Benigno Alarcón / 23 de octubre de 2014

Ante la pregunta sobre si la oposición tiene algo que ganar con un nuevo diálogo y la innegable similitud entre ambos casos, proponemos revisar las lecciones aprendidas de los resultados del Acuerdo Político Global de Zimbabue entre el gobierno de Mugabe y la oposición democrática.

El escenario en desarrollo en Venezuela

El país pareciera encontrarse en un callejón sin salida: por un lado nos asedian los efectos de una debacle económica, resultado de la imposición irresponsable de un modelo económico inviable y de la sangría de recursos que ha significado el sostenimiento de una gigantesca red clientelar que facilita la corrupción en sus más variadas expresiones; y por el otro, el aumento progresivo de las tensiones sociales y políticas ahora repotenciadas por esta crisis económica que, sumada a la falta de dirección política, no nos permiten ver camino alguno para la superación de la actual coyuntura y de la polarización traumática que nos impiden vivir como un país normal.

La situación se deteriora día a día, haciendo estragos en la calidad de vida de la gente, ante la imposibilidad para el gobierno de arriesgar su ya precaria legitimidad en la implementación de soluciones estructurales que permitan recuperar los balances macroeconómicos mientras los precios del petróleo entran en una tendencia a la baja, como efecto de la reducción del consumo combinado con un aumento de la producción mundial, empujándonos hacia una zona de déficit financiero que comienza a ser alarmante por nuestra especial dependencia hacia las importaciones.

A ello se suma el hecho de que todas las mediciones apuntan hacia un desgaste acelerado de la legitimidad que Maduro necesitaría para tomar decisiones en lo económico, tendencia que pareciera no tener retroceso y nos lleva hacia un escenario  irremediable de deterioro de la gobernabilidad que el actual gobierno solo podría superar mediante un gran acuerdo nacional o arriesgándose al uso progresivo y políticamente costoso de la represión.

La construcción de un acuerdo nacional mediante lo que se ha llamado el diálogo sigue siendo un tema que divide no solo a la oposición sino también al gobierno, en donde desde sus sectores más radicales, entre los que destaca nada menos que el  Presidente de la Asamblea Nacional, se niega enfáticamente toda posibilidad de acuerdo con la oposición.

La realidad del asunto es que en medio de la muy precaria situación que hoy vive el país, si hay alguien que necesita del diálogo desesperadamente es el mismo gobierno. En una crisis como la que Venezuela hoy vive, la implementación de ajustes económicos que hagan posible la recuperación de los equilibrios macroeconómicos y financieros es un asunto impostergable. Pero la implementación de estas medidas implica siempre un costo político que solo puede asumirse si quien gobierna cuenta con niveles muy elevados de aprobación, o si puede construirse un acuerdo en el que los sectores más significativos del liderazgo político, incluida la oposición, respalden la decisión y contribuyan a mantener la gobernabilidad del país. Emprender ajustes sin que medie un acuerdo que apuntale la gobernabilidad del país implicaría hacerlo por la fuerza.

Es en esta lógica que se entiende por qué algunos sectores de la oposición se niegan al diálogo, como mecanismo que contribuiría a sostener al gobierno, mientras que desde el ejecutivo nacional se tratan de generar las condiciones para devolver a la oposición a la mesa de negociación, tal como fue el cumplimiento del compromiso de la liberación de Simonovis. En esta lógica cabe entonces la suspicacia sobre la intencionalidad de quienes desde el mismo gobierno sabotean el diálogo, pareciendo apostar a un escenario de ingobernabilidad cuyos costos políticos serian asumidos principalmente por Maduro.

Ante la pregunta sobre si la oposición tiene algo que ganar con un nuevo diálogo,  y la innegable similitud entre ambos casos, proponemos revisar las lecciones aprendidas de los resultados del Acuerdo Político Global de Zimbabue entre el gobierno de Mugabe y la oposición democrática

La crisis política de Mugabe del 2002

En Marzo del año 2000, después de 15 años de iniciado el mandato indiscutible de Mugabe, una coalición de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos triunfan al oponerse en un referéndum en el que el 60% voto por el NO a una nueva Constitución propuesta por el gobierno. Este primer triunfo de la alianza por el NO, abrió camino a la formación de un partido unitario de oposición, el Movimiento por el Cambio Democrático, cuyo objetivo inmediato sería el de aprovechar este triunfo inédito para competir en la elección legislativa de Junio de ese mismo año.

En respuesta a la amenaza que contra el partido de Mugabe representaba el cambio de expectativas generado por el reciente triunfo de la oposición, el gobierno, a través de los activistas de su partido y los veteranos de la guerra de liberación, inicia una ola represiva en donde se ataca a financistas, líderes, activistas y partidarios identificados con el nuevo partido de oposición, lo que generó nada menos que 10.000 activistas refugiados y unas 200.000 familias de trabajadores del campo desplazados internamente. Pese a la brutal ola de violencia desarrollada en el corto período entre el referéndum de Marzo y las elecciones de Junio, el Movimiento por el Cambio Democrático logró ganar el 48% de los diputados a la Asamblea Nacional.

En un ambiente desde entonces de represión, persecución política y polarización crecientes, Zimbabue llega a la elección presidencial y legislativa del año 2008 en la que Mugabe pierde la mayoría del parlamento y es derrotado por el candidato opositor Tsvangirai que obtuvo el 48% contra el 43% del gobierno, lo que los obligaba a ir una segunda vuelta al no obtener ninguno más del 50% como resultado de una división de la oposición que dio a un tercer candidato el 8% de la votación. La respuesta de Mugabe ante la expectativa de perder no solo la Asamblea sino también la presidencia, fue el recrudecimiento de una campaña de represión y persecución contra la oposición que obligó al candidato opositor a retirarse de la carrera electoral a cambio de proteger la vida de sus partidarios, lo que permitió a Mugabe correr solo y obtener el 85% de los votos.

Esta situación originó la intervención de la comunidad internacional, bajo el liderazgo hasta entonces tolerante de la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur y la Unión Africana, quienes desconocieron el resultado electoral obligando a Mugabe a negociar un acuerdo con la oposición que tuvo como resultado la instalación de una  mesa de diálogo mediada por el Presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, que concluyó con la firma del Acuerdo Político Global el 15 de Septiembre de 2008, y que implicaba la formación de un gobierno de coalición con la participación de la oposición, para lo cual Tsvangirai es juramentado como Primer Ministro en Febrero de 2009, en medio de los cuestionamientos de una parte importante de la oposición que no creía en acuerdos y se sentía traicionada por la cooperación de sus líderes con el gobierno, sobre todo después de la brutal ola de represión a la que habían sido sometidos.

La estabilización del gobierno de Mugabe

En medio del momento de mayor debilidad para el gobierno de Mugabe, el nombramiento de Tsvangirai en un puesto tan relevante como el de Primer Ministro fue visto por sus partidarios más cercanos como un importante triunfo que los elevaría al ejercicio de un gobierno compartido. Las figuras relevantes de la oposición pasaron a ocupar cargos en el gobierno, mientras la estrategia política y el activismo que los había llevado hasta allí pasaron a un segundo plano, en el cual se abandonaron las marchas, las protestas y la confrontación con el gobierno.

Es así como la oposición, convertida en co-gobierno, perdió su capacidad para hacer oposición, mientras se esforzaba inútilmente en demostrar su capacidad para gobernar, sin tener control real sobre la burocracia gubernamental, al tiempo que absorbía los costos políticos (hasta entonces responsabilidad exclusiva de Mugabe) de lidiar con una difícil crisis económica que se había traducido en los índices de inflación más altos del mundo, 100.000% en el 2008, y en el último puesto en el Índice Mundial de Desarrollo Humano.

No paso mucho tiempo antes de que resultara obvio que la oposición no tenía control real sobre la burocracia gubernamental. Fue así como mientras Mugabe continuaba poniendo y quitando ministros a su antojo y sin consulta con Tsvangirai, muchos de los compromisos nunca se cumplieron pese a la posición de poder que significaba el cargo de Primer Ministro y el tener la mayoría del parlamento, incluidos aquellos relacionados con la re-institucionalización democrática del país, los cambios en el sistema económico, y hasta los relacionados con una comisión de la verdad que, junto a los tribunales, seria la responsable de la investigación y apertura de casos por violación de derechos humanos, y que eran parte del Acuerdo Político Global.

Es así como, cuatro años después de la implementación del Acuerdo Político Global, el 31 de Julio de 2013, Robert Mugabe y su partido se declaran ganadores absolutos de las elecciones presidenciales, locales y parlamentarias que se celebran de manera conjunta,  sobre la oposición liderada por Tsvangirai, que pasó de un triunfo en el 2008 a ser derrotada por más de un millón de votos en la presidencial, mientras pierde en las locales la casi totalidad de las circunscripciones que dominaba sin problema desde el 2000, al tiempo que en las legislativas el partido de Mugabe también se impone pasando de tener el 45% de los diputados a dominar el 70% de la Asamblea. Como corolario de esta derrota, Mugabe da por concluido el Acuerdo Político Global, expulsa del gobierno a todos los partidarios de la oposición y acusa a Tsvangirai de incompetente.

Si bien es cierto que esta derrota aplastante ha sido denunciada por muchos expertos como el resultado de un  sistema electoral manipulado y controlado por el gobierno, una parte no menos significativa de lo sucedido puede explicarse en los errores de una cooperación gobierno-oposición mal entendida que terminó en el debilitamiento de la alternativa democrática que finalmente absorbió los costos políticos del manejo de la crisis económica de Zimbabue y el fracaso en la implementación del Acuerdo Político Global, que nada produjo en términos de re-institucionalización ni construcción de condiciones para una posterior transición democrática.

Y aunque el fracaso del Acuerdo Político Global es atribuido a problemas de implementación derivados de la imprecisión de sus términos que no establecía una clara división entre los poderes del Presidente Mugabe y del Primer Ministro Tsvangirai, está claro para muchos que el acuerdo nunca fue aceptado para permitir el cambio político de Zimbabue, sino que fue una estrategia inteligente de Mugabe para lidiar con un momento de debilidad política y crisis económica, neutralizar a la oposición y endurecer el control hegemónico de quien, pese a tener más 30 años en el poder, se hace llamar el Libertador de Zimbabue.