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Carlos Romero Mendoza

La Asamblea Nacional, como órgano legítimo de la representación política de los venezolanos, fue rescatada en diciembre 2015 como foro político de los temas nacionales. Desde ese mismo momento, una conspiración entre el Ejecutivo Nacional, la Sala Constitucional del TSJ y el Consejo Nacional Electoral, ha promovido acciones orientadas a desconocer la voluntad del elector, que con el voto directo, secreto y universal, impuso legítima y democráticamente la primera Asamblea Nacional no condicionada a la voluntad del régimen.

La sociedad venezolana, abrumada por la crisis política, económica y social, tal vez no ha podido valorar el contenido claro, directo y preciso de los múltiples Acuerdos que los Parlamentarios han aprobado en reclamo, rechazo y denuncia por la conspiración del régimen en contra de la Asamblea Nacional y en desconocimiento a los valores, principios y garantías constitucionales.

Nuevamente y en representación de una mayoría significativa de venezolanos, la Asamblea Nacional, el 7 de agosto de 2017, aprobó el “Acuerdo de reafirmación de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de desconocimiento de los actos contrarios al orden constitucional y democrático y a los derechos humanos emanados de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente”.

En este nuevo Acuerdo, los parlamentarios asumen el compromiso de mantener y defender el dominio jurídico sobre el Palacio Federal Legislativo. Así mismo, reitera y advierte que la decisión de remover a la Fiscal General de la República, adoptada por el órgano constituyente espurio, es absolutamente nula e inexistente.

Además, denuncian que tal decisión es una expresión concreta de una usurpación de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional. En este sentido, también califican en el Acuerdo, como nulo e inexistente el acto de designación de Tarek William Saab como Fiscal General de la República.

Como un tercer punto, el Acuerdo alerta sobre la grave violación a los derechos humanos que supone la aprobación de una supuesta comisión de la verdad, asumida desde el régimen como órgano persecutor, dotado de poderes coactivos y que intentará fijar responsabilidades al margen de las garantías judiciales y de los principios fundamentales de un Estado de Derecho.

El Acuerdo de la Asamblea Nacional merece que la sociedad civil organizada encuentre en su contenido, razones y argumentos, motivos para activarse en la calle, pacíficamente y  través de Asambleas de Ciudadanos, y aprobar alguna declaración o manifiesto, relegitimando ese Acuerdo.

Precisamente, el artículo 333 de la Constitución exige la activación de cualquier mecanismo válido a los fines de procurar restituir la vigencia de la Constitución. En tal sentido, reclamar desde la voz ciudadana el abuso de Poder de una Constituyente ilegítima, fraudulenta e inconstitucional, es una de las vías pacíficas para no dejar enfriar la calle y consignar tantos manifiestos como comunidades asuman esa responsabilidad cívica ante los parlamentarios de cada comunidad. Eso reivindicará la labor de representación política de la Asamblea Nacional.

Es importante y urgente que la sociedad civil se haga sentir con su voz ciudadana, porque esa Constituyente tomó el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional, con la ayuda de la Guardia Nacional, lo que evidencia un nuevo abuso que NO puede ser ignorado. Además, puede ser la excusa para no devolver las instalaciones a la Asamblea Nacional.

En segundo lugar, es fundamental explicar a los ciudadanos que esa ilegítima e inconstitucional constituyente va imponiendo un régimen de control político sobre el Estado y la disidencia política, a través de dos decisiones que deben ser rechazadas por los ciudadanos. Muchas cosas hemos dejado pasar de largo, y en esta oportunidad no podemos callar, pues mañana se nos reclamará como sociedad.

La primera de esas decisiones fue expresamente señalada en el Acuerdo citado, se trata de la Ley de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, cuya misión –dicen los medios de información– es “sofocar el odio, la violencia y la intolerancia, así como la protección y la justicia a las víctimas de la violencia promovida por sectores de la oposición venezolana”.

Meses atrás, el Presidente había anunciado la creación de esa Comisión, solicitando a la supuesta constituyente –aún no designada– una Ley constitucional a tal fin. En distintas oportunidades, distintos actores del régimen han dejado claro que con ello pretenden buscar responsabilidades en los dirigentes de oposición.

Hay que ejercer el artículo 350 y expresamente desconocer esa supuesta Ley constitucional, principalmente porque tal Constituyente es ilegítima e inconstitucional y advertir que su implantación agravará la criminalización de la política que viene operando antes de la Constituyente.

Las distintas plataformas web del Gobierno no facilitan el conocimiento de ese documento que pretenden calificar de Ley constitucional. Hay, además, que reclamar al Consejo Nacional de Derechos Humanos que su secretario ejecutivo, Larry Devoe, se prestó el pasado mes de julio de 2017, a simular una supuesta consulta, vía el corre electrónico consultapublica@consejoderechoshumanos.gob.ve, aún no existiendo la constituyente.[1]

El funcionario subrayó que esta consulta es una iniciativa del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien la refrendó mediante Decreto N° 2.986 publicado en Gaceta Oficial N° 41.192, de fecha 13 de julio de 2017.

Foto: Juan Carlos La Cruz / AVN

Adicionalmente, se aprobó un llamado Decreto Constituyente, dirigido a establecer unas reglas de juego para supuestamente estrechar relaciones armónicas entre el Poder Constituyente con cada uno de los Poderes constituidos.

Pero, en este tema, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, manifestó este martes, desde el hemiciclo de sesiones del Parlamento venezolano, que «el poder constituido está subordinado a esta Asamblea Nacional Constituyente»[2]

Que la Constitución diga que las decisiones de la Constituyente no pueden ser contrariadas por los demás poderes no significa que éstos se sometan irrestrictamente a la Constituyente.

Claramente los hechos evidencian el fraude y engaño de esta supuesta constituyente. Con el 333 debemos reivindicar la contraloría social a través de Asambleas de Ciudadanos, que nos conecten con nuestros diputados y gritar, cuantas veces sea necesario y oportuno, que la sociedad está en desobediencia civil, porque eso que llaman “Constituyente”, se puso desde su convocatoria fuera del marco constitucional y violentan los valores, principios y garantías que motivan hoy el 350.

11 de agosto de 2017

[1]TelesurTV.net.  Venezuela inicia consulta sobre Ley para Comisión de la Verdad. 22 de julio 2017.  Online en: http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-Inicia-consulta-sobre-Ley-para-Comision-de-la-Verdad-20170722-0031.html

[2]Globovisión. Delcy Rodríguez: El poder constituído está sometido al poder constituyente. 8 de Agosto de 2017. Online em: http://globovision.com/article/anc-toma-salon-protocolar-de-la-asamblea-nacional-para-su-tercera-sesion