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Editorial Nº 80: ¡Justicia!

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¡Justicia!

Daniel Fermín Álvarez – 4 de septiembre de 2015

La crisis venezolana de las últimas décadas tiene que ver, indudablemente, con el derrumbe de la institucionalidad democrática. Esto es especialmente cierto para los últimos tres lustros. Las consecuencias las sufre, por supuesto, la población. Es la única víctima de una institucionalidad que, por maltrecha, se ha tornado guarida de la corrupción, del partidismo y el personalismo, e incluso de la violencia. El sistema de justicia forma gran parte de esa avalancha que se precipita por la vertiente de nuestra vida social. De la mano de la impunidad, del retardo procesal, de la provisionalidad de los jueces, de la subordinación al Ejecutivo y de muchísimos factores análogos, la justicia en Venezuela ha quedado de adorno. Es una palabra bonita, un anhelo, cuando mucho. Hoy sabemos, los venezolanos de las procedencias y actividades más disímiles, que aquí no hay justicia.

Al momento de escribir estas líneas, aún no se conoce la sentencia del tribunal en los casos de Marco Coello, Christian Holdack, Demian Martín, Ángel González y el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Su juicio es uno de tantos con los que el régimen en el poder se ha prestado a judicializar la política. Los casos abiertos a Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Pablo Pérez, María Corina Machado, Manuel Rosales, y tantos más, son muestra de la decisión de sacar del juego, con cárcel, inhabilitaciones, y otras artimañas, a quienes representen la más mínima amenaza para el proyecto hegemónico oficial.

Que no haya justicia es extremadamente peligroso para la sociedad. Las manifestaciones no tardan en hacerse sentir. Cuando se acepta por cierta la idea de que no existe administración de justicia imparcial y autónoma, la gente deja de denunciar, llena de temor. Este temor se afianza y confirma con la participación activa de efectivos policiales y militares en actos delincuenciales. Informes de la Comisión Presidencial del Sistema Policial y Órganos de Seguridad calculaba, este año, que policías están involucrados en 50% de los casos de delincuencia organizada. Cuando se borra la línea entre los “buenos” y “malos”, cuando policía y malandro, militar y contrabandista, se tornan sinónimos, cuando la justicia se utiliza para ocultar datos de la inflación (decimos datos, pues la inflación como fenómeno objetivo es inocultable), para perseguir políticos, penalizar a medios de comunicación, ¿Qué le queda a la gente? Para muchas personas, la respuesta es tomar la justicia en sus propias manos. Tan sólo en Caracas se han registrado treinta linchamientos en lo que va de año. ¡Gravísimo! Repetimos, que en Venezuela no haya justicia es algo peligrosísimo para todos, incluido el gobierno, pero sobre todo para la gente común y corriente que, sin instancias para dirimir sus controversias, es lanzada al precipicio del “sálvese quien pueda”, con más saldos trágicos de los que una sociedad sana puede tolerar…

En esta edición presentamos el Reporte Especial Nº 17 del Proyecto Integridad Electoral Venezuela. Este boletín aborda el tema del Registro Electoral. recomendamos su lectura y difusión dada su pertinencia y relevancia en estos meses preelectorales.

En La Baranda Electoral, Eugenio Martínez detalla cómo una decisión del TSJ facilitó una estrategia para potencialmente confundir a los electores de la oposición. La nota de coyuntura da cuenta de la intervención del Movimiento de Integridad Nacional por parte del Tribunal Supremo, y analiza la ubicación que, al lado de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, escogió este partido, cuyo diseño muestra la palabra “UNIDAD” en gran tamaño, en el tarjetón que se utilizará el próximo 6 de diciembre.

Nuestra sección Opinión y Análisis abre con Testigo de Época, la columna del profesor Luis Salamanca. Con el artículo “¿La ventaja está a prueba de manipulaciones?”, Salamanca examina la ventaja de alrededor de 20% que tiene, según algunas encuestadoras, la oposición sobre el gobierno de cara a las próximas elecciones parlamentarias, y las distintas ofensivas que, desde el gobierno, estarían desarrollándose para contrarrestarla.

Carlos Romero, en su Debate Ciudadano, vuelve sobre el tema fronterizo con “La frontera abandonada”. El artículo inicia con una frase lapidaria, que recuerda viejas deudas legislativas: “Llegó primero la declaración de Estado de Excepción antes que la Ley Orgánica de Frontera”. El autor describe la difícil situación fronteriza en las últimas décadas y señala las omisiones de un gobierno que, ahora, plantea soluciones militares para viejos problemas que fue incapaz de resolver oportuna y adecuadamente.

En nuestro Espacio Plural, Johan Rodríguez Perozo escribe “¡Es la democracia, estúpidos!. El comunicador parafrasea a James Carville, en ocasión de advertir que el 6 de diciembre está en juego mucho más que unas diputaciones. Tras examinar la situación actual de la democracia venezolana, el autor ubica en su rescate la recuperación integral del país.

Una justicia fuerte, sana, independiente, autónoma y eficiente es otra de las promesas incumplidas de la llamada revolución. Como tal, reposa en la pila junto a la de reducir el número de ministerios o acabar con la pobreza y los niños de la calle, sin contar las más pintorescas, como convertir a Miraflores en una universidad o la de un chapuzón en el río Guaire. No es una apreciación subjetiva, sino que se evidencia en los índices de impunidad, en los del retardo procesal, en informes internacionales, como el del World Justice Project, que calificó a la justicia penal venezolana como la peor del planeta, o el de Human Rights Watch, que se refirió a nuestro sistema de justicia como “soldado obediente” del régimen de Maduro.

No hay manera de impulsar los cambios que requiere la Venezuela del Siglo XXI sin justicia. Los venezolanos sólo alcanzaremos el progreso si hay un sistema de justicia igual para todos, que responda a la gente, como referente moral e institucional, sin responder a presiones ni agendas partidistas. Al cierre de este Editorial, esperamos que el título que lleva esta Edición Nº 80, “¡Justicia!” sirva para celebrar un acto apegado a derecho, justo, como sería la libertad plena de Leopoldo López, Marco Coello, Christian Holdack, Demian Martín, y Ángel González, que a su vez sirva de efecto dominó para la libertad de los presos políticos, el cese de la persecución política y la judicialización de la actividad política por parte del régimen. De no ser así, que ese “¡Justicia!” sirva como grito de hondo reclamo ciudadano por un bien preciado que, como tantos otros, escasea hoy en nuestro país y cuya consecución será clave para el porvenir.

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