Carlos Romero Mendoza –  20 de enero de 2017

Un 23 de enero de 1961 el Presidente Rómulo Betancourt firmó el “ejecútese” de una nueva Constitución aprobada por el entonces Congreso de la República.  En ese acto, Betancourt expresó que aspiraba que aquél texto Constitucional no se convirtiera en uno más de los tantos textos constitucionales que ha tenido nuestra historia.

Aquella Constitución de 1961 se convertía en la número 26 y destaca por ser la que ha logrado permanecer vigente por más largo tiempo; resulta oportuno hacer un recuento rápido de las fechas de los distintos textos constitucionales que registra la historia:  1811, 1819, 1821, 1830, 1857, 1858, 1864, 1879, 1881, 1891, 1893, 1901, 1904, 1909, 1914, 1922, 1925, 1928, 1929, 1931, 1936, 1947, 1953 y 1961.

De esa extensa lista, las Constituciones de 1811, 1830, 1858, 1863, 1893, 1901, 1904, 1947, 1952 y 1999 fueron aprobadas en el marco de una Asamblea Constituyente o Congresos Constituyentes, como lo destacan algunos autores, entre ellos el Dr. Allan Brewer Carías en varias de sus obras.

Vale recordar que la Constitución de 1961 fue producto de dos años de trabajo y unas 198 reuniones realizadas en el seno de un Congreso de la República electo popularmente en el año 1959; la Constitución más larga de nuestra historia nació bajo el procedimiento formal de reforma previsto en la Constitución de 1953 y su contenido fue ratificado por cada una de las Asambleas Legislativas estadales.

Si bien es cierto, luego de la caída de Marcos Pérez Jiménez, hubo voces en su momento que propusieron una nueva constituyente y otras como la de Jóvito Villalba, que propuso restituir la vigencia de la Constitución de 1947, la aprobación de una nueva Constitución fue el compromiso político que asumieron los diputados y senadores electos en el año 1959.

Para la Comisión Redactora del proyecto de Constitución aprobada en el año 1961, aquél texto Constitucional no debía ser provisorio;  se inspiraría en el contenido de la Constitución de 1947 y su reforma era urgente, pues ya resultaba en aquel 1959 un problema el mantener vigente la Constitución perezjimenista.

Para el entonces Presidente Rómulo Betancourt “del respeto, filiable en lo religioso, con que gobernantes y gobernados actuemos y cumplamos con la Constitución dependerá la suerte de la República”, en ese acto del 23 de enero de 1961, también juró solemnemente cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma suprema e invitó a los ciudadanos, para que independiente de la afiliación política, ajustarán su conducta pública dentro del normas de respeto a esa Ley de Leyes, refiriéndose a la Constitución de 1961.

Aquella Ley de Leyes intentó adecuarse al inicio de los años 90 a las exigencias del país en la búsqueda de fortalecer la democracia y la institucionalidad política, pero no consiguió un Congreso de la República con el mismo nivel de compromiso que tuvieron los diputados y senadores electos en 1959; en consecuencia, aquella expectativa no satisfecha de reforma constitucional fue capitalizada tiempo más adelante por Hugo Chávez.

Desde la Presidencia de la República y con el aval de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Constituyente resultó ser la solución política más efectiva, aun cuando la Constitución de 1961 no la reconocía como una figura válida para una reforma constitucional. El deseo de cambio político efectivo y por una vía relativamente rápida, legitimó a la Asamblea Nacional Constituyente y con ello la sociedad civil desconoció la Constitución de 1961, ignorando el llamado a restituir la vigencia del texto constitucional si el mismo era reformado por vías distintas a las previstas en el propio texto.

La Constitución vigente, aprobada en el año 1999 y reeditada en el 2000, terminó siendo una más de los 26 textos constitucionales que ha tenido nuestra historia, pues su vigencia quedó en duda a partir de las leyes que, en diciembre de 2010, impusieron el modelo del Estado Comunal, desconociendo el resultado del referendo sobre la reforma constitucional del año 2007 que, precisamente, rechazó ese modelo político, social y económico que hoy se expresa a través del Plan de la Patria 2013-2019.

A 56 años de aquel “ejecútese” firmado por Betancourt, la Asamblea Nacional, en varios de sus Acuerdos políticos dictados en el año 2016, ha declarado de manera expresa y formal la ruptura del orden constitucional como consecuencia de varios elementos que evidencian el desconocimiento a la Constitución de 1999 por parte de Nicolás Maduro en su condición de Presidente de la República.

Resulta oportuno recordar aquellas palabras pronunciadas el 23 de enero de 1961 por el entonces Presidente Rómulo Betancourt,  cuando afirmó  que la suerte de la República estaba condicionada al respeto de la Constitución por parte de los gobernantes y gobernados.

Aquél “borrón y cuenta nueva” de 1999, lejos de satisfacer las expectativas creadas desde la década de los 90, ha terminado por dejarnos sin Estado, sin libertades y sin democracia. El país está cubierto por una gran oscuridad, nos dice la Conferencia Episcopal Venezolana en su Exhortación Pastoral: Jesucristo Luz y Camino para Venezuela de enero de 2017 y nos exhorta a los ciudadanos a ser luz y camino para Venezuela.

¿Cómo ser luz y camino para Venezuela? Encuentra una propuesta concreta en los Acuerdos políticos aprobados por la Asamblea Nacional en 2016 en defensa de la democracia, del voto y de la restitución del orden constitucional. Esa propuesta es presentada como la conformación Movimiento Cívico Nacional a los fines señalados en este mismo párrafo y por iniciativa de la propia Asamblea Nacional.

Conscientes del deber de colaborar en la restauración de la vigencia de la Constitución, prevista en el artículo 333 de la Constitución de 1999, reeditada en 2000,  el 18 de enero de 2017 un movimiento social de ciudadanos organizados en Red de Organizaciones de Vecinos de Baruta organizó una Asamblea de Ciudadanos, y en ella, con la presencia de una representación de la Asamblea Nacional,  les exhortó públicamente a activar ese Movimiento Cívico a lo largo y ancho del país, a través de Asambleas de Ciudadanos y de la labor política de divulgar y relegitimar sus Acuerdos de abandono de funciones y responsabilidad política del Presidente.

Desde la labor ciudadana de la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, se percibe la necesidad de mejorar los niveles de cohesión social de nuestra sociedad. Ello exige, por un lado, ciudadanos dispuestos a participar, y por el otro, una institucionalidad que sea receptora de esa voluntad cívica de ser incluidos. Para ello es urgente restituir el orden constitucional.

La Constitución de 1961 tal vez encontró en la legitimidad de aquellos diputados y senadores electos en 1959 la fuente que arropó de confianza, credibilidad y transparencia aquél proceso de reforma constitucional, que además se acompañó de lo que muchos llaman o recuerdan como “el espíritu de enero del 58”.

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Referencias Bibliográficas.

Fundación Rómulo Betancourt. Punto Fijo y otros puntos. No 1. P. 64 y siguiente.

BETANCOURT, Rómulo.  “Esta Constitución debe durar y durará. 1961”.  En: La revolución democrática en Venezuela. Rómulo Betancourt. Pp 480-483