Opinión y análisis

La obligación de rescatar el orden constitucional

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Carlos Romero Mendoza –  13 de enero de 2017

El diputado Fredy Guevara[1] propuso una Consulta Popular para legitimar el Acuerdo sobre el abandono del cargo de Nicolás Maduro; luego el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, privado ilegalmente de libertad por un tweet, proponía Asambleas de Ciudadanos para respaldar a la Asamblea Nacional en su Acuerdo[2].

nicolas-maduro-2Por su parte, la Unidad[3], en una Declaración, dice que respaldará clara y firmemente, en el Parlamento y en calle, las decisiones y acciones que asuma la Asamblea Nacional frente a la sentencia que el TSJ dictó el 11 de enero intentando dejar sin efecto el Acuerdo de abandono del cargo de Nicolás Maduro.

El 25 de octubre del año 2016, la Asamblea Nacional, en el Acuerdo para iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad policía del Presidente de la República ante la grave ruptura del orden constitucional y democrática y la devastación de las bases económicas y sociales de la Nación, se declaró en “sesión permanente de consulta popular, por medio de la plenaria de la Asamblea Nacional y de sus Comisiones Permanentes, en la sede del Parlamento y en las comunidades, para determinar junto al pueblo, en asambleas de ciudadanos, movilizaciones y diversas formas de deliberación y manifestación pública, las decisiones posteriores que deban adoptarse ante la ruptura constitucional impulsada por el Presidente de la República.

Es oportuno recordar ese segundo punto del Acuerdo de octubre porque allí está expresado un compromiso político de utilizar mecanismos constitucionales, pacíficos y propios de una sociedad que es en espíritu democrática, para impulsar acciones concretas que relegitimen el Acuerdo de Responsabilidad Política del Presidente de la República, aprobado el 13 de diciembre de 2016 y el Acuerdo de Abandono de funciones de Nicolás Maduro aprobado el 9 de enero de 2016.

En 6 pasos la Asamblea Nacional cumplió con el artículo 333 de la Constitución, mediante el cual les obliga a colaborar con el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, ello primero en su condición de ciudadanos y luego porque al ser electos popularmente están obligados a cumplir con la Constitución y no pueden, en nombre de la soberanía popular cuya representación detentan, continuar avalando el abuso de poder que intenta desconocer el modelo de Estado y los derechos ciudadanos que están previstos la Constitución de 1999.

El 10 de mayo de 2016 la Asamblea Nacional denunció, en un Acuerdo aprobado, la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela, materializado en la violación de la Constitución por parte del Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.  Ese Acuerdo expresaba en su contenido lo que muchos venezolanos habían venido denunciando y lo que de manera constante se venía advirtiendo en Asambleas, reuniones y marchas.

Ese Acuerdo de mayo de 2016 inicia su contenido recordando que la ética y la responsabilidad en el ejercicio del Poder Público es una exigencia de la democracia; la separación de poderes un principio fundamental para el funcionamiento del Estado y que las reglas del buen gobierno democrático impone al Ejecutivo y a los demás Poderes Públicos la obligación de respetar las decisiones de la Asamblea Nacional en el ámbito de sus competencias.

En ese Acuerdo están contenidas las 5 propuestas que la Asamblea le hizo al Gobierno para superar los obstáculos que impedían cualquier posible diálogo, que por supuesto no fueron atendidas.  Entre esas propuestas estaba la liberación de los presos políticos, la construcción de una agenda en común y la aceptación de la ayuda humanitaria, entre otras.

Un nuevo Acuerdo que es aprobado el 13 de octubre y titulado rescate de la democracia y la Constitución, permite a la Asamblea de manera categórica y contundente anunciar que institucionalmente desconoce la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que sean contrarias a los valores, principios y garantías democráticas y que lesionen los derechos fundamentales.

En ese Acuerdo de octubre se hace el recordatorio que no hay democracia sin la vigencia de un texto constitucional, sin el respeto de los derechos humanos y sin el voto.  Y allí se reconoce la necesidad de incluir a los ciudadanos en el rescate de la democracia y la Constitución, a través de un movimiento cívico nacional.

CAR06. CARACAS (VENEZUELA), 13/04/2013. Vista del Consejo Nacional Electoral, el ente encargado de desarrollar el proceso electoral presidencial, hoy, sábado 13 abril de 2013, en Caracas (Venezuela). Venezuela celebra mañana 14 de abril elecciones presidenciales para determinar quién será el jefe de Estado que finalice en 2019 el mandato iniciado por el fallecido Hugo Chávez. EFE/William Viera

Allí se denuncia a un CNE y Poder Ciudadano como actores serviles a los intereses del Ejecutivo y al TSJ por haber traicionado su razón de ser, así mismo, de manera muy clara advierte que la Supremacía Constitucional, no cede ante una interpretación del máximo tribunal y menos ante el autoritarismo del Poder Ejecutivo.

El 23 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela, mediante el cual declaró formalmente la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado continuado cometido por Nicolás Maduro en contra de la Constitución y del Pueblo.

Dos días después, el 25 de octubre, nuevamente la Asamblea Nacional asumiendo su función de control político sobre el gobierno, aprobó el Acuerdo para iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del Presidente de la República ante la grave ruptura del orden constitucional y democrático, y la devastación de las bases económicas y sociales de la Nación. En ese Acuerdo la Asamblea Nacional anunció el inicio del debate político para valorar la responsabilidad política del Presidente y se declaró en sesión permanente, incluso para poder sesionar en las comunidades con la gente, reiterando así, como expresamente lo señaló, su compromiso con el artículo 333 de la Constitución.

Así llegó el 13 de diciembre de 2016, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Declaración de Responsabilidad Política del Presidente de la República por grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de los DDHHH y la devastación de las bases económicas y sociales de la Nación.   En esa Declaración política se advierte que el siguiente paso es acudir, según el caso, al Poder Ciudadano o bien al Ministerio Público para que cumplan con su obligación de concretar la responsabilidad del Presidente Nicolás Maduro, como ya previamente lo había señalado en el Acuerdo del 25 de octubre.

Por último, el 9 de enero 2017, la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo sobre el abandono de las funciones constitucionales de la Presidencia de la República en que ha incurrido el Presidente; que se fundamenta en el no cumplimiento fiel de las obligaciones que la Constitución establece para el Presidente de la República y cuyo contenido juró cumplir.

asamblea-nacional-3El Acuerdo destaca que la actuación del Presidente ha supuesto una violación generalizada de los derechos humanos, incluyendo una grave vulneración de los derechos políticos y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática necesaria para garantizar tales derechos, así como también ha significado una continua amenaza contra la integridad de la República y su territorio.

El Estado de Excepción, el desconocimiento de la Asamblea Nacional, la existencia de presos políticos, la imposibilidad de garantizar la seguridad ciudadana y la libertad de expresión, el uso de la Sala Constitucional para imponer una posición política, la supresión de la separación de poderes, son elementos que ponen en evidencia el abandono de las funciones constitucionales y que las mismas ha generado como consecuencia una grave crisis fiscal y económica.

El 333 de la Constitución establece la obligación de colaborar con la restitución de la vigencia de la Constitución. La Asamblea, con estos Acuerdos, ha fijado posición institucional y ha actuado en consecuencia.  ¿Los ciudadanos tenemos algo que hacer frente a estos Acuerdos y en respaldo o acompañamiento a la Asamblea Nacional?

[1]Noticiero Venevisión. Freddy Guevara propone convocar consulta pública la decisión de la AN sobre el abandono del cargo. 10 de enero 2017. Online en:  http://www.noticierovenevision.net/politica/2017/enero/10/181455=guevara-propone-convocar-a-consulta-publica-la-decision-de-la-an-sobre-el-abandono-de-cargo-de-maduro

[2]EL Nacional. Ledezma: pueblo debe refrendar en la calle el abandono del cargo de Maduro. 11 de enero de 2017. Online en: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/ledezma-pueblo-debe-refrendar-calle-abandono-cargo-maduro_74825

[3] Unidad. El país respalda Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos. 11 de enero de 2017. Online en: http://www.unidadvenezuela.org/2017/01/pais-respalda-la-asamblea-nacional-electa-14-millones-venezolanos/

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