Caracas, 23 de septiembre de 2016

El pasado miércoles en la noche el CNE hizo el esperado anuncio de las condiciones del referéndum revocatorio que, si bien indignó a todos no pudo haber sorprendido a nadie, demostrando una vez más lo que tantas veces muchos hemos venido diciendo desde éste y otros espacios: los caminos institucionales a un cambio político están cerrados.

¿Y ahora qué? Ahora, como decíamos la semana pasada, la respuesta está en nuestras manos, no en las del CNE ni en las del Tribunal Supremo de Justicia, ni en las de ninguna otra institución. Dependerá de nosotros que el país retome la senda democrática o se continué hundiendo como un estado fallido, sin presente ni futuro.

El CNE dijo el pasado miércoles en la noche “NO” al referéndum revocatorio de la única manera en que era previsible lo haría, imponiendo condiciones que obstaculizan su convocatoria, y aunque para el momento de escribir este artículo la distribución de centros no ha sido aún anunciada, a nadie debe sorprender que lo que se impondrá replicará, e incluso agravará, las condiciones impuestas por el ente electoral para la recolección del uno por ciento. La convocatoria al referéndum revocatorio bajo estas condiciones, además de ser políticamente injustificable, partiendo del precedente de un referéndum al que se sometió Chávez en el 2004, en donde condiciones como la recolección del uno o del 20 por ciento en cada circunscripción jamás se dieron, burla el derecho a la participación política establecido en la Constitución vigente, al imponer decisiones que equivalen a negar de facto los recursos y medios para que todo elector pueda  expresar libremente su decisión, manipulando las condiciones de participación para hacer matemáticamente improbable que los resultados reflejen la voluntad de la mayoría de los venezolanos. Pero aún en el caso de que el milagro de la recolección del 20% se produjese, ya el CNE nos anunció que, de darse el referéndum revocatorio, nunca se celebraría antes del primer trimestre de 2017, o sea que continuaríamos con el mismo gobierno, con o sin Maduro, hasta 2019.

Perder la batalla del referéndum revocatorio tendría unos costos inmensos no solo para la MUD, y en especial para líderes que, como Henry Ramos Allup y Henrique Capriles prometieron una salida este año, sino para todo el país, que vería irremediablemente frustradas sus esperanzas de aproximarse a una solución política que permita la elección de un nuevo gobierno con los niveles de legitimidad necesarios para afrontar la grave crisis que hoy hunde al país.

Apostar a lo que algunos han llamado el soft landing (aterrizaje suave), que consistiría en una salida progresiva en donde la oposición, tras ganar las elecciones de gobernadores y luego de alcaldes, obtendría finalmente y de manera inevitable la presidencia, es una apuesta ingenua ante una situación de obvia autocratización en la que el gobierno avanza progresivamente hacia lo que se conoce como un autoritarismo hegemónico, que se caracterizan por ser regímenes de partido único, o en donde otros partidos, si los hubiese, son meramente decorativos, y en los que no existe certeza sobre las reglas electorales aunque sí sobre sus resultados, que irremediablemente siempre favorecerán al gobierno porque son fraudulentos o estrictamente controlados desde el aparato estatal.

La mejor prueba de que hoy avanzamos en este proceso de autocratización es la respuesta del CNE manipulando de manera fraudulenta el derecho constitucional a participar y a revocar el mandato de un funcionario electo, así como la negativa a celebrar unas elecciones regionales que, al igual que el referéndum, el gobierno perdería, pese a que el mandato de los gobernadores elegidos termina este año. Bajo estas condiciones un soft landing no tiene garantía alguna y solo se estarían agotando los recursos más valiosos con que cuenta hoy la oposición: su legitimidad y el tiempo para hacer algo con ella.

La democracia nace como un mecanismo de resolución de los conflictos políticos, porque las sociedades civilizadas comprendieron que era menos costoso escuchar y contar a las mayorías que continuar enfrentándolas en guerras que terminaban destruyendo a sociedades y civilizaciones enteras.  Pero como la eliminación del mecanismo de solución de un conflicto no implica la desaparición del conflicto en sí mismo, sería ingenuo para el gobierno pensar que “muerto el perro se acaba la rabia”, y matando el referéndum se acaba el conflicto. Por el contrario, el conflicto sigue presente y continuará escalando, y el único referéndum posible es el que la gente y el liderazgo político sean capaces de llevar a cabo hoy en las calles del país y al margen de la cooperación de unas instituciones que no son neutrales, ni independientes, ni responden al mandato constitucional ni de la gente, actuando como la mayoría que somos para demostrar que la legitimidad no es un simple acto de tolerancia a un gobierno, sino un acto de sumisión voluntaria que solo es posible cuando nos sentimos representados, y cuando un pueblo decide cambiar no hay forma de someterlo por la fuerza.

Estamos ante una de las horas más oscuras de la patria, y en tiempos como estos se impone la necesidad impostergable de ser adultos y aceptar la realidad, tal como es. Estamos en una lucha por la libertad, por la democracia, por el derecho de escoger nuestro futuro y por el futuro de nuestros hijos y el de las próximas generaciones. No asumir esta lucha como debe ser tendrá el costo de que mañana seremos juzgados por nuestra cobardía al haber entregado un país que no era nuestro, sino de nuestra generación y de las generaciones por venir, y con las que teníamos la responsabilidad de hacer nuestro mejor esfuerzo por dejarles un país mejor que el que recibimos. No se trata simplemente de cambiar a un gobierno sino de cambiar como pueblo.

Benigno Alarcón Deza

Director

Centro de Estudios Políticos

Universidad Católica Andrés Bello