Jesús Armas / 14 de mayo de 2015

Activos y cuentas congeladas, sanciones internacionales, lavado de dinero, cuentas en Andorra y personas de muy alto perfil público vinculados a estas situaciones, todo esto ha impactado la opinión pública con mucha fuerza en los últimos meses y aun más cuando Venezuela atraviesa una crisis económica sin comparación alguna en su historia republicana. Millones de dólares de la riqueza de Venezuela giran por el mundo mientras los ciudadanos de nuestro país deben hacer horas de cola por un producto básico.

Todo lo anterior hace que la lucha contra la corrupción vuelva a ser un punto fundamental en la agenda pública nacional. Pero hablar de este tema en estas latitudes pareciera estar asociado con algo a lo que estamos condenados, que solo llena de frustración a los venezolanos pensando que no hay una salida real o que por el contrario para superarlo se requiere de un hombre fuerte que ponga fin a este flagelo. Pareciera que un gran grupo de ciudadanos siente que es imposible detener la malversación de los recursos públicos y constantemente escuchamos frases como, «que roben pero que trabajen» o «la corrupción siempre ha existido» y, casi peor que los anteriores, «acá lo que hace falta es mano dura», justificando o aceptando este mal de nuestra sociedad, incluso invocando la labor mesiánica militarista que tantos males ha traído a América Latina.

Sin embargo, hay soluciones reales a este problema. La primera y más importante está asociada con la exigencia ciudadana de pedir real acceso a la información de los entes gubernamentales, que permita conocer en que se gastan los recursos del estado. Si la ciudadanía es capaz de organizarse y pedir de manera efectiva una rendición de cuentas de sus representantes, estos se verán obligados a hacerlo.

Por otro lado, es necesario generar un marco legal simple y explicito que obligue a los funcionarios a tener una gestión transparente utilizando los medios digitales para permitir el acceso de cualquier ciudadano a la información correspondiente. Esto se ha llevado a cabo en distintos municipios del país en los cuales los respectivos Concejos Municipales han seguido las recomendaciones de la organización Transparencia Internacional y han aprobado Ordenanzas para el acceso a la información. Actualmente luchamos para que en el Municipio Libertador podamos alcanzar esta meta.

Pero la verdad, lo más importante para que exista transparencia en una nación, es la división del poder. Si el poder se concentra en una sola persona o en un grupo de personas (oligarquía), es seguro que manejarán las finanzas públicas según sus intereses personales y no bajo la anuencia de la ley y los electores. Es por ello que debemos luchar para fortalecer las instituciones, para generar los contrapesos necesarios para que tanto la ciudadanía, los medios de comunicación, el parlamento y el poder judicial sean garantes de que se cumpla nuestra Constitución.