Carta del Director

El destape autoritario institucional

Carta-del-director

PDF compartir

Caracas, 08 de Abril de 2016

Es normal, en procesos como los que vivimos en Venezuela, los avances y retrocesos característicos de una lucha de poderes entre fuerzas emergentes (la oposición) y el status quo (el gobierno), donde quienes están en el poder, sobre todo si su vocación no es democrática, traten de mantenerlo a cualquier costo, mientras quienes se le oponen harán lo posible por lograr materializar un cambio político.

Pero al decir que es normal, no quiero decir que sea la situación ideal o deseable, y mucho menos que no deba preocuparnos. No solo nos preocupa, y mucho, sino que ocupa buena parte de la dedicación de las personas que laboramos en el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, en el esfuerzo por comprender procesos que siempre son mucho más difíciles de descifrar cuando están en pleno desarrollo que cuando se ven años después desde una perspectiva histórica. Pero de la comprensión de los procesos cuando están en pleno desarrollo, con las limitaciones que ello impone, dependerá lo acertado o no de las respuestas que se den, los desenlaces y sus consecuencias finales.

Durante esta semana hemos presenciado con gran preocupación lo que denominamos, en el título de esta entrega, como el destape autoritario institucional. Este destape ha significado que varios de los organismos que conforman el andamiaje institucional, previsto en la Constitución, y que al menos durante el tiempo que el gobierno tuvo apoyo popular durante los años de Chávez, cuidaron, al menos en las apariencias, sus actuaciones para que no dar evidencia de que en Venezuela no había democracia.
En sentido contrario, pareciera que tras el cambio en el balance político que colocó a la Asamblea Nacional en manos de la oposición el pasado 6 de diciembre, y la posibilidad de que ésta aproveche el momento que le es favorable para materializar una transición política, instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, y hasta la Fuerza Armada, estén ahora más preocupadas por evitar que tal cambio se produzca que por mantener las formalidades de una democracia. Es así como el Tribunal Supremo de Justicia se presta para ratificar en Gaceta la “inconstitucionalidad” de la reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela, decisión ésta cuyo fundamento sería cuestionado por un estudiante de Derecho de primer año. En este mismo sentido, el Consejo Nacional Electoral, en comunicado enviado por su presidenta, pretende confiscar a la Asamblea Nacional su competencia legislativa en materia electoral argumentando que la iniciativa legislativa le es conferida de manera excluyente y exclusiva al ente electoral por el artículo 204 de la Constitución vigente, obviando descaradamente el resto del contenido del mismo artículo, así como las competencias de la Asamblea enumeradas en articulo 187, lo que lejos de constituirse en un problema de argumentación jurídica, constituye una subestimación grosera a la inteligencia de los ciudadanos venezolanos.

A esto se suma un hecho no menos grave, el pronunciamiento del Ministro de la Defensa en relación al Proyecto de Ley Orgánica de Amnistía y Reconciliación, lo cual coloca, no al ciudadano Vladimir Padrino López, sino a la institución armada que este representa como su máxima autoridad, en una posición de beligerancia política, alejándola de la neutralidad institucional que corresponde a la institución militar de toda democracia. Solo en las dictaduras y durante golpes de estado la Fuerza Armada deja de estar sometida al poder civil y lo enfrenta tomando posiciones políticamente beligerantes.

Es así como los hechos de esta semana, que parece serán una constante durante este proceso que se debate entre una transición democrática o autocrática, confirma lo que decíamos la semana pasada al afirmar que mientras el oficialismo tenga otras alternativas para retener el poder, tales como el control del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Fuerza Armada, no tendrá razones para negociar ni permitir la cooperación de institución alguna bajo su control para activar algún mecanismo constitucional que ponga en riesgo su propia permanencia en el poder.
Partiendo del axioma de que la negociación solo es posible cuando puede conseguirse a través de ella algo superior a lo que es posible sin cooperación, la pregunta es cómo cambiar las expectativas de quienes hoy están convencidos de que la máxima ganancia está en el poder que ya se tiene, y por lo tanto no hay nada que negociar.

Benigno Alarcón Deza

Director

Centro de Estudios Políticos

Universidad Católica Andrés Bello

2 replies »

  1. Mi estimado profesor Benigno, soy asiduo lector de sus artículos. La forma clara, precisa y objetiva con la que aborda la realidad política venezolana es inspiradora de debates entre mi circulo social, felicidades y gracias por sus maravillosos aportes. Desde la ultrajada ciudad de San Antonio del Táchira, frontera con Colombia, se le envía un caluroso saludo de respeto y admiración

    Me gusta

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s