Espacio plural

¿Comunidad internacional?

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Artículo de ElsaPor: Elsa Cardozo – Jueves, 06 de marzo de 2014

Venezuela está siendo noticia en el mundo de modo tan intenso como preocupante, y extremas son las razones para tal cobertura. La atención mundial que han recibido las protestas, la represión estatal y paraestatal que contra ellas se desató, desde los primeros días de febrero, no tiene precedentes. Se ha sostenido en el tiempo, mantiene amplia cobertura en medios de circulación global, ha fluido en abundante documentación, mientras que respetables organizaciones y voces con resonancia mundial han contribuido a darle visibilidad aun en medio del complejo desarrollo de crisis internacionales de semejante naturaleza, en cuanto a su raíz subnacional, como las de Ucrania y Siria.

No obstante esa atención, no es extraño, y en cambio se justifica plenamente, que los venezolanos se pregunten qué es eso de la comunidad internacional. No hay que dar muchas vueltas para comprender el sentido de la pregunta, bien centrada en el balance de las reacciones gubernamentales en nuestro ámbito geográfico inmediato. Hay otros balances por hacer, pero conviene comenzar por revisar el del vecindario regional para luego constatar otros registros y lo que el desarrollo de la crisis venezolana ofrece la oportunidad de alterar, por aquí cerca, en la concepción y movimiento hacia una comunidad menos centrada en los gobernantes y más atenta a la gente.

Entre Presidentes

Las reacciones regionales, en lo que a los poderes ejecutivos se refiere, pueden agruparse en tres conjuntos: las de los aliados más cercanos que han ofrecido solidaridad al gobierno adoptando la tesis del “golpe suave” contra un Presidente elegido por el voto popular; las que han expresado preocupación por la violencia y formulado llamados a la paz y el diálogo sin ninguna referencia, o con débil mención, de los derechos que deben preservarse y, en un tercer conjunto, se encuentran quienes han dejado saber no solo su preocupación y su llamado al diálogo sino algunas señales sobre la necesidad de garantizar los derechos humanos y de investigar y procesar debidamente a los responsables de su violación. Eso es lo que hay hasta ahora.

Una primera lectura de esas reacciones parece ofrecer un balance favorable para el gobierno, sumando los apoyos de unos y, especialmente, los silencios de otros en nombre expreso o tácito del principio de no intervención; restando apenas tres o cuatro países del hemisferio –los de Canadá, Estados Unidos y Chile, quizá de modo implícito en su gesto diplomático también Panamá– cuyos presidentes han acompañado su preocupación con expresiones de rechazo o al menos solicitud de investigación independiente sobre los hechos de violencia. El gobierno venezolano ha venido asumiendo ese conjunto de reacciones como apoyo a su gestión y aceptación de la tesis golpista, a la vez que como licencia para seguir hablando y actuando sin temer consecuencias internacionales.

Añádase a este primer mapa que el régimen venezolano lleva ya un tiempo distanciándose de las instancias internacionales que, de algún modo, pudieran limitar su margen de acción nacional. Lo ha hecho al apoyar la creación de foros y cláusulas democráticas para neutralizar las exigencias de la Carta Democrática Interamericana, desplazar el debate fuera del foro político de la OEA, descalificar esa organización y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. De allí que, no sólo procuró declaraciones inmediatas de la mesa directiva del Parlamento de la Unasur (con legisladores de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela)[1], la Asociación de Estados del Caribe, la Alianza Bolivariana y un comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas, aunque con divergencias entre lo leído por el canciller de Venezuela y la más moderada versión oficial[2]. Además, ha hecho saber que solo aceptará que la situación actual del país sea considerada en la Unión de Naciones Suramericanas, quedando así al abrigo de una organización cuya cláusula democrática está pensada en términos de protección a los gobiernos, dejando de lado la calidad de su desempeño y el escrutinio en materia de derechos humanos.

En este cuadro hay otras piezas, de diverso tono según los países: hay gobiernos que temen con sus posiciones alentar las protestas en su patio y, no obstante las crecientes limitaciones económicas de Venezuela –o precisamente por ellas– tienen intereses económicos que proteger, sean operaciones de cooperación, trueque o, simplemente, acreencias.

Ahora bien, lo que pesa cada vez menos es la capacidad internacional, persuasiva y disuasiva, del gobierno venezolano: entre la visibilidad de sus problemas de gobernabilidad, su emergencia económica y morosidad, y la pérdida de credibilidad de las tantas veces difundidas denuncias de magnicidio, golpe de estado y conspiración imperialista. A esas pérdidas se le añaden en las últimas semanas las evidencias de abuso de poder que ningún gobierno vecino, por mucho silencio que prefiera guardar, puede silenciar ante su opinión pública y sus electores.

En suma, el gobierno venezolano no debería simplemente asumir los silencios y ambigüedades que han prevalecido entre los mandatarios latinoamericanos como la disposición de otros tiempos a apoyarlo solidariamente, ni contar con que tiene garantizados tales silencios y ambigüedades de mantener la opción represiva. Quizá ya tiene su propio balance sobre esto y por eso ha preferido cerrarse a debates y mediaciones que obliguen a poner todas las cartas sobre la mesa para, en cambio, optar un encuentro, muy acotado en la Unasur mientras convoca nacionalmente encuentros de paz.

Organizaciones e individualidades

Hasta aquí, la crisis venezolana no hace más que confirmar una imagen muy pobre de la comunidad internacional. Algo cambia cuando se incorpora el papel de algunas organizaciones internacionales y, mucho más, al considerar el de las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y las redes sociales.

Entre las organizaciones internacionales, aparte de lo ya dicho sobre la ONU y la Unión Europea, salta a la vista, en primer plano hemisférico, la Organización de Estados Americanos y el terreno que por presión de algunos y omisión del resto de los miembros han perdido los más valiosos sistemas de protección de los derechos humanos, la democracia y la observación electoral. Es cierto que, por iniciativa del representante de Estados Unidos, la situación venezolana fue ventilada en la sesión del Consejo Permanente del 19 de febrero y que el representante de Panamá no cejó en el empeño de una discusión más amplia aunque de muy improbables mayores consecuencias. También es cierto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha dejado de ser, como siempre, una instancia atenta y generadora de informes bien documentados y oportunamente difundidos, con manifiesta preocupación, denuncias y recomendaciones. Pero lo cierto es que la OEA, en lo que políticamente depende de los gobiernos y su Secretario General, ofrece hoy una imagen muy empobrecida de la comunidad hemisférica.

De más lejos se han escuchado las voces de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en declaraciones y comunicados y también las de la Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, el 13 de febrero y el 21 de febrero de 2014, y posteriormente las del representante de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Al lado de los informes sobre represión, el apresamiento del dirigente político Leopoldo López, el allanamiento de la sede de su partido político en Caracas, la moción para allanar la inmunidad de la diputada María Corina Machado y la orden de captura librada contra Carlos Vecchio, dirigente y compañero de partido de López, han sido acciones particularmente graves en el ámbito político, generadoras de respuesta inmediata por estas instancias y también desde Organizaciones no Gubernamentales.

En ese ámbito, el de las ONG, han tenido amplia proyección y audiencia los varios comunicados de las organizaciones de alcance mundial que, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Human Rights Foundation y la Coalición de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, han contribuido a hacer visible la gravedad de la crisis venezolana. Así, han mostrado también la urgencia de atenderla por las vías institucionales nacionales e internacionales que, a través del establecimiento de responsabilidades, despejen el camino para una solución. Otras, las que han asumido posturas cercanas a la tesis del golpe e injerencia internacional, como el Foro de Sao Paulo, han tenido limitada resonancia en medio de la difusión de información sustentada en evidencias y testimonios sobre la responsabilidad del gobierno venezolano en el uso represivo de la fuerza.

Las ONG nacionales defensoras de los derechos humanos han tenido un papel fundamental en la atención a los casos de muertes, desapariciones, detenciones y torturas que fueron aumentando al paso de los días. En la primera semana de marzo el terrible balance es casi veinte víctimas mortales, más de treinta casos documentados de torturas, en torno a mil detenciones y una cantidad indeterminada de desaparecidos. Además de esa labor, las acciones e informes de organizaciones como el Foro Penal Venezolano y las agrupadas en el Foro por la Vida, entre las que se encuentran Cofavic, Provea y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, han contribuido a la atención y visibilización de los casos, la movilización de ONG de otros países y la activación de canales internacionales para difundir las denuncias y preparar la tramitación jurídica supranacional de las responsabilidades evadidas por las instancias nacionales.

Otras iniciativas han contribuido a sensibilizar al mundo sobre lo que ocurre en Venezuela. Las personalidades que individualmente, como el ex Presidente y Premio Nobel de la Paz Oscar Arias, el Papa Francisco o las reunidas como Amigos de la Carta Democrática Interamericana, y la carta de cuatro ex Presidentes latinoamericanos han invitado, en su diversidad, a colocar el tema sobre el terreno del respeto a los derechos humanos y a atenderlo debidamente desde la comunidad internacional.

Una escala más humana

Las voces se han multiplicado en muchos ámbitos y van haciendo más difícil mantener el silencio. Esas voces, en solo o en grupo, también se expresan dentro de los países: en las arenas de la sociedad civil y en las de la vida política a través de los partidos, alentando el debate, presionando a los gobiernos con las evidencias inocultables del abandono de prácticas esenciales de la democracia. Esto no asegura que se despierte un consenso, pero va haciendo del caso venezolano un ruido difícil de ignorar, incluso para los más complacientes interlocutores regionales, en la memoria de cuyos países están aun frescos los desmanes del militarismo.

Ya más próximo a lo que sociológicamente se entiende por comunidad y humanamente sentimos como tal, se ubica el fluir de los medios de información y las redes de comunicación que permiten el intercambio instantáneo de imágenes, testimonios, análisis, opiniones y argumentación de posiciones. No se trata sólo de la exposición de informaciones en una pantalla; es la participación en el intercambio que –con todas las prevenciones del caso que bien conoce el usuario consciente de las virtudes y peligros de ese espacio y tiempo- tiene la posibilidad de hacer más cercano el problema y más efectiva la solidaridad.

La creciente violencia verbal y material con que fueron respondidas las protestas en Venezuela estuvieron precedidas por la aceleración del proyecto de control de los medios de comunicación, frecuencias y estaciones de radio, canales de televisión, presión por diversos medios sobre la prensa escrita hasta llegar a la negación de divisas para la compra del papel periódico. Y a pesar de censuras y autocensuras, no ha habido sordina capaz de acallar la gravedad de la crisis venezolana en ninguno de sus registros: ni ante los venezolanos ni ante el mundo.

Así llegamos a la escala de la gente, de sus necesidades y reclamos desatendidos y menospreciados, de lo que el intento de asordinar y reprimir no ha hecho más que potenciar, mientras queda en evidencia la contradicción gubernamental entre dichos y dichos, entre dichos de paz y hechos de violencia.

Como Ucrania, Siria y tantos otros países que sufren o han sufrido graves crisis nacionales en las que el gobierno es parte del problema, Venezuela –en su particular escala y especificidad– es hoy un desafío muy visible a los hilos de la comunidad cosmopolita que se tejen en torno a los derechos humanos, un reto a la real politik vecinal y un recordatorio de lo que escribía hace más de dos siglos el pensador de Königsberg: que no es lo mismo derecho internacional que derecho de gentes.

Contacto: elsacardozo@gmail.com

[1] Fue presentado como comunicado del Mercosur pero en realidad lo fue de la Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur (Parlasur) con la participación de legisladores de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140217/mesa-directiva-de-parlasur-analiza-hoy-situacion-politica-de-venezuela

[2] La lectura del canciller añadió: “Unasur rechaza el intento de desestabilizar el orden democrático constituido legítimamente por el voto popular (…) Unasur repudia los intentos de rompimiento del estado de derecho en el república”. http://www.el-nacional.com/politica/Comunicado-Unasur-mismo-leyo-Jaua_0_357564469.html

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