Opinión y análisis

El Efecto Protesta: ¿Qué pasa cuando un gobierno deja de ser gobierno?

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Diapositiva1Por:Benigno Alarcón / Jueves, 10 de abril de 2014

Un acuerdo es posible solo cuando las partes tienen la percepción de que lo que pueden conseguir en la mesa de negociación es superior a cualquier alternativa fuera de ella.

En los últimos estudios de opinión, específicamente los realizados por Datos, Keller e IVAD, sobran las razones para hacer sonar las alarmas en Miraflores y entre sus cortesanos. Y es que el clima de ingobernabilidad que vive el país, ha originado un círculo vicioso en donde los dos componentes de la gobernabilidad, capacidad de gestión y legitimidad, se muerden la cola y se retroalimentan en un fenómeno donde ya se hace confuso precisar si la ilegitimidad es la consecuencia de la incapacidad de gestión, o si la segunda es la consecuencia de la primera.

Esta situación se agrava si consideramos que si bien es cierto que el chavismo es casi la mitad del país, hoy algo menos según los últimos estudios, no se puede decir lo mismo del oficialismo si entendemos por este último el grupo compuesto por quienes apoyan a quienes están en el poder, porque ni todos lo que están en el poder se sienten chavistas, ni todos los que se consideran chavistas apoyan a quienes están en el poder. Esta situación coloca tanto al chavismo como al oficialismo, así como a algunos actores de la oposición también, en un dilema. Un dilema no sobre lo que debería hacerse para recuperar la gobernabilidad, sino sobre cómo mantener el poder para unos y cómo impulsar la transición para otros.

Es así como el gobierno, día a día, se está convirtiendo en un problema no solo para la oposición, sino también para el chavismo, el oficialismo, la Fuerza Armada, y para otras ¨instituciones¨, o sea para todo el país, además de para otros países.

El Problema para el Chavismo

Chávez instaló en Venezuela un gobierno autoritario sobre una base de legitimidad electoral construida en un primer momento sobre la empatía generada por un Teniente Coronel que gana su notoriedad carismática al irrumpir contra el establishment político que gobernó a un país con una envidiable estabilidad democrática, aunque no perfecta, de cuarenta años, que se fue haciendo más precaria en la medida que las asimetrías socio-económicas se fueron agregando y la legitimidad del binomio AD-COPEI se fue deteriorando. Pero como todos los gobiernos elegidos, independientemente de que sean democráticos o no, el de Chávez comenzó a perder su legitimidad antes de que el partiera, lo que obligó a recurrir a mecanismos complementarios al carismático, como lo son el clientelar y el opresivo, mejor conocidos como la zanahoria y el garrote.

Esta situación que divide al chavismo entre duros y blandos, genera un problema en especial para los dogmáticos duros, o sea aquellos para quienes ¨con Chávez todo y sin Chávez nada¨, porque Maduro hoy no solo se aleja del proyecto chavista, como se le acusa en Aporrea cada día, sino porque pone en peligro la viabilidad misma del proyecto, lo que coloca a los comprometidos en el dilema entre mantenerlo en el poder o sustituirlo por alguien de adentro (¿Chávez se equivocó?), aunque tienen el problema de que a nadie le dan los números, para hacerlo por la vía electoral. ¿Será que el destino en forma de una broma macabra, tal como hizo con el ¨Patria Socialismo o Muerte¨, ahora hará cierta la consigna ¨con Chávez todo y sin Chávez nada¨?

El Problema para el Oficialismo

Si el dilema entre dejar que el ¨proceso¨ se pierda y sustituir a su propio gobierno no es menor, es fácil imaginarse el tamaño dilema para quienes están efectivamente montados en el barco del poder, y que deben estar agotados entre achicar el agua que no para de entrar y amenaza con hundirlo, y remar en alguna dirección tratando de llegar a la orilla. Para este sector es especialmente cierto eso de que ¨quien se cansa pierde¨ y vaya si hay cosas en juego que pueden perderse, desde el poder hasta la inmensas fortunas que se amasaron a su sombra.

Para este grupo es especialmente urgente encontrar una solución a la crisis de gobernabilidad. El problema es que las crisis de gobernabilidad como la nuestra, no tienen muchas opciones para resolverse. La primera, cuando son leves y coyunturales, lo que no parece ser nuestro caso, corrigiendo la gestión. Cuando son más profundas y relacionadas con la legitimidad de quien gobierna, lo que sí parece ser nuestro caso, con un nuevo proceso electoral que permita una renovación del gobierno. La alternativa a ello es mantener el poder por la fuerza, lo que ¨por ahora¨ pareciera ser la alternativa preferida por el gobierno.

El Problema para las FANB

Si el gobierno cierra las puertas a toda opción electoral, lo que incluiría la negativa a renovar la directiva del Consejo Nacional Electoral de manera tal que se garantice la competitividad, libertad y justicia de los futuros procesos electorales, y se empeña en gobernar y mantener el poder aún por la fuerza, entonces el problema no solo lo tiene el gobierno sino también, y aún en mayor proporción la Fuerza Armada. Es a ella a quien toca el trabajo sucio de la represión, con el agravante de que la responsabilidad penal es personalísima por lo que la excusa de seguir órdenes ya no es válida ante una Corte Penal nacional o internacional, y los delitos relacionados con la violación de derechos humanos jamás prescriben.

Es práctica común entre los gobiernos autoritarios comprar la lealtad de sus fuerzas armadas y demás cuerpos de seguridad con sangre, mediante la misma estrategia que parece estarse tratando de implementar en Venezuela. Cuando un soldado, un policía o cualquier otro actor viola los derechos humanos de una o varias personas siguiendo la orden de reprimir dada por un gobierno a través de su superior, él pasa a ser responsable personalmente por las consecuencias de sus acciones, y no podrá jamás alegar la obediencia debida como justificación legal de sus acciones. Este principio del Derecho Penal que ha llevado a muchos líderes políticos con sus policías y militares a la cárcel, en ocasiones muchos años después de cometer sus delitos, coloca a quienes toca reprimir ante un importante dilema entre obedecer, muchas veces contra su propia conciencia para ganar la confianza y favores del gobierno de turno, y desobedecer las órdenes de represión a riesgo de ser execrados de los círculos de confianza del poder.

En un esfuerzo por garantizarse la lealtad militar los gobiernos de corte autoritario tratan de generar situaciones de represión extrema que permitan comprometer a estos sectores armados con su propio destino. Es así como un soldado que mancha sus manos de sangre queda irremediablemente condenado a la suerte del gobierno al que obedece y debe continuar haciendo lo necesario para mantenerle en el poder, agravando con cada acción su propia situación de cara al futuro.

El problema para el gobierno es que hoy en día, gracias a Internet, soldados y policías entienden mejor las consecuencias de sus acciones y los límites de la obediencia debida. Es por ello que hemos visto en no pocos casos emerger lo que podríamos llamar la desobediencia debida, como sucedió en el 2011 en Egipto cuando el para entonces su presidente Hosni Mubarak ordenó a las Fuerzas Armadas de su país terminar con las protestas en su contra, lo que costó su salida del poder.

El dilema está entonces para este sector entre obedecer incondicionalmente y mantener a un grupo en el poder por la fuerza amarrando su suerte y destino a la del gobierno, o asumir una actitud institucional manteniéndose dentro de los límites legales de la obediencia debida y su responsabilidad como garantes de la Constitución y las Leyes.

El Problema para la burocracia gubernamental

El entramado que conforma la burocracia gubernamental, al igual que la Fuerza Armada, enfrenta un dilema de lealtad al tener que asumir los costos crecientes de formar parte del círculo íntimo y esencial de quienes día a día tienen que cooperar para mantener a un grupo del que dependen en el poder, comprometiendo su propia suerte a la de quienes toman decisiones sobre las que estos tienen poco control, pero que inciden de manera irremediable en los riesgos y costos potenciales que tendrían que asumir en el caso de una salida del gobierno.

Es así como quienes forman parte del gobierno comienzan a ver con preocupación y mucha incertidumbre su propio futuro, en la medida que sienten que quienes están al frente ya no son garantía de estabilidad y continuidad en el poder y ven la proximidad de un proceso de transición como algo inevitable en el corto o mediano plazo.

La cooperación ilimitada para mantener al gobierno en el poder mediante acciones tales como la ejecución de órdenes ilegales o produciendo sentencias que no tienen fundamento legal, incrementa de manera significativa sus propios costos de tolerancia (o de salida del poder) lo cual les coloca ante el dilema entre la obediencia irrestricta o la desobediencia debida, lo que incluye la deserción o la limitación de la obediencia de manera tal de no incurrir en acciones por las cuales se deba responder en caso de una salida del poder, o que puedan incluso no comprometer su carrera pública en el caso de una transición.

El Problema del País

Ante el panorama actual, no es necesario ahondar demasiado en explicaciones para comprender por qué el actual gobierno se ha convertido en un problema para el propio país. La situación actual de ingobernabilidad nos coloca en una situación cercana a lo que podría ser la de un Estado fallido, en los términos entendidos por el Centro de Estudios del Fondo para la Paz (Fund for Peace), que considera en su índice de clasificación cuatro parámetros básicos:

•  Pérdida del control sobre el propio territorio o sobre el monopolio en el uso de la fuerza;
•  Erosión de la autoridad legítima para la toma de decisiones;
•  Incapacidad para suministrar servicios básicos;
• Incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional

De estos cuatro parámetros, resulta innegable que todos ellos, pero principalmente los primeros tres, han sufrido importantes retrocesos, que de continuar deteriorándose pondrían en serio riesgo la viabilidad misma del Estado venezolano.

El deterioro de estos parámetros se ha traducido en graves consecuencias que todo el país vive en el día a día, tales como el aumento progresivo e indetenible de la criminalidad, la imposición de autoridades paralelas territoriales bajo el control de grupos armados patrocinados por el gobierno, pero sobre cuyas actuaciones existe poco control real, la polarización del país ante el desconocimiento creciente del gobierno y sus decisiones por una parte del población que representa alrededor de la mitad del país, el deterioro de las condiciones económicas a un nivel tal que compromete el suministro de los bienes y servicios básicos de los que depende la vida cotidiana de cada ciudadano, e incluso la imposibilidad de mantener relaciones diplomáticas y de negocios normales con algunos países, entre ellos el cliente más importante de nuestro principal producto de exportación.

La inviabilidad de la situación descrita obliga al país a decidir entre mantener el status quo, lo que implicaría el permitir la continuación en el deterioro de las condiciones del país, o impulsar la búsqueda de una solución que permita recuperar su viabilidad como Estado, y que pasaría por la construcción de condiciones para una transición que permita la formación de un gobierno que goce de legitimidad ante todos los sectores del país, y que en base a ella pueda tomar las decisiones que permitan revertir la actual situación de deterioro y emprender un proceso de recuperación nacional.

El Problema de los otros Países

Para el resto de los países que mantienen relaciones comerciales y políticas con Venezuela, la situación nacional les coloca también ante un dilema al saber en entredicho la viabilidad futura de cualquier compromiso que involucre al actual gobierno venezolano.

Es en este sentido el ex-presidente brasileño Ignacio Lula hizo un llamado a principios de esta semana a Maduro en el que expresaba textualmente: “Maduro debería intentar disminuir el debate político para dedicarse enteramente a gobernar, establecer una política de coalición, construir un programa mínimo y disminuir la tensión. Estoy haciendo fuerza para que se encuentra una solución en la negociación porque para Brasil Venezuela es estratégica” (EFE).

El pacto de gobernabilidad expresado por Lula en lo que asoma como la conformación de un gobierno de coalición que funcione sobre la base de unos consensos mínimos, no solo es la expresión de una propuesta que ha sido exitosa en otros procesos de transición progresiva, sino que es además la expresión de una preocupación común, aunque no siempre expresamente manifestada, de todos los actores internacionales (Estados, corporaciones, organizaciones internacionales) con intereses en Venezuela que podrían verse afectados por el desenlace de esta coyuntura. No es difícil imaginarse las preocupaciones que deben existir por la suerte de miles de millones de dólares comprometidos en préstamos internacionales en los que muchas veces no se siguieron las pautas para asumir legalmente tales endeudamientos que hoy asfixian al país, los desvelos de la alta gerencia de empresas extranjeras que obtuvieron contratos sin licitación y por la vía de la relación directa con el gobierno, o por los negocios pendientes de concretarse que hoy están en ¨stand by¨ por los conflictos que han interrumpido la dinámica normal de la vida nacional.

El dilema de muchos de los países comprometidos económica o políticamente con Venezuela es especialmente delicado a la hora de asumir posición en relación al conflicto nacional. Al tiempo que mantenerse al margen no parece posible ante las presiones del mismo gobierno para comprometer el apoyo de sus aliados y subirlos al mismo barco de su destino, mientras que para aquellos el gobierno ya dejó de ser una garantía para sus propios intereses y por lo tanto necesitan asumir un posición que les permita preservarlos más allá de la suerte del actual gobierno.

Conclusión

El año 2014, como habíamos dicho en varios de los artículos del año pasado, lucía como un año de grandes tensiones políticas, no solo por la muerte de Chávez y el ascenso de Maduro aunado a los enormes desequilibrios económicos, sino por no ser un año electoral, lo que permitiría al gobierno tomar medidas que tendrían irremediablemente un alto costo político, hoy aún mayor por su pobre implementación, lo que generaría la oportunidad y obligaría a la oposición a llevar la lucha política a la calle, como de hecho sucedió.

La escalada de conflicto, que si bien no tuvo su origen en la marcha del Día de la Juventud del pasado 12 de Febrero, sino en protestas estudiantiles previas por temas de inseguridad en Táchira y otras ciudades, pero sí su detonador con la violencia que se generó ese día, ha sido para Maduro lo que para Pérez fue el Caracazo de aquel 27 de Febrero de 1989.

Maduro, al igual que Pérez en esa oportunidad, ha sufrido un golpe a su legitimidad que difícilmente tenga arreglo y que, independientemente de la duración de su gobierno, le impone un importante condicionante a su capacidad para gobernar, haciéndolo tremendamente dependiente de la lealtad de la Fuerza Armada Nacional, los cuerpos de seguridad del Estado y los demás grupos con capacidad represiva que le acompañan en este barco, en el cual a la dificultad de darle dirección se suma la de la permanente necesidad de achicar el agua que ya llega al cuello y parece restar de manera considerable capacidad de maniobra.

Hoy, cuando para el momento de escribir este artículo ya se ha dado una primera reunión entre el gobierno y la representación política de un grupo de partidos, que lamentablemente no podemos considerar como Unidad, porque no todos están presentes ni representados, el país se debate entre la conveniencia o no del diálogo en los términos planteados, todos nos preguntamos si hay salida de esta encrucijada nacional y de haberla ¿cuál es?. Trataré en el artículo de la próxima semana de hacer una aproximación realista y responsable a esta interrogante.

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