera la autonomía municipal con las reformas legislativa que imponen a las Comunas como “entidades locales” dentro del Municipio, que aún cuando parecen tener un estatus similar a las parroquias, quedaron sometidas a las leyes nacionales; es decir, desvinculadas totalmente desde el punto de vista normativo al Municipio, aún cuando están  en el territorio municipal.  Además, se imponen a las Comunas como actores principales en la representación vecinal ante el Consejo Local de Planificación Pública.

La evolución del municipio bajo el diseño de la Ley Orgánica del Poder Púlico Municipal de 2005, advierte de un importante déficit de ciudadanía para elevar la voz de protesta en defensa de la descentralización y como expresión de ella, demandar una mayor autonomía local.  El reto actúal es “sembrar la descentralización en la cultura social y política del venezolano” como lo propuso la diputada al Consejo Legislativo Regional del Estado Miranda, Verónica Barboza,[1] y a tal fin la relegitimación del Poder Público Municipal juega un rol importante en ese proceso de siembra.

Mario Briceño Iragorry advirtió que el país no asimila los “pro y contra de los acontecimientos, felices o funestos, que realizaron los hombres antiguos, y por tal razón carece de elementos críticos para sus juicios presentes.  En verdad, la Historia no ha realizado entre nosotros su verdadera función de cultura y el pueblo vive aún en la linde mágica de la liturgia de efemérides.”[2]

El pueblo necesita escuchar el otro lado de la verdad sobre el proceso de descentralización, pues hay quienes sostienen, como lo hizo el expresidente Chávez que la descentralizacíon iniciada en 1988 buscaba dividir en pedacitos al país o en desmembralo quitándole poder al Estado Nacional[3] y por lo tanto afirman que el proceso de descentralización lo que causó fue un gran daño al país.[4]

Si bien el poder del Gobierno ha logrado debilitar la descentralización, hasta casi hacerla desaparecer; no ha podido desplazar al Municipio, de hecho gracias al CNE, fue relegitimado en diciembre 2013.   La calidad de la gestión local de las nuevas autoridades, como el nivel y la intensidad en la interacción de las instituciones locales con todos los sectores activos de la sociedad y en particular con los ciudadanos en general, será decisivos para volver experimentar el valor de una democracia descentralizada, desde el espacio idóneo para ello: el Municipio.