Debate Ciudadano

Constituyente para imponer sistema totalitario

Foto: EFE

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Carlos Romero Mendoza  –  2 de junio de 2017

En el año 2014, la Conferencia Episcopal Venezolana publicó un comunicado que tituló Responsables de la paz y el destino democrático de Venezuela, en el cual advirtió  expresamente que la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar un gobierno de corte totalitario a través del llamado Plan de la Patria era la causa fundamental de la crisis venezolana.

Unos años después, en 2017, a través de la Exhortación pastoral: Jesucristo luz y camino para Venezuela, la Conferencia Episcopal Venezolana califica la crisis como extremadamente crítica, y reconoce que hay muchas situaciones que han agravado la crisis, pero reiteró que la causa fundamental sigue siendo el empeño del Gobierno por imponer el modelo totalitario que está desarrollado en el Plan de la Patria.

El 16 de mayo de 2017 la Sala Constitucional introduce un nuevo elemento que contribuye con la ruptura del orden constitucional y democrático continuado declarado por la Asamblea Nacional que agravará la crisis institucional, pues con la Sentencia 355 pretende justificar y validar el modelo de Estado Comunal.

La Sala Constitucional valida la creación de la comuna como una entidad local, a partir de la reforma parcial a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en el año 2010, buscando, en el artículo 173 de la Constitución, la potestad del legislador nacional de crear una nueva entidad local en el territorio municipal, advirtiendo que ello no debilita y menos aún atenta contra el principio de la autonomía municipal y contra la propia existencia del Municipio.

La Sala Constitucional, en la Sentencia, plantea una clasificación de entidades locales, agrupándolas de la siguiente manera:

  • Aquellas con características físicas comunes como el barrio, urbanización, aldea y caseríos.
  • Aquellas con una característica asociativa como las mancomunidades y distritos metropolitanos, que la Sala Constitucional afirma son evolución de las mancomunidades.
  • Aquellas que resultan de la asociación de grupos poblacionales para la participación, en donde ubica directamente a la comuna.

La validez de la comuna pretende ser justificada en el principio de autonomía municipal que constitucionalmente no es reconocida como absoluta, sino que por el contrario, se asume como relativa, lo que quiere decir que la libertad de gestión de los municipios está limitada a la Constitución y a las leyes tanto nacionales como estadales.

La Sentencia reconoce que los Municipios poseen una serie de competencias asignadas por la Constitución, pero advierte que estas no pueden asumirse como competencias exclusivas, por lo tanto niega a los gobiernos locales la plena libertad para la gestión en los asuntos propios de la vida local.

En ese mismo sentido, plantea que en materia de ordenación del territorio y de Planificación del Desarrollo Económico y Social de la Nación los Municipios sólo actúan en el marco del Sistema Nacional de Planificación obedeciendo y cumpliendo con el Plan aprobado desde el poder nacional. Con este argumento, la Sala reconoce que los órganos de planificación estadal y municipal se convirtieron en promotores de un modelo político, económico y social que hoy se expresa a través del Plan de la Patria.

Foto: Prensa Miraflores

La comuna, según la Sala Constitucional, además de ser reconocida como una entidad local, es también un mecanismo de participación ciudadana y de agrupamientos colectivos y vecinales sobre una base física determinada que necesariamente requieren de ese sustrato que permita su identificación e individualización.

Según la Sentencia 355, se trata de una noción distinta e independiente que no guarda relación con los límites del poder local, por lo tanto reconoce que la comuna es ajena al esquema tradicional de la división vertical del Poder Público, pero aclara la sentencia que ello no supone el desmembramiento del Municipio.

En consecuencia, la Sala Constitucional desvirtúa el concepto de unidad política primaria del Municipio y además el principio del artículo 16 que reconoce constitucionalmente al Municipio como la forma de organización del territorio nacional.

Al crear una figura autónoma al poder local, independiente de las regulaciones locales pero conformadas en el territorio municipal, lo que valida la Sentencia 355 es la existencia de una figura paralela al gobierno local que compite en la responsabilidad de atender los asuntos que son propios de la vida local a través del acceso a los fondos públicos bajo la dirección del gobierno central.

La Sala Constitucional reconoce que la Constitución de 1999 introdujo un nuevo concepto de participación, a través del cual buscó ampliarla su alcance con el objetivo de garantizar una sociedad participativa y protagónica, que efectivamente pudiera intervenir de manera más activa en la vida nacional y en los asuntos públicos.  Esa nueva concepción establece que la participación en los asuntos públicos no está circunscrita al sufragio.

Esa concepción que supuestamente privilegia la participación de los ciudadanos en la formulación de políticas y programas de acción pública en el proceso de desarrollo económico y social de la Nación busca en el artículo 70 de la Constitución la figura de las Asambleas de Ciudadanos para presentarla como la instancia primaria para el ejercicio del poder, la participación, el protagonismo popular y medio de participación de carácter deliberativo, cuyas decisiones son vinculantes para todos los órganos y entes públicos, así como para el Consejo Comunal.

La Sentencia 355 presenta a la Asamblea de Ciudadanos como la instancia a través de la cual se logra el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa, a diferencia de la democracia representativa que consagraba la Constitución de 1961. De esta manera la Sala Constitucional abre el camino para validar el modelo electoral que está previsto en las leyes del poder popular y que contradicen al principio del sufragio universal, directo y secreto.

La relación entre una autonomía municipal relativa o limitada, la conformación de la comuna como entidad local y mecanismo de participación; y en concreto, el reconocimiento a las asambleas de ciudadanos como instancias primarias del ejercicio del poder, se unen en detrimento del municipio y preparan el camino para justificar su implantación definitiva a través de la Asamblea Nacional Constituyente.

La Sentencia del 31 de mayo de 2017, que niega la consulta popular para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, argumentando que no es necesaria y menos aun obligante constitucionalmente, agrava la crisis y complementa la Sentencia 355 en el objetivo político de construir los argumentos para implantar de manera definitiva el sistema de gobierno de corte totalitario al cual se ha referido en el pasado la Conferencia Episcopal de Venezuela. .

Las calles y aceras en nuestras comunidades se convierten en el mejor espacio para que cada uno de los ciudadanos asuman la tarea de unir sus voces en defensa de la Constitución, tomando el 333 como referencia y asumiendo el ejercicio del 350 como derecho que se concreta con el rechazo y el desconocimiento expreso de la propuesta presentada por el Ejecutivo de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente.

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