Mesa de Análisis

La lucha como un imperativo vital

Foto: José Iglesias

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Miguel Ángel Martínez Meucci  –  30 de junio de 2017

Venezuela vive hoy una tragedia, cuya fiel y vívida descripción resulta siempre inconclusa, inacabada, imposible, sobre todo cuando va dirigida a personas que no están familiarizadas con esta realidad. Para quien no vive o no conoce esta situación de primera mano, la primera reacción es, en muchos casos, la incredulidad. Y es que, en efecto, es muy difícil imaginar que en un país como Venezuela, un petroestado que viene de vivir la década de los precios más altos del crudo, puedan darse tantas calamidades juntas, tantas penurias sin ninguna necesidad de estar pasando por ellas. Pero, tal como relatara Primo Levi al narrar los horrores vividos por los prisioneros de los campos de concentración nazis, sus carceleros contaban con una ventaja en esa batalla por la credibilidad que todo actor esencialmente violento y criminal le plantea al resto de los mortales: “Nadie sabrá nunca lo que ustedes sufrieron aquí, porque no vivirán para contarlo. Y aunque lo hicieran, nadie les creería”.

Foto: Radio Noticias Venezuela

Ha costado mucho que fuera de Venezuela se vayan comprendiendo, no sólo las verdaderas dimensiones de esta tragedia, sino también la fundamental desigualdad y asimetría existente entre quienes en este país se enfrentan. Si hoy la verdad se ha ido conociendo, mucho se debe a las posibilidades que han abierto los smartphones, artefactos con los que, por ejemplo, no se contaba durante las enormes concentraciones y marchas de protesta de los años 2002 y 2003. Hoy en día ha sido la propia gente quien se ha abierto paso, a través de sus propios medios, para hacer lo que toda víctima necesita hacer mientras sufre una agresión: pedir ayuda, denunciar su situación, hacerla visible a los demás, asegurarse de que alguien conozca lo sucedido. Esa reacción se sustenta en cierta convicción natural de que las personas reaccionan frente al mal, así como en la profunda esperanza de que la constatación de una injusticia por parte de un tercero no sólo generará su espontáneo rechazo al hecho injusto, sino también, eventualmente, su oportuno auxilio.

No obstante, lo que las víctimas también suelen aprender con la dura experiencia del sufrimiento es que la ayuda no siempre llega a tiempo, o que a veces no llega nunca. Incluso cuando un tercero se entera y se compadece de la situación del agraviado, ello no garantiza que le brinde su auxilio. Lo anterior es tanto más cierto cuando de política internacional se trata. Tal como rezan siempre los internacionalistas, el mundo actual es un mundo de estados, de entidades burocráticas que, para bien y para mal, están hechas para velar por el “interés nacional” de las sociedades a las cuales rigen (interés que siempre será interpretado sesgadamente por aquellos que en cada momento manejen las riendas de dichos estados). Sea lo que ello signifique en cada caso particular, querrá siempre decir que los gobiernos se suelen preocupar más por sus asuntos internos que por los de otros países, o cuando mucho, por aquellos asuntos que les afectan más o menos directamente.

Luego de dos meses y medio de protestas, saldadas con un homicidio diario y miles de heridos y detenidos arbitrariamente, un puñado de estados endeudados con el régimen chavista bloquearon en la Organización de Estados Americanos una resolución por la que se condenaría lo que Maduro ha llamado “asamblea constituyente”, pero que en realidad no es más que el cerrojo definitivo que la dictadura chavista pretende imponer a la sociedad venezolana. El hecho no puede ser más desafortunado y desalentador para los venezolanos, dado el profundo abandono que implica en el peor momento de su lucha. Para quien haya seguido de cerca la deriva totalitaria del régimen de oprobio que Hugo Chávez y sus allegados fueron paulatinamente construyendo en Venezuela, debería estar más que claro que este paso hacia una nueva estructura del Estado estaba proyectado desde hace varios años en el proyecto revolucionario del chavismo. Ninguna fuerza política puede mantenerse indefinidamente en el poder en el marco de un régimen democrático, pues los ciudadanos siempre terminarán, en algún momento, por dar la opción de gobierno a otro partido, con lo cual un régimen que desde un principio demostró su voluntad de aferrarse al poder de modo indefinido necesariamente debía plantearse la forma de legitimar tales propósitos.

Es posible entonces que la “constituyente” que ahora propugna Maduro haya sido adelantada en el tiempo, pero para nada representa una improvisación absoluta; por el contrario, responde perfectamente a la voluntad totalitaria que siempre caracterizó al chavismo. Su objetivo principal es claro: desmontar por completo la estructura estatal de una república democrática, con el propósito de eliminar de antemano cualquier elección popular que pudiera conducir a un régimen impopular a abandonar el Estado. En un primer momento de “transitoriedad”, y tal como ya se experimentó durante la segunda mitad del año 1999, la “constituyente” disolvería todos los poderes públicos, terminando de neutralizar así a la Asamblea Nacional, a la Fiscalía general y cualquier ente que pueda ser manejado por legítimos representantes del pueblo o por adversarios del régimen. En un segundo momento, al implantarse ya el nuevo diseño del Estado, sus distintos órganos no tendrán que aparentar más que funcionan como mutuos contrapesos, sino que abiertamente, bajo la coartada de encarnar un “Estado Comunal”, operarán como tentáculos del único poder dictatorial que realmente opera en el país. El régimen castrista, que es el modelo a seguir, maneja los hilos tras bambalinas. Y mientras tanto, las mafias que imponen su voluntad en la nación cuentan con que para ese momento la quiebra de empresas, el éxodo atropellado, la escasez, la inflación y el hambre, unidas a la represión militar y paramilitar, habrían ya doblegado la valiente resistencia que la sociedad venezolana ha decido plantarle al régimen.

Foto: EFE

Éste es el sombrío futuro que se le presenta a Venezuela si nada fuerza a cambiar de opinión a una buena parte del chavismo dirigente y, especialmente, a las Fuerzas Armadas. Pretender que ante semejante régimen la única salida pasa por una negociación basada en la buena voluntad y en las ansias de reconciliación de ambas partes puede hablar muy bien de la calidad humana de quien esto plantea, pero refleja también una incomprensión de las particularidades del caso venezolano. Por un

lado está claro que nadie, y mucho menos un conjunto de criminales, se sentará a negociar lo que ya maneja por otros medios. Por otra parte, creer que el miserable estado de la población o la indefinida postergación de elecciones motivarán al régimen a negociar es desconocer la naturaleza de sus conductores y sus lógicas de poder. A estas alturas está sobradamente demostrado que para la cúpula dirigente no hay sufrimiento ajeno ni ordenamiento jurídico ni resultado electoral que le convenza de la necesidad de negociar nada con quienes piensan distinto a ellos. Por lo tanto, la única alternativa que le queda a quien no quiera ver a Venezuela convertida en un inmenso y miserable campo de concentración es luchar para impedir que los carceleros echen cerrojo a las puertas.

Hemos llegado a un punto en el que cierto tipo de diatribas lucen ahora banales, o bien reflejan una desconexión con la cruda naturaleza del momento. Una excesiva corrección política, en semejantes circunstancias, puede no ser más que el reflejo de una pertinaz negación. No se trata ya de decidir cuál líder me gusta más, ni de optar por una u otra preferencia ideológica, ni de esperar las directrices de los grandes sabios, ni de determinar cuándo se pasó la raya roja. Lamentablemente hay batallas que no nos planteamos, sino que se nos imponen y que por lo tanto es necesario plantar. Tal es el caso de una lucha que ya no es sólo por la libertad, sino también por la supervivencia. La gente no está luchando porque tenga razón o porque esté equivocada; lo hace porque sabe que las cosas se pondrán peor, porque siente que no puede quedarse sentada esperando que las cosas empeoren y porque su margen de sufrimiento e indignidad está llegando a un límite. Más allá de ese límite no habrá ciudadanos, sino esclavos, exiliados o desplazados. Si por un lado hay ya plena conciencia de que se trata de una lucha justa, tampoco debería dudarse de que es una lucha que no es posible eludir. El sufrimiento está asegurado; de lo que se trata ahora es de que éste no sea en vano.

 

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